Madres y Familiares cuestiona omisiones de los poderes del Estado en la búsqueda de desaparecidos

Este lunes 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

En dicho marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) realizaron un llamado a los Estados de la región a adoptar las medidas necesarias para la construcción e implementación de una política integral en materia de desaparición forzada que incluya: “la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación de su desaparición dentro de sus prioridades”.

Asimismo, reclaman a los Estados “asegurar la coordinación y cooperación de todas las instituciones y entidades estatales, cuya participación sea necesaria para garantizar una búsqueda e investigación efectivas, prontas y exhaustivas”.

Por su parte, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos emitió una declaración a través de la cual cuestionó “la suma de omisiones de los poderes del Estado que termina reafirmando el pacto de omertá de los perpetradores de violaciones a los derechos humanos y se extiende casi como una política de Estado que ningún gobierno ha cortado de raíz, e impide lograr el reclamo de verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado”.

Aseguran que “están” los datos y la información sobre el destino de los detenidos desaparecidos, durante el terrorismo de Estado en nuestro país, y hay pruebas de ello. “Siempre estuvieron en manos de las organizaciones represivas y allí continúan”.

La organización de derechos humanos expresa que “siguen vivos muchos de los principales protagonistas, los sucesivos comandantes conocen la ubicación de los archivos, los altos oficiales que participaron en los tribunales de honor y que luego fueron ascendidos escucharon las terribles confesiones. Todo lo que evidencian los pocos archivos a los que hemos accedido, lo confirman”.

Declaración

He aquí el texto íntegro de la declaración de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

“30 de agosto de 2021.

Aquí estamos reflexionando una vez más, sobre el sentido presente de la lucha contra la Desaparición Forzada, una lucha tan íntima y humana, tan social y tan política.

Marcada primero por la desesperación por encontrarlos vivos. La perseverancia como grupo y como sociedad para no rendirnos en la búsqueda de la verdad. La fuerza que nos ha dado la incorporación de nuevas generaciones, que mantendrán vivas estas banderas, que han ido creciendo y enriqueciéndose, pasando de lo individual a lo colectivo. Porque nos abarca a todos, ya que están profundamente unidas a todas las luchas por una sociedad más digna, más justa y solidaria; donde el centro es el respeto y el valor de la vida misma.

Objetivos que se ven tan difíciles de alcanzar en el mundo de hoy, siempre atravesado por la desigualdad, la pobreza, el hambre. Donde se ha sumado la crisis ambiental, los miles de desplazados, la consecuencia social y económica de la pandemia.

Las luchas políticas, que saltan aquí y allá, que el año anterior aquí nomás, en Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, con el heroico protagonismo juvenil y de los pueblos originarios, alientan la esperanza. No importa lo que ocurra, siempre habrá ímpetu joven, audaz, valiente, que no acepte el lugar de la indiferencia, del miedo, del individualismo protector y que abrirá puertas al futuro. Es estimulante su irreverencia, sus exigencias al poder, la claridad de sus objetivos de proteger la vida y la libertad.

Hoy no deberíamos estar hablando nosotros, sino escuchando a las nuevas generaciones, que levantan con tanta fuerza esta bandera por Verdad y Justicia, junto a otras, muy suyas, sobre educación, diversidad, disidencias, feminismos, medio ambiente. Sus miradas deberían incidir más en nuestros caminos. Nos lo debemos.

Trataremos de sintetizar crudamente cómo estamos luego de 37 años de gobiernos democráticos, donde todas las fuerzas mayoritarias del país se sucedieron en los gobiernos. Estamos mal, estamos muy mal. Porque no hemos logrado las básicas garantías para no repetir la cruel experiencia del pasado.

Porque los avances de esta perseverante lucha que han sido muchos, no lograron aún tocar el corazón del Terrorismo de Estado, el tema militar y sus crímenes.

La Justicia no se ha convertido en una barrera protectora y educadora, contra los abusos y delitos del Estado. Especialmente los crímenes de Lesa Humanidad, la búsqueda de la verdad y de los desaparecidos. La responsabilidad que el Estado asume verbalmente, no la ha llevado a la práctica.

Por el contrario, los primeros gobiernos post-dictadura, obstinados en la negación y el ocultamiento pergeñaron la Ley de Caducidad, cuyo efecto se mantuvo hasta el 2011 (25 años después).

Volveremos cada vez sobre lo mismo: resaltar cómo se inicia el camino de Impunidad, del que no hemos logrado salir.

Con ella no sólo no se juzgó la inmensa mayoría de los casos, sino que, además, se sometió al Poder Judicial al filtro previo del Ejecutivo.

Aquellos primeros gobiernos hicieron primar su visión restrictiva, amparando todos los casos y con ello definieron un camino que hirió profundamente nuestra convivencia democrática.

Esta Ley, bloqueando la posibilidad de Justicia, fue un emblema que avaló a la dictadura, sus delitos, la ilegalidad, el autoritarismo. No olvidemos el caso Berríos, vergonzosamente archivado durante el gobierno de Lacalle Herrera.

Su sombra se extiende hasta hoy sobre cualquier nuevo abuso del Estado, porque sin frenos, la impunidad caminará siempre junto al poder.

¿Por qué dónde va a dirimir esta sociedad, lo permitido y lo inadmisible, si no es ante la Justicia? El juicio al Terrorismo de Estado sigue pendiente.

La búsqueda de la Verdad y la Justicia quedaron en manos de la sociedad, de las propias víctimas y de todas las Organizaciones Sociales que acompañaron. La lucha contra el silencio y la tergiversación, la denuncia y la memoria quedaron sobre nuestros hombros. Todos los avances los ha logrado la movilización social.

Todos los gobiernos posteriores a la dictadura han sido omisos en asumir, aclarar y cortar de raíz esta amenaza. Todos han sido protagonistas de esta historia de impunidad. Es el Estado actual el responsable que las desapariciones continúen.

La desaparición forzada, es un crimen de lesa humanidad, imprescriptible, y de carácter permanente. Su efecto no está dirigido únicamente a la víctima inicial a quien matan y desaparecen, sino que su mensaje mafioso, la sobrepasa, provocando en su entorno miedo, desazón y amenaza. Amenaza que perdura y trasciende generaciones. Que amenaza cada una de las luchas de hoy, las sociales, las reivindicativas, las políticas.

Un crimen que no cesa hasta, conocer todo lo sucedido con cada uno de ellos, de ellas, encontrar sus cuerpos y que se haga Justicia.

Nuestros objetivos: ¿Dónde Están? y Nunca Más están indisolublemente unidos.

Para que esta historia no se repita, debemos encontrarlos. Las acciones necesarias para encontrarlos son el camino que cimentará defensas y barreras para el Nunca Más.

La historia nos muestra que existió un camino formalmente “legal” hacia a dictadura, que fue socavando la institucionalidad paso a paso. Fueron un Ejecutivo dispuesto a la represión y al autoritarismo y una mayoría parlamentaria sumisa y cómplice, que, aprobando continuas medidas de limitación de libertades, desatendiendo las múltiples denuncias de torturas y asesinatos, permitiendo la intervención del Ejército en la represión y luego de la Justicia Militar para juzgar a civiles, cimentaron lo que terminó llegando en junio del 73.

Así, se impulsó la teoría del “enemigo interno”, la clave de la infame Doctrina de la Seguridad Nacional, en la que se han formado las Fuerzas Armadas, por lo menos hasta 2019. Y así se justificó la brutal represión de esos 12 años. Todos fuimos categorizados, todos éramos el enemigo.

Las Fuerzas Armadas basadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional, pautaron sus objetivos y los mantuvieron durante toda la dictadura. Nuestras desaparecidas y desaparecidos, fueron parte de esos objetivos.

Es una lista selectiva de 197 compatriotas.

Han pasado 50 años de nuestro primer caso. En julio de 1971, Abel Ayala fue secuestrado y desaparecido por el Escuadrón de la Muerte, grupos de acción parapoliciales – paramilitares que actuaron ilegalmente amparados y fomentados por el gobierno de la época (Pacheco) y al impulso del avance militar.

El estudio de los casos y hasta los mismos Tribunales de Honor, convalidan la convicción de que la suerte de nuestros desaparecidos, su muerte y su desaparición misma, fueron decisiones adoptadas por los altos mandos.

¿Por qué cada una de ellas, de ellos? No lo sabemos aún, pero sí la característica de este crimen y cómo su acción excede a la misma víctima buscando disciplinar a toda la sociedad.

No lo pensábamos así en aquellos primeros años. Demoramos en entender y aceptar la crueldad de estos hechos. La participación institucional de las Fuerzas Armadas, Los pactos supranacionales como el Cóndor, la utilización de los niños como trofeos de guerra.

Junto a la acción represiva de esos años, la dictadura preparó su impunidad posterior. Con la participación masiva de sus cuadros aseguró el pacto de omertá, ocultó la información, obtuvo complicidades políticas notorias, e implantó su brutal amenaza simbolizada en los cuerpos de nuestros desaparecidos.

Los escasísimos avances en la aplicación de la justicia y algunos restos de nuestros familiares recuperados, se dieron con el inmenso esfuerzo de la sociedad, superando las obstrucciones y la saña del Estado, de sus gobernantes. Fueron las familias, compañeros, testigos, periodistas, investigadores los que lograron sacar a luz retazos de la verdad, la recuperación de casi todos los niños y unos pocos hallazgos.

Reconocemos que no han sido iguales los distintos gobiernos en su sensibilidad social, en el reconocimiento de leyes y derechos.

A partir de 2005 hubo muchos avances: el ingreso a los cuarteles, el hallazgo de los primeros desaparecidos. El Poder Ejecutivo no interfirió con el Poder Judicial y aunque siguió vigente la Ley de Caducidad, se logran condenas importantes, como las de Juan María Bordaberry, Juan Carlos Blanco y Gregorio Álvarez (expresamente excluidos como tales en el texto de la Ley, aquí hacemos un reconocimiento a los abogados de nuestras causas, y a los fiscales y jueces que lograron estas primeras sentencias, con todo lo que eso significó).

En este período se votan leyes que consagran estos delitos y reparaciones, muchos espacios para trabajar la memoria, donde la sociedad civil está cumpliendo un inmenso rol de educación y conciencia.

Y la incautación que hizo la ministra Azucena Berrutti de un archivo encontrado en el CGIOR, importante en sí mismo y también como una muestra de que era posible actuar decididamente.

Sabemos diferenciar; pero no fueron a más. Ni en lo que respecta a cortar con esta impunidad, ni revisar las Fuerzas Armadas y exigir todos los datos para continuar la búsqueda de los desaparecidos, ya que los hallazgos efectuados, demostraban que sabían dónde buscar.

Habilitan el trabajo de equipos que siguen hasta hoy, con presupuesto que el actual presidente comprometió y cumplió.

Quienes, con inmenso compromiso, con miles de obstáculos, robos e intimidaciones, dan vuelta la tierra a ciegas desde hace años. Su única información (luego de los dos primeros hallazgos) proviene de los mismos denunciantes, y en más de una oportunidad fueron amenazados, ellos y algún soldado que arrimó un dato.

Mientras tanto, los comandantes en jefe como Ángel Bertolotti, Guido Manini Ríos, se limitan a observar, a distraer, a aportar datos falsos para obstaculizar, como pasó cuando se estaba cerca de los restos de Eduardo Bleier, y que no aparejó siquiera una amonestación.

Ningún gobierno exigió a fondo haciendo cumplir su autoridad, la información que sabemos existe.

No somos nosotros los que tenemos que explicar por qué esta situación se extendió hasta hoy, ¿Por qué ese divorcio entre los dirigentes y sus militantes que han hecho propia esta causa por verdad y justicia? Cada 20 de mayo demuestra cómo crece e involucra a votantes de todos los partidos y a todas las generaciones.

Pero sí tenemos claras sus consecuencias que se evidencian cada vez más.

La instalación estructural de la impunidad que ha impregnado todos los ámbitos: Empezando por los distintos ejecutivos, que jamás lograron la real subordinación de las Fuerzas Armadas, ni llevaron adelante su necesaria reformulación, ni los cambios en su formación, ni exigieron la entrega de todos los datos que poseen, empezando por la ubicación de los restos de nuestros desaparecidos. Siguiendo por los distintos parlamentos omisos, que tampoco pugnaron por ello, recién en 2019 lograron modificar tibiamente algunos aspectos de la Ley Orgánica Militar creada en dictadura, y seguimos esperando un debate público y profundo sobre qué Fuerzas Armadas debe tener nuestro pequeño país, si es que precisa alguna.

Continuando por una Suprema Corte de Justicia obsecuente, que avaló la Ley de Caducidad, una Ley rotundamente anticonstitucional, que además sojuzgaba su independencia. Y que cuando esta deja de ser un obstáculo, permite todo tipo de chicanas y demoras, sigue sin reconocer estos delitos como de lesa humanidad (acorde a tratados libremente asumidos por Uruguay) y llega al colmo inconcebible de dar al caso Vladimir Roslik como cosa juzgada, por la intervención que tuvo en su momento la Justicia Militar. Es inaceptable.

Terminando con la presencia en la coalición que hoy nos gobierna, de un partido militar que no tiene empacho en avalar desde el Parlamento lo actuado por la dictadura y sus criminales más conspicuos. Nada de todo esto sale del aire.

La sentencia de la CIDH de 2012 en el caso Gelman significó un impulso importante que habilitó a avanzar: el Estado debió realizar el reconocimiento público de haber cometido estos delitos y pedir perdón. Se comprometió a concretar algunos cambios, entre ellos la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, cosa que se hace efectiva recién en el 2018, con la designación del fiscal Ricardo Perciballe a cargo de la misma.

Fue un acierto concentrar los casos hasta ese momento dispersos, lo que permitió la acumulación de conocimiento y sacar a luz junto a los nombres de siempre, a nuevos imputados a los que se les pide procesamiento.

Su positivo trabajo ha ayudado al armado del complicado puzle de la operativa represiva, resaltando la coordinación de los distintos organismos SID, OCOA, DNII, dentro y fuera de fronteras.

Su principal escollo, sigue siendo la Suprema Corte de Justicia, que permanece refractaria a la normativa internacional como dijimos y a la sentencia de la CIDH, que la obligaría a tomar una actitud proactiva y a entender estos crímenes como de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles.

A pesar de hechos tan importantes como el juicio de Roma, que ha dejado claro que no existen fronteras para los delitos de lesa humanidad, el lento avance de la justicia y la obtención de algunos procesamientos, poco nos han hecho avanzar en el sentido de la verdad, de lo que debemos conocer como sociedad y nada ha conducido al encuentro de los desaparecidos.

En definitiva, la suma de omisiones de los poderes del Estado termina reafirmando el pacto de omertá de los perpetradores y se extiende casi como una política de Estado que ningún gobierno ha cortado de raíz, que va impregnando nuestra vida cotidiana y nos impide lograr nuestro reclamo de Verdad, Justicia y Nunca Más.

Los datos están, la información está. Hay sobradas pruebas de ello. Siempre estuvieron en manos de las organizaciones represivas y allí continúan.

Siguen vivos muchos de los principales protagonistas. Los sucesivos comandantes conocen la ubicación de los archivos; los altos oficiales que participaron en los tribunales de honor y que luego fueron ascendidos, escucharon las terribles confesiones. Todo lo que evidencian los pocos archivos a los que hemos accedido, lo confirman.

¿Qué hacemos con todos estos fragmentos de verdad? ¿Qué hicieron los gobernantes con ellos? ¿Qué cambios? ¿Qué exigencias?  Este tema no tiene que estar en las rencillas electorales. El Parlamento debió votar la venia que pidió Tabaré Vázquez para dar de baja a los generales que habían actuado en el Tribunal de Honor de José Gavazzo y aplaudir que en este gobierno por la denuncia tremenda en el caso Roslik sacaran a Daniel Castellá.

De una vez por todas los gobernantes y cada una de las fuerzas políticas se deben hacer cargo. Es su responsabilidad terminar con esta tolerancia, esta falta de compromiso con la democracia, este engaño al que someten a los ciudadanos. Nadie los votó para sostener un crimen atroz. Su omisión en tantísimos años, han dañado profundamente los valores que nos distinguen y cimientan nuestra convivencia.

Hoy todo esto se evidencia más que nunca y no es casual. La permisividad a la impunidad que los gobiernos han sostenido, llevaba implícita una revaloración del autoritarismo que apenas encontrara un marco propicio iba a hacer eclosión. Está en juego desde la movilización sindical a la libertad de cátedra. Se intenta confundir el significado de la laicidad, el uso del espacio público y hasta la terminología básica donde política, o ideología en lugar de ser la base para un debate que amplíe la visión del mundo, pasan a ser ofensivas.

Con la LUC, se pretende dar un marco jurídico a todo esto. Por eso hemos acompañado y apoyado la recolección de firmas para dar un verdadero debate y ver en cuánto de esta normativa impuesta, el pueblo acuerda. Nos congratulamos con la obtención de las 800.000 firmas que habilitarán el recurso de la democracia directa, y convocamos junto a todas las organizaciones de Derechos Humanos a informarnos, a debatir, a involucrarnos.

Entre nuestros desafíos, está no retroceder. Detrás de cada conquista hay mucha lucha y mucho dolor que nos anteceden. Que cada generación pueda pelear por sus propios sueños sin que eso signifique poner en juego su vida.

Por eso una vez más, exigimos a los tres poderes del estado que nos digan dónde están nuestros desaparecidos. Que nos digan toda la verdad de lo que pasó con cada uno.  ¿Por qué ellas, por qué ellos?  Queremos toda la verdad sobre la operativa que los desapareció. Que paren con este crimen.

La nuestra no es una lucha de los familiares, es la lucha de todas, de todos; porque Todas y todos Somos Familiares.

Verdad, Memoria y Justicia. Nunca Más Terrorismo de Estado.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos”.