Mahía: Restablecer la Ley de Caducidad sería retornar a la impunidad

En entrevista con LARED21, Mahía dijo que espera que los partidos tradicionales apelen a sus convicciones más democráticas para no acompañar este tipo de iniciativas que contravienen convenios internacionales que ha suscrito el país, y normas elementales que hacen a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

Por otro lado, el legislador frenteamplista también rechazó el proyecto del diputado del Partido Colorado Gustavo Zubía para transformar la Fiscalía General de la Nación en un órgano colegiado. “El Frente Amplio tiene una posición contraria y consideramos que no se debe estar cambiando a cada rato las estructuras institucionales y menos la Fiscalía de Corte”.

-Cabildo Abierto presentó el proyecto de Ley que tiene como objetivo restaurar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, a través de la derogación de la Ley interpretativa número 18.831. ¿Cuál es su opinión al respecto?

-Es una búsqueda de retorno a la impunidad que beneficiará a aquellos que mancharon el uniforme militar violando derechos humanos. Es una propuesta muy negativa para el Uruguay, va en contra de las mejores tradiciones de la defensa de los derechos humanos que ha tenido nuestro país y que nosotros vamos a defender desde el Parlamento. Vamos a trabajar fuertemente en el debate público.

Tengo la convicción y la esperanza de que los partidos tradicionales apelen a sus convicciones más democráticas para no acompañar este tipo de iniciativas que cuestionan acuerdos internacionales que ha suscrito el país, y normas elementales que hacen a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

Se trata de un proyecto de Ley que tiene muchas inconsistencias, pero además tiene la concepción general de volver al pasado y de la peor manera, porque tiene una visión de protección a aquellos que la Justicia uruguaya ha encontrado responsables de violaciones a los derechos humanos. Acá no puede haber una justicia para los civiles y otra para los militares eso era en épocas de la dictadura. Hay una sola justicia que le da las mismas garantías a una persona sea cuál sea su filiación política, religiosa o su actividad. Tenemos que ser muy claros y firmes en el rechazo a este tipo de normas.

La propuesta de Cabildo Abierto es una búsqueda de retorno a la impunidad, que beneficiará a aquellos que mancharon el uniforme militar violando derechos humanos

-¿El Frente Amplio comenzó a conversar con legisladores del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente para que este proyecto de Ley no logre los votos necesarios para su aprobación parlamentaria?  

-Vamos a conversar con todos los actores políticos para que este tipo de iniciativas no prosperen, porque es de orden que no avance. La sociedad uruguaya quedaría muy impactada y se generaría un factor de división muy grande si este tipo de iniciativa se llevara adelante.

-El análisis de la solicitud de desafuero del senador Guido Manini Ríos por no informar a tiempo sobre las declaraciones de José Gavazzo ante los Tribunales de Honor Militar, está encaminada y continúa su trámite en la Comisión de Constitución del Senado. ¿En qué etapa se encuentra?

-Esperamos que llegue la transcripción de algunos audios de la declaración de testigos, de la carpeta fiscal, casi la mitad de esta tarea ya está realizada y una vez que culmine la misma existirá un pronunciamiento de los partidos políticos. Estimo que en el correr de agosto se expedirá la Comisión parlamentaria.

Ojalá el senador Manini Ríos honre su palabra ante la ciudadanía y no busque ampararse en sus fueros para evitar comparecer ante la Justicia como un ciudadano más, tal cual se comprometió durante la campaña electoral.

Ojalá el senador Manini Ríos honre su palabra ante la ciudadanía y no busque ampararse en sus fueros para evitar comparecer ante la Justicia

-¿Estarían los votos necesarios para que prospere el desafuero?  

-Todos los votos del Frente Amplio van a estar. No sé qué harán los partidos Nacional y Colorado. Aún no hemos tenido comunicación. En la Comisión de Constitución nadie adelantó nada, con excepción del Frente Amplio que hizo conocer su predisposición a que la Cámara de Senadores levante los fueros a Manini Ríos a efectos de presentarse como un ciudadano más ante la Justicia.

-¿Cuál es la posición del Frente Amplio, o su opinión sobre el proyecto de Ley que presentará el diputado del Partido Colorado Gustavo Zubía para transformar a la Fiscalía General de la Nación en un órgano colegiado?  

-Es un proyecto personal de Zubía. Escuche opiniones de algunos legisladores colorados, como Ope Pasquet, quien no tenía una opinión a favor.

El Frente Amplio tiene una posición contraria y consideramos que no se debe estar cambiando a cada rato las estructuras institucionales y menos de un poder tan importante como lo es la Fiscalía que tuvo una transformación para tener un rol fundamental en el proceso acusatorio. El fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, tiene un respaldo muy grande, cuya designación fue aprobada por la unanimidad del sistema político. Me parece que en realidad existen cuestiones personales que se ponen en juego y no valoraciones de cómo debe funcionar el sistema judicial.

-Pero más allá de la coyuntura actual, ¿no sería positivo que la Fiscalía sea un organismo colegiado de tres integrantes, algo similar a la integración de la Suprema Corte de Justicia?   

-Lo que ocurre es que esto se plantea primero en un contexto político de ataque al sistema judicial por parte de Cabildo Abierto. Pero por otro lado, son órganos distintos con cometidos diferentes, porque mientras la Fiscalía tiene que conducir investigaciones y tiene línea directa con el Poder Ejecutivo, por su parte la Suprema Corte de Justicia lauda en fallos que son colectivos.

Recortes presupuestales

-Usted ha promovido la citación del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados. ¿Cuáles son los objetivos de la convocatoria del secretario de Estado?

Existen tres objetivos. En primer lugar analizar el impacto de los recortes presupuestales que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, determinó a través del decreto 90/2020 (previo a la pandemia) y que fija la ejecución presupuestal de los organismos de la administración central para el año 2020 en un 85% de los créditos comprometidos en 2019 en los rubros de gastos e inversiones.

Distintas delegaciones que comparecieron ante la Comisión de Ciencia y Tecnología nos transmitieron que estarían afectados los fondos para cumplir con los sueldos del Instituto Pasteur de Montevideo o la investigación en el Parque Tecnológico de Pando, y otros recortes en materia de becas y posgrados.

La inversión en ciencia es muy importante y estratégica para el país y hoy lo estamos viviendo con mucha angustia, a partir de la pandemia del coronavirus.

Toda la inversión realizada para el desarrollo de los kits de diagnóstico y test serológicos del COVID-19 fueron a costos de los fondos propios de Universidad de la República.

En tiempos de pandemia valoramos mucho más la necesidad de seguir invirtiendo en investigación, ciencia y tecnología.

El segundo aspecto de la citación del ministro Da Silva se refiere a los cambios que se promueven en la institucionalidad científica.

Por otro lado, nos preocupa mucho cuál será el contenido del mensaje presupuestal en referencia a la ciencia y la tecnología a partir del compromiso que llevaron adelante los partidos políticos con la ciencia de ir hacia el 1% del Producto Bruto Interno (PBI), y si ello tendrá un relato consistente con hechos.

Este mes se determina el Presupuesto nacional y una vez que se fija el tope presupuestal por parte del Poder Ejecutivo ya no habrá vuelta atrás con respecto a lo que se puede invertir en gasto público. Se pueden realizar reasignaciones, pero no gastar más y eso es una cuestión que la puede determinar el Poder Ejecutivo, por ello es importante realizar un intercambio con el ministro antes de que llegue el mensaje al Parlamento.

-¿En el actual contexto de crisis se puede continuar con el planteo histórico de solicitar un 6% del PBI para la educación y un 1% para investigación y desarrollo?

-Cuando uno tiene un Presupuesto fija prioridades. Somos autocríticos de que nos comprometimos a ir hacia el 1% y llegamos al 0,4%, según los números que plantean las organizaciones vinculadas a la investigación científica.

Hay que honorar los acuerdos y compromisos alcanzados. Pensábamos y seguimos pensando que la inversión en ciencia y en educación debería ser incremental y podría reducirse en otras áreas del Estado. Plantemos no perder derechos y lo ya alcanzado, el problema es que todo indica que no se cumplirán los compromisos anunciados. Si se ratificaran los recortes presupuestales de este año como la base de proyección del próximo presupuesto, evidentemente estaríamos en problemas graves.