Advierten irregularidad en designación de Sotelo como director de SECAN

El pasado miércoles se conoció una carta en la cual el director del SECAN, Gerardo Sotelo, solicitó a los coordinadores de Televisión y Radiodifusión Nacional de Uruguay que todos los contenidos informativos y periodísticos deben ser consultados con el coordinador periodístico del SECAN, Jorge Gatti, antes de iniciarse el proceso de producción.

A raíz de ello, los senadores del Frente Amplio, Enrique Rubio y Amanda Della Ventura, solicitaron a la Corte Electoral que analice la situación, ya que Sotelo como director del SECAN también participará de la campaña electoral de las departamentales como candidato a la Intendencia de Montevideo (es uno de los suplentes de Laura Raffo).

A la vez denuncian ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) “presuntas irregularidades con la actuación de los funcionarios públicos y la integración en la nómina de candidatos a la Intendencia”.

“Esta situación puede dar lugar a la conjunción del interés público con el interés privado y la falta de transparencia a la hora de informar mediáticamente a la ciudadanía”, expresan los parlamentarios de la oposición.

Asimismo, los diputados frenteamplistas Gabriel Otero y Daniel Caggiani remitieron un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura en el cual preguntan “cuál fue el concurso y/o mecanismo por el cual se resolvió la designación del señor Jorge Gatti como coordinador».

Pretenden saber sobre “quién elaborará y bajo qué procedimientos, la mencionada “Guía de Principios, prácticas v estándares de calidad” a la que se refiere Sotelo en su carta.

También manifiestan preocupación por “cómo se aplicará concretamente en la labor periodística e informativa esta especie de consulta previa y aprobación del trabajo de los comunicadores de TNU y RNU”.

“¿No constituye tales mecanismos o criterios de pre-aprobación una especie de censura previa al trabajo de los comunicadores de TNU y RNU?”, interrogan los parlamentarios.

Consecuencias negativas

Por su parte, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO) alertó que la decisión de Sotelo puede tener posibles consecuencias negativas para la libertad de expresión de los periodistas que trabajan en los medios públicos de radio y televisión que integran el SECAN.

“Sin perjuicio de la lógica discusión de criterios periodísticos o editoriales que caben a la dirección de todos los medios (públicos o privados), la imposición de un escrutinio previo a la elaboración de los contenidos, que proclama la intención de ‘balancear las opiniones’ o ‘reflejar todos los puntos de vista relevantes para la comprensión de los hechos y presentarlos de forma imparcial’, además de constituir un enlentecimiento en el proceso de producción que requiere prontitud y pertinencia, puede derivar en un mecanismo de intimidación, de autocensura o incluso de censura previa”, indica CAINFO.

Agrega que este riesgo se agrava por el hecho de que Sotelo “mantiene una actividad político-electoral como candidato suplente de una de las postulantes a la Intendencia de Montevideo en las próximas elecciones de octubre por la coalición gobernante”.

CAINFO considera pertinente recordar las recomendaciones para el funcionamiento de los medios públicos contenidas en el documento: “Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente”, publicado en 2010 por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Dicho informe señala que “para asegurar la autonomía de los medios públicos se debería establecer por Ley la independencia de su línea editorial o informativa”. A la vez, recomienda que “todos los medios de radiodifusión gestionados por el Estado estén supervisados por una autoridad independiente, cuyos integrantes sean elegidos mediante un procedimiento transparente y competitivo en función de la idoneidad profesional y ética”.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión agrega que la legislación “debería contemplar un régimen severo de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de interés, así como requisitos y procedimientos de designación y remoción objetivos y transparentes para los directivos de cada uno de los medios de públicos de comunicación que no deberían ser de libre nombramiento y remoción del Poder Ejecutivo Nacional”.