UTE presentó denuncia penal por “pérdidas económicas de Gas Sayago”

El pasado 8 de junio, el directorio de UTE dio a conocer los resultados de una auditoría de gestión que en octubre de 2020 le encargó a la empresa PriceWaterhouseCoopers, sobre el proyecto de la planta regasificadora Gas Sayago, sociedad anónima cuyos accionistas son UTE y ANCAP.

Las autoridades de UTE se refirieron a una pérdida de 213 millones de dólares y anunciaron que presentarían una denuncia penal.

En efecto, este viernes 9 de julio, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, y el abogado Jorge Barrera, presentaron la denuncia ante el juzgado de Crimen Organizado.

Emaldi manifestó que, según la auditoría, “el proyecto no era viable desde su inicio”, y al menos hubo cuatro instancias que así lo demostraron.

En tal sentido, detalló que “en el año 2012, Argentina dejó claro que no participaría en el proyecto y su participación era del 50%. En 2015, el contratista principal abandonó la obra por incumplimientos y pagó la garantía de 100 millones de dólares. En tercera instancia, cuando habiendo fracasado el contratista principal y, meses después, también de haber fracasado las obras del dragado y del gasoducto se prosiguió contratando consultoras para reformular el proyecto, y luego cuando se intentó buscar un socio, se acercó Shell pero la firma también desvinculó”.

Remarcó que “el gasto fue de 213 millones de dólares a lo cual se van a sumar juicios, desmantelamiento de pilotes y gastos de funcionamiento actual. De eso hay 113 millones que UTE y ANCAP aportaron de sus fondos, por lo cual se trata de dineros públicos”.

Perjuicio económico, actos arbitrarios, y abuso de poder

Por su parte, Barrera manifestó que la denuncia se realiza “por imperio del artículo 177 del Código Penal, porque el directorio de UTE tenía la obligación de poner en conocimiento de la Justicia estos hechos con apariencia delictiva”.

Recordó que el proceso se realizará en el marco del anterior Código del Proceso Penal.

Barrera indicó a la prensa que hay elementos que son objetivos, tales como: “el grave perjuicio económico, la sucesión de actos arbitrarios, y un abuso de poder”.