Recurso de canales privados contra otras propuestas de comunicación “carece de fundamento jurídico”

Los canales privados 4, 10 y 12, titulares de los principales canales cable de Montevideo, solicitaron la nulidad de la resolución del Poder Ejecutivo Nº097/20, del 14 de febrero de 2020 del gobierno anterior presidido por Tabaré Vázquez, que otorga a tres propuestas de comunicación, Canal U orientada por Pablo Scotellaro, TV Libre dirigida por Néstor Molina, y Eutopía TV conducida por Federico Fasano, el derecho de pantalla en todos los servicios de televisión por abonados del país.

El fundamento para pedir la nulidad es que la URSEC no tenía facultades para elaborar el pliego de bases y condiciones del llamado establecido en la ley 19.307, del 29 de diciembre de 2014.

Sin embargo, el director de la URSEC, Nicolás Cendoya, aseguró a LARED21 que la unidad “era el órgano de aplicación encargado de realizar el llamado a concurso”.

Recordó que en su momento el Poder Ejecutivo solicitó informes, con carácter urgente, tanto a URSEC como al Ministerio de Industria.

En tal sentido recordó que existe un informe de la Asesoría Jurídica de URSEC, que establece con toda precisión la competencia del organismo para realizar el procedimiento.

La asesoría jurídica de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (DINATEL), que es el órgano encargado de dictaminar en materia de telecomunicaciones, también confirmó la competencia de URSEC.

Todo ello pasó a la División Jurídica del Ministerio de Industria, que no realizó ninguna observación en el término establecido reglamentariamente para informar y lo elevó al Poder Ejecutivo con un proyecto de resolución, competiendo a URSEC la realización de la tarea.

“Cuando fuimos informados de que el Ejecutivo ratificaba la opinión de los Servicios Jurídicos de URSEC, entonces realizamos el llamado a concurso”, remarcó Cendoya.

Aseveraciones que no se ajustan a la verdad

Por otro lado, el director de URSEC manifestó que el escrito que presentaron los tres canales privados contra la decisión del gobierno anterior, “se basa en aseveraciones que no se ajustan a la realidad y que ni siquiera tienen en cuenta el derecho positivo”.

“Son afirmaciones carentes de todo sustento jurídico. Confío en los técnicos del Ministerio de Industria para dar cuenta de que lo que corresponde en este caso es el rechazo, sin más trámite, de este recurso administrativo que, además, fue presentado por empresas que desde el punto de vista jurídico no tienen ningún agravio en que se haya dictado dicho acto”, indicó el jerarca.

“Podemos entender que es pertinente que quien haya perdido en el llamado a concurso se queje de cómo fue puntuado, porque ello está dentro de las reglas de juego, pero no que quienes no concursaron se sientan agraviados por una situación que es totalmente ajustada a derecho. Consideramos que no es correcto. Está mal”, remarcó el director de URSEC.

Además la resolución de URSEC, que aprobó el pliego de bases y condiciones y realizó el llamado, “no fue recurrida en su momento, lo cual también marca una postura de especulación, porque podía haber sido cuestionada en aquella instancia, ya que fue publicada en el Diario Oficial y tuvo todas las garantías que establece nuestro derecho para ser recurrida y no lo fue”.

El Ejecutivo debería rechazar el recurso

Por tales motivos, Cendoya entiende que el Poder Ejecutivo “debería rechazar el recurso que presentaron los canales privados, porque no tiene fundamento jurídico y las razones que esgrime no se ajustan al derecho aplicable al caso”.

Añadió que hay tres empresas que “serían afectadas en caso de que se hiciera lugar el recurso, lo cual no es una cuestión de discrecionalidad y hay que tener mucho cuidado con la aplicación del derecho tal cual es”.

Al ser consultado si podría haber existido “presión” por parte de los medios privados, el jerarca respondió: “De acuerdo a la Ley Anticorrupción, los oficiales de gobierno no tenemos que ser susceptibles a ningún tipo de presión, porque presiones siempre existen. Lo que hay que tener es el temperamento para estar a la altura y dar la talla ante las responsabilidades que a uno le han sido conferidas por parte del electorado o de las autoridades”.

“Mi postura es que no tengo ninguna razón para sospechar que el Poder Ejecutivo se aparte del derecho. El Ministerio de Industria tiene muy buenos asesores que además avalaron el expediente, no realizando observaciones a los informes referidos a que URSEC era competente para realizar el llamado. Por lo cual, no debería suceder nada que no fuera el rechazo del recurso”, sentenció Cendoya.