Cuestionan escaso avance en causa de abuso sexual en dictadura

CRYSOL recordó que desde hace casi diez años, en forma colectiva, 28 ex presas políticas que sufrieron torturas, violencia y abusos sexuales de todo tipo, en 20 centros clandestinos de detención, “vienen librando una batalla para que haya justicia y los responsables sean juzgados y condenados”.

Durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco (1968-1971) “las torturas fueron frecuentes y habituales tal como quedó establecido en una Comisión parlamentaria que las expuso públicamente y las condenó.

A partir del 15 de abril de 1972, “en el marco y al amparo de la declaración del ‘Estado de Guerra Interno’ impulsada por Juan María Bordaberry, se desató una feroz campaña represiva en todo el país que tuvo como protagonistas principales a las tres ramas de las Fuerzas Armadas, aunque incluyó a la Dirección Nacional de Inteligencia e Información (DNII) dirigida por el inspector Víctor Castiglioni”, remarca CRYSOL.

Campos de concentración

Sin descartar ninguna variante represiva, “hubo casi 200 detenidos desaparecidos, 200 asesinados, incluyendo supuestos enfrentamientos, intentos de fuga, ejecuciones extrajudiciales, ‘suicidios’, muertes durante los interrogatorios o en condiciones de reclusión, la detención masiva de ciudadanos, asociada sistemáticamente a la tortura y a la prisión prolongada en campos de concentración, fue la metodología deliberadamente seleccionada por el terrorismo de Estado para someter a la población y ejecutar su proyecto de reestructura de la sociedad”.

En el caso de las mujeres, aunque no solamente con ellas, “la tortura incluyó los abusos sexuales de todo tipo y violaciones”.

La existencia masiva de las torturas a los prisioneros fue conocida ampliamente a nivel internacional por la labor que desplegaron en su momento Zelmar Michelini y Wilson Ferreira Aldunate desde el comienzo mismo de la dictadura y se mantuvo, resalta la asociación de ex presos y ex presas políticos.

Al retornar a la democracia, las víctimas de los atropellos comenzaron a formular las denuncias en los juzgados. En el año 2011, luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en el caso Gelman vs Uruguay, las 28 ex prisioneras políticas, con el apoyo institucional, presentaron la denuncia en forma colectiva a nivel judicial para resaltar la condición específica de atropello y violencia que sufrieron quienes fueron consideradas “botín de guerra” por los represores.

“A pesar de la cantidad de años transcurridos, la causa judicial ha avanzado muy poco. Las denuncias vinculadas al terrorismo estatal se tramitan bajo el antiguo Código del Proceso Penal, de por sí lento, con una excesiva intervención de los jueces, poca de la Fiscalía Especializada y muy poca incidencia de las víctimas, a diferencia de lo que ocurre en el nuevo Código del Proceso Penal”, remarca CRYSOL.

Además, al igual que en el resto de los procesos de este tipo, “los involucrados y sus abogados defensores hacen uso y abuso de las maniobras dilatorias ante la pasividad, muchas veces, ya demostrada, en estos años, de algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia que las toleran”.

Causas de abuso sexuales no prospera

A pesar de la gravedad de los delitos denunciados, del número elevado de militares involucrados, de la notoriedad pública de muchos de ellos, “algunos ya procesados y con condena firme, la causa de los abusos sexuales no prospera y tampoco ha tenido la repercusión pública que amerita”.

“¿Qué habrá que hacer para que los espacios informativos serios, de los medios de comunicación masivos, especialmente los televisivos, a las horas picos del rating, las convoquen para que den su testimonio de manera pública?”, se pregunta CRYSOL.

Agrega: “¿Qué habrá que hacer para que se conozca que decenas de torturadores, asesinos y ‘desaparecedores’ como Gilberto Vázquez, Avelino Ramas, Manuel Cordero y José Nino Gavazzo, entre otros, fueron, además, en Uruguay y Argentina, violadores seriales, especialmente de mujeres?”

Por ello, reclama que Poder Judicial tiene que actuar. “Los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos tienen que ser castigados penal y administrativamente como funcionarios del Estado”.

Asegura que “el castigo de los delitos es necesario para asegurar la convivencia social y, fundamentalmente, para evitar que dichas conductas se repitan en el futuro”.

En Uruguay “corresponde exclusivamente al Poder Judicial investigar en forma exhaustiva todos los hechos de apariencia delictiva, esclarecerlos, identificar a los responsables y establecer las sanciones, penales y administrativas que correspondan”.

CRYSOL indica que “miles de mujeres, con su lucha y tenacidad, forjaron esta democracia. Sin embargo, no hay espacio para que sus denuncias judiciales avancen y tampoco tienen la notoriedad periodística que merecen”.

Recuerdan que las sucesivas declaraciones del general retirado Guido Manini Ríos, en el Senado de la República y en los medios masivos de comunicación, “agravian al Poder Judicial, amenazan y condicionan públicamente a los jueces, a los operadores y envalentonan a los abogados defensores y a los involucrados”.

“¿Hasta cuándo van a seguir siendo presionadas, hostigadas y revictimizadas por los abogados defensores de los perpetradores cuando van a testimoniar?”, interroga la asociación.