Denuncian que fue Cardoso quien ordenó contratar a Kirma Services por US$280.000

El 30 de diciembre de 2020, una funcionaria del Ministerio de Turismo escribió un email a otros funcionarios de la cartera para solicitar información pedida por la RUPE – Agencia Reguladora de Compras Estatales, que pedía más datos para justiciar la compra de US$280.000 en servicios de publicidad a la empresa Kirma Services OÜ, largamente cuestionada por lo opaco de su existencia.

Según publica el diario El País, basándose en datos a los que accedieron sus periodistas, desde RUPE consideraban que la información disponible sobre Kirma no era suficiente para que la compra pasara los controles debidos y se entendiera como justificada. por eso, la funcionaria de iniciales N.A. siguió detrás del tema; el día 13 de enero, mandó otro email en donde decía: “Revisando el estatus de compra digital por el alta de proveedores Cisneros y Kirma se constata que hasta el momento no se recibió la justificación que fuera solicitada por Compras Estatales mencionada en el anterior correo. Para que pueda continuar el trámite se solicita que se haga el envío a la brevedad posible de dicha información”.

Toda empresa que quiera venderle productos o servicios al Estado debe estar inscrita en el RUPE y cumplir una serie de estrictos requisitos que aseguran que no haya irregularidades o delitos como lavado de activos en los procesos. Sin embargo, a Kirma Services se le contrató “por excepción”, gracias a que la resolución 11/014 habilitó al Mintur ha hacer este tipo de compras directas.

Las compras por excepción solamente se pueden dar en cinco casos específicos:

• Compra de material educativo o bibliográfico.
• Compra de petróleo crudo o sus derivados.
• Compra de productos especializados para investigación científica
• Contratación de servicios considerados “imprescindibles”
• Compra de servicios “cuya fabricación o suministro sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello, o que solo sean poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, siempre que no puedan ser sustituidos por elementos similares”.

En otro de los correos electrónicos de la funcionaria mencionada por el diario El País esta indica que “dentro de las opciones, la única posible es la de exclusividad”. Con la información que ella tenía disponible, recomendó a la empresa Cisneros, que estaba compitiendo contra Kirma Services en la licitación. “Cisneros es revendedor oficial de publicidad en Facebook. El proveedor tiene el rol de representante comercial autorizado, además de sus servicios ofrece a anunciantes y agencias de publicidad soporte y capacitación”, dijo la funcionaria, y remarcó que “en el caso de Kirma, no surge información sobre la empresa en la propuesta, ni en internet”.

En sucesivos correos entre la funcionaria N.A., otras funcionarias y un asesor jurídico de la Subsecretaría de Turismo, se discutieron las razones para contratar a Cisneros o a Kirma. Una de las trabajadoras del Mintur, de iniciales M.H. que estaba copiada en los emails cuestionó que, en el caso de los “proveedores extranjeros” que no estén inscritos en RUPE se debe “tramitar una autorización especial para que queden inscriptos como proveedores del Estado. Para eso requiere la información que me enviaste y esos formularios firmados”.

El asesor de la subsecretaría, Óscar Iroldi, respondió: “En el ministerio hay tres ejecutores de gasto con capacidad para contratar servicios. Debe ser alguno de ellos que firmen los certificados. Lamentablemente no puedo hacerlo yo”. Y agregó: “La orden de estas contrataciones es del ministro Cardoso, a través de su adjunto Dr. (Daniel) Reta”.

El medio que reveló esta información consultó a M.H. respecto de estos correos, a lo cual respondió: “Fue enviado a ti (el mail) porque tú habías justificado la contratación a ellos (Kirma Services y Cisneros). Se lo remito al Dr. Reta”.

US$280.000 en publicidad web

A la empresa Kirma Services, que no tiene sede ni empleados en Uruguay, le contrató el Ministerio de Turismo cuando Germán Cardoso era el ministro por un monto total de US$280.000 para que brindara servicios de publicidad por internet.

Esta compra fue observada por distintas instancias de control del Estado, y el Banco República, que debía desembolsar el dinero, decidió no pagar para no violar sus propias regulaciones contra el lavado de activos.

El exministro Cardoso, hoy diputado amparado a su inmunidad parlamentara, asegura que es víctima de una persecución y ahora se niega a dar declaraciones hasta que no inicie la comisión investigadora que se ha armado en el Parlamento.