Cristina Lustemberg: “El rotulado frontal de los alimentos debe ser una política de Estado”

 

El FA elaboró un proyecto para que el etiquetado frontal de alimentos se convierta en ley ¿Cómo recibió que varias empresas nacionales y extranjeras presentaran recursos para revocar los decretos que regulan el etiquetado? (1)

Los estamos estudiando con rigor jurídico y técnico. Para el FA lo más importante es ir por una ley, porque una ley es la que le da el marco normativo. Es un problema de salud que debe ser tomado por todo el sistema político con un anclaje de ley. Si bien lo trabajamos en el FA, lo queremos hacer extensivo a todo el sistema político, incluso ya hemos tenido conversaciones con legisladores del gobierno. El rotulado frontal es una política de salud pública, que tiene por objetivo que la ciudadanía tome decisiones informada de los alimentos que consume, garantizando el derecho a la información. El país tiene hoy un problema gravísimo. El Uruguay tiene niveles alarmantes de sobrepeso y obesidad. El 65% de la población adulta tiene sobrepeso y obesidad, el 28% de los niños y adolescentes, el 12% de los niños menores de 4 años, el 11% de los niños en edad escolar tiene presión arterial alta. Todos son factores de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles (ENT). En nuestro país, estas enfermedades son la primera causa de muerte, cuando son evitables y principalmente en la población menor de 65 años. Las enfermedades crónicas no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, hipertensión, diabetes y cáncer. Estas enfermedades tienen costos económicos directos e indirectos de 775 millones de dólares por año. Además en el marco de la Pandemia, la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, aumentan el riesgo de padecer complicaciones o morir como consecuencia del coronavirus. Lamentamos la muerte de personas por coronavirus y muchos de ellos tenían factores de riesgo vinculado a las enfermedades crónicas no transmisibles. El rotulado de alimentos da información a la población de que los alimentos procesados tienen excesos de grasas, azucares, grasas saturadas y sodio. Cada uno de estos componentes, están asociados a favorecer determinadas enfermedades. Por eso el rotulado debe ser una política de Estado. Respecto a los decretos redactados por el gobierno anterior (Presidente Tabaré Vázquez), fui subsecretaria de Salud Pública y en conjunto con el entonces Ministro Jorge Basso conformamos un equipo interdisciplinario. Hicimos un trabajo muy serio para convertir una política pública en una política de Estado. Nosotros también negociamos con la industria, se flexibilizaron límites y plazos, se pasó de 12 a 18 meses, y se estableció el 1º de marzo de 2020 para que comenzara el proceso de fiscalización. En aquel momento, previo a la asunción, hablamos con las autoridades tanto con el Ministro Salinas como con el subsecretario José Luis Satdjian, de la importancia de mantener la puesta en marcha de esta política pública. Tuvimos tres decretos más, el 91/020, el 246/020 y el 34/021 de este año, que debía empezar a fiscalizarse desde el 1º de febrero. Esto ocasiona en la industria diferentes perjuicios. Este proceso comenzó en 2016 con la conformación de este equipo multidisciplinario, donde se convocaron a técnicos de altísimo nivel de la Universidad, de los ministerios, y del ministerio de industria, que tiene un rol fundamental, aunque esta es una política de salud pública. 

Ninguno de los decretos (rotulado frontal de alimentos) contraviene las normas del MERCOSUR.

En 2017 recuerdo que el ex presidente argentino Mauricio Macri le planteo al ex presidente Tabaré Vázquez que el tema “rotulado frontal de alimentos” fuera discutido y consensuado en el MERCOSUR.  El rotulado era rechazado por las empresas argentinas instaladas en Uruguay. Sin embargo, Uruguay siguió adelante con la normativa ¿Usted recuerda este planteo?

Si lo recuerdo perfectamente, también quiero decir que ninguno de estos decretos contraviene las normas del MERCOSUR. Actualmente Argentina tiene un proyecto de ley con media sanción, Chile y Brasil también está haciendo sus propios procesos. Pero esto no contraviene los derechos que tiene cada país de proteger un interés superior que es la salud pública de su población. El proceso que ha hecho Uruguay puede acompasar lo que se ha hecho en el MERCOSUR. El proceso de armonización ha sido muy lento.

Uruguay a través de los decretos, lo que hace es advertir a su población sobre el contenido excesivo de grasas, azucares y sodio, insisto este es un problema de salud pública.

¿Uruguay debe tener soberanía en el tema?

Debemos tener soberanía. Uruguay también completa y complementa la normativa MERCOSUR. A la vez, está completando los procesos de armonización, a partir de su propia experiencia en las dificultades, y en las lecciones aprendidas. La normativa MERCOSUR busca informar sobre las propiedades nutricionales de los alimentos, referenciando porcentajes de valores diarios. El Decreto 272 lo complementaba, y es una medida legítima de salud pública.  Uruguay a través de los decretos, lo que hace es advertir a su población sobre el contenido excesivo de grasas, azucares y sodio, insisto este es un problema de salud pública. En la administración anterior, hicimos una consulta a la Organización Mundial de Comercio (OMC), e hicimos otras consultas a nivel nacional.  Acompañamos los procesos de armonización que fue haciendo la industria. Este proceso suele llevar años y si tenemos en cuenta que la obesidad ha ido en aumento un punto por año,  el país no puede permitirse postergar la puesta en vigencia de medidas que desde el inicio demuestran que son eficaces.

Uruguay es el país de América Latina con el mayor consumo de alimentos ultraprocesados, el incremento fue de un 146%.

¿Esta “batalla” le hace acordar a lo que ocurrió con el tabaco, porque Uruguay debió enfrentar a las tabacaleras en tribunales internacionales, que para fortuna del país se priorizó la salud y no el comercio?

Puede tener alguna similitud. Estamos apelando a que el Uruguay logre un acuerdo a nivel nacional. Como legisladora, trabajo para legislar en los problemas más importantes que tiene el país, pero también, como consumidora de alimentos, me gustaría que Uruguay vaya en un proceso de tener una alimentación cada vez más sana. Uruguay es el país de América Latina con el mayor consumo de alimentos ultraprocesados,  el incremento fue de un 146%. Hubo muchos fabricantes de industrias nacionales que mejoraron la calidad de sus nutrientes. Todos estábamos convencidos, que a partir del 1º de marzo de 2020, se iba a empezar el proceso de fiscalización. Hoy hay una disociación  entre productos que están etiquetados y rotulados, y otros que no lo están, y no es porque no requieran el etiquetado, sino porque no hicieron el proceso de etiquetado y al no haber fiscalización, no hubo controles. De esto hablaremos el próximo 24 (febrero) cuando los ministros de Salud (Daniel Salinas) y de Industria (Omar Paganini) concurran a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Respecto al último decreto, la mayor dificultad es en los “lácteos sólidos”, que pasan de tener un contenido de azúcar de “7 gramos cada 100 gramos a 13 gramos cada 100 gramos” en el decreto actual. Y son productos consumidos como sanos por parte de la población infantil, que a la vez es la que cada día nos preocupa más, porque tempranamente los niños van adquiriendo sobrepeso y obesidad y eso también es riesgo en la edad adulta. El proyecto que elaboramos, ojalá sea acordado por todo el sistema político, toma lo hecho en el gobierno anterior. Lo que ha sucedido hasta ahora con los decretos, es que han ido de prórroga en prórroga y no se terminan de implementar. Las industrias más responsables, no saben que decreto acatar y que productos etiquetar. Este proceso comenzó en 2016, con técnicos y representantes de la sociedad civil, la Asociación de Nutricionistas, la Sociedad de Cardiología, que ahora también se suman al reclamo de la necesidad del etiquetado.

La justificación del uso del rotulado, es producto de la escalada sin precedentes del crecimiento del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas en todos los grupos etarios. Uno de los factores responsables de esta situación, es el entorno alimentario caracterizado por una elevada disponibilidad que nuestro mercado tiene de alimentos de alta densidad energética y de baja calidad nutricional.

Desde la industria se ha dicho que el etiquetado “estigmatiza al alimento” ¿Qué opina de esa definición?

Tenemos un problema de salud pública y no es estigmatizar sino dar información. La justificación del uso del rotulado, es producto de la escalada sin precedentes del crecimiento del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas en todos los grupos etarios. Uno de los factores responsables de esta situación, es el entorno alimentario caracterizado por una elevada disponibilidad que nuestro mercado tiene de alimentos de alta densidad energética y de baja calidad nutricional. Cuando empezamos el análisis, los 4.000 productos que estábamos consumiendo tenían niveles que la palabra “exceso” quedaba corta. Estos productos han remplazado el consumo de alimentos naturales tradicionales, aumentando la densidad energética en la dieta, aumentando el consumo de sodio, de grasas saturadas y de azucares simples. En los últimos 13 años, el consumo de estos productos ha aumentado un 140%. La información nutricional nos da libertad a los consumidores para poder elegir y tomar las mejores decisiones. Uruguay hizo un estudio muy serio encabezado por Gastón Ares (Ingeniero en alimentación) y María Rosa Curuchet (Licenciada en Nutrición), donde se establece porque es necesario un sistema de octógonos y no el sistema de “semáforos”. Además se han hecho estudios que indican que este sistema tiene muy buena aceptación por parte de la población.

Respecto a la publicidad y principalmente la dirigida a niños ¿Cuál es la recomendación?

En el proyecto de ley que estamos proponiendo, en la primera discusión, hay un capítulo dirigido a la publicidad y su regulación. Hay que proteger a la población de la publicidad de alimentos con exceso de grasas, azucares, y sodio, en las franjas horarias más susceptibles de ser vistas por niños, niñas y adolescentes. La publicidad tiene incidencia a la hora de consumir. Publicidad de alimentos catalogados de saludables cuando no es así. La ley tendrá como objetivo, contribuir al derecho a una alimentación adecuada y proteger la salud de la población, poniendo énfasis en la población infantil y adolescente, a través de la promoción de entornos alimentarios saludables. El Ministro de Defensa Dr. Javier García, propuso un proyecto que se convirtió en ley (2013) para la alimentación saludable en los entornos educativos. El proyecto que elaboramos nosotros, va a tomar los derechos del consumidor, también toma lo que venimos aprendiendo con los decretos. La idea es darle un marco normativo de ley.

 

En el país siempre es un problema la fiscalización y los controles ¿Quién fiscaliza y quién controla y que sanciones habrá para los incumplidores?

El proyecto prevé el tema de la publicidad, la fiscalización, que alimentos son con exceso, el etiquetado como se debe hacer y consensuar los valores.  En la concurrencia a los ministros (Salinas y Paganini) les preguntaremos como va a hacer la fiscalización. El proyecto de ley que presentaremos, también plantea especificar responsabilidades en la fiscalización, en el contralor de la normativa y que sanciones aplicar ante el incumplimiento. Prevemos que la ciudadanía tenga herramientas y mecanismos de fiscalización en el cumplimiento de las disposiciones. Ojalá lleguemos a que todo el país se ponga de acuerdo, que este es un problema de salud pública, de que se involucre a la industria también, una industria con responsabilidad en lo que produce. Podemos armonizar normativas, decretos, e intereses corporativos, pero el interés que debe primar es el de la salud pública.

En el marco de una Pandemia, en un contexto socioeconómico grave, también estamos preocupados por las condiciones de inseguridad alimentaria y de hambre que pueden estar pasando ciudadanos y ciudadanas en Uruguay.

Respecto a la industria ¿ha recibido llamadas para debatir con usted sobre este tema?

Hemos conversado, hemos recibido calificativos que no ameritan respuesta de nuestra parte, porque podemos tener diferencias, pero apelo a los representantes de la industria que han tomado esto con responsabilidad, que entienden que es un tema de salud pública. En los países que se ha puesto en marcha el etiquetado, la industria no se ha visto afectada. No respondo calificativos, menos desde el lugar que me ha puesto la ciudadanía. Siempre he sido una persona que apuesta al diálogo, tanto cuando me tocó estar en el Ejecutivo, como ahora en el legislativo. La gente nos voto para que legislemos en los problemas graves que tienen los ciudadanos y  este es un problema. El país tiene malnutrición por exceso, como es el sobrepeso y la obesidad, pero también el Uruguay mantiene, principalmente en los niños, malnutrición por déficit, como es un retraso en la talla. En el marco de una pandemia, en un contexto socioeconómico grave, también estamos preocupados por las condiciones de inseguridad alimentaria y de hambre que pueden estar pasando ciudadanos y ciudadanas en Uruguay.

Hay muchos hogares que tienen inseguridad alimentaria, hay más de 800 ollas populares. Es insuficiente lo que el país está invirtiendo en políticas de protección social.

¿Usted dice que hay personas que en Uruguay están pasando hambre?

Hay muchos hogares que tienen inseguridad alimentaria, hay más de 800 ollas populares. Es insuficiente lo que el país está invirtiendo en políticas de protección social. En cada una de las crisis que ha tenido Uruguay, la pobreza se concentra en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Desde el FA hemos tenido una actitud de diálogo y de construcción, hemos acompañado las medidas sanitarias. Lo que hemos dicho, es que son insuficientes las medidas de protección social y las transferencias monetarias. Es necesario reforzar la alimentación como un derecho, porque tiene consecuencias graves de inseguridad alimentaria para la población más vulnerable.

(1) Estas empresas presentaron recursos para revocar decretos de etiquetado de alimentos:

• Sarubbi 
• Schenck
• Avanti Paysandú
• 5 Estrellas Importadores
• Sebamar
• Altama
• Pontyn -Emigrante-
• Sector -Cumbre-
• Antilur
• Feral
• Brocos
• San Francisco

Fuente: TV Ciudad