Frente Amplio cuestiona que la única política clara y consistente del gobierno es el recorte

Este lunes 16 de agosto, la Cámara de Representantes comenzó con el análisis de la Rendición de Cuentas y Balance de la Ejecución Presupuestal del gobierno.

El miembro informante en minoría, fue el diputado Gustavo Olmos, quien remarcó que el Frente Amplio ha decidido no apoyar el proyecto de Rendición de Cuentas 2020.

Durante su exposición, el parlamentario detalló cada uno de los aspectos por los cuales la coalición de izquierda no respalda la iniciativa del gobierno. Dijo que el ajuste fiscal constituye el principio que estructura la política económica y cuestionó que “Uruguay está en la posición 164 entre 181 países considerados según el nivel de gasto destinado a la contención de la pandemia”.

Recorte

“No se advierte un modelo de desarrollo que incluya a las grandes mayorías de nuestra población, ni se garantizan los recursos para hacerlo posible, ni los indicadores para verificarlo. Por el contrario, la única política clara y consistente es el recorte a costa del deterioro de los servicios públicos y prestaciones, de los salarios y pasividades de los uruguayos”, sentenció el parlamentario frenteamplista.

Olmos indicó que “el gobierno sobrecumplió sus metas fiscales dejando en evidencia que no se hizo todo lo que se podía hacer para amortiguar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, y hoy hay 100.000 uruguayos en la pobreza, debido a la falta de medidas de sostén”

Manifestó que, según datos del primer trimestre 2021, “Uruguay es el país de América Latina con el peor desempeño económico durante la pandemia”.

Según las proyecciones del propio gobierno -agregó el legislador- “Uruguay será el único país de la región que a fin de 2021 no habrá recuperado su nivel de actividad pre-pandemia”.

Retiro del Estado

Asimismo, cuestionó que “claramente hay un retiro del Estado y una apuesta del gobierno a la actividad privada como motor del crecimiento. La mayor parte de la mejora del resultado fiscal se explica por la caída del salario real de los funcionarios públicos y del poder adquisitivo de las pasividades”.

Denunció que hubo un “recorte de gastos de 309 millones de dólares”, de los cuales: “86 millones de dólares se recortan en salarios; casi 100 millones para funcionamiento de escuelas, hospitales y centros CAIF, entre otros gastos sociales; y 124 millones se recortaron en inversiones”.

Olmos manifestó que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) incrementó la cantidad de usuarios que debe atender, pero “no se le asignan refuerzos presupuestales”.

En el mismo sentido, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), con más niños y niñas para atender, “tiene previsto un recorte de 20 millones de dólares en su presupuesto”, y remarcó que se desconoce “cuánto se le asignará de la partida para primera infancia”.

“No hay objetivos de políticas públicas y, por lo tanto, no hay recursos para su cumplimiento. No se sabe cómo se van a financiar gastos permanentes. No hay políticas de recapacitación, no hay políticas de promoción del empleo y no hay apuesta a la inversión pública”, sentenció Olmos.

Educación

En cuanto a la educación, cuestionó que en la Rendición de Cuentas “no hay recursos previstos para la Universidad de la República (UDELAR), que tuvo un crecimiento del 12% en su matrícula”.

Aseguró que “tampoco hay recursos para la UTEC, comprometiendo el final de carreras ya iniciadas”.

“Se realizó una gestión deficitaria de la economía y una muy deficiente contención de sus consecuencias sociales. El gobierno de la coalición optó por aplicar un ajuste fiscal, recortando salarios, pasividades y políticas públicas en medio de una crisis económica sin precedentes”, puntualizó.