Federación de Clubes Cannábicos rechaza que el Ministerio del Interior acceda a datos personales de autocultivadores
Hasta ahora, los autocultivadores de cannabis que se registren ante el IRCCA gozan de confidencialidad en sus datos, pero el Ministerio del Interior está interesado en saber dónde viven y cómo se llaman.
La Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay (FeCCU) se manifestó en contra del Artículo 72 de la Rendición de Cuentas 2021 presentada por el gobierno de Luis Lacalle Pou al Parlamento para su respectivo tratamiento.
La Rendición propone en su Artículo 72 que se sustituya el inciso tercero del artículo 8º de la Ley Nº 19.172, de 20 dediciembre de 2013, que actualmente reza lo siguiente:
La información relativa a la identidad de los titulares de los actos de registro tendrá carácter de dato sensible para lo establecido en los literales E) y F) del artículo 5° de la presente ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley N° 18.331, de 11 de agosto de 2008.
La administración Lacalle pretende que se sustituya por el siguiente:
“Solo la información relativa a la identidad de los titulares de los actos de registro tendrá carácter de dato sensible para lo establecido en los literales E) y F) del artículo 5º de la presente ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Nº 18.331, de11 de agosto de 2008. La información de la dirección y ubicación de los auto cultivadores y de los clubes cannábicos registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis y de los respectivos lugares de plantación, cultivo y cosecha de cannabis 42”.
La FeCCU entiende que este movimiento por parte del gobierno es una reacción a la negativa de la Junta Nacional de Drogas y la Unidad de Regulación de Datos al pedido del Ministerio del Interior de acceder a las direcciones de autocultivadores y clubes cannábicos de membresía, intentando saltarse la ley vigente y “desconociendo el proceso de toma de decisiones que establece”.
Miran con preocupación la avanzada para “imponer es cambio de norma a través de un artículo en la Rendición de Cuentas” porque este accionar “desautoriza y debilita al Instituto (de la regulación y control del Cannabis, IRCCA) creado por la ley para control y seguimiento al cannabis, generando desconfianza en él y en todo el modelo regulatorio.
“Esto dinamita la confianza en depositar en el sistema de protección de datos de las y los 12.386 autocultivadores registrados y sus núcleos familiares, y las y los 5.142 ciudadanos asociados a los clubes. Ciudadanos y ciudadanas uruguayas de todas las corrientes políticas que ingresaron de buena fe en un registro reservado de datos que ahora podría convertirse en una lista negra”, alerta FeCCU.
De vuelta a la ilegalidad
La Federación prosigue diciendo en su comunicado que este accionar tendrá como consecuencia “que menos personas decidan registrarse para obtener cannabis por las vías legales y, en su lugar, acudan al mercado ilegal, yendo así en contra del objetivo de la ley de regulación del mercado de cannabis”.
Asimismo están preocupados por que en la Rendición de Cuentas se menciona la posibilidad de que se realicen controles regulatorios por parte de la Policía, a pesar de que la potestad de fiscalización en el debate por la regulación fue otorgado enteramente al IRCCA. “El cuerpo policial ha demostrado no tener el conocimiento legal ni técnico para ejercer este rol”, añaden.
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