“Nueva Ley de Medios busca restaurar los privilegios de grandes medios de comunicación”

Este viernes 24 de abril, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de Ley que modifica la Ley N° 19.307 de Servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual, conocida como Ley de Medios, y que fue aprobada durante el gobierno de José Mujica (2010-2015).

Gómez calificó la iniciativa legal como “un proyecto reaccionario”, porque busca volver a la situación previa a la aprobación de la Ley vigente.

Cuestionó que con la iniciativa legal se procura “restaurar los privilegios de los grandes empresarios de la comunicación, que se habían visto afectados por una norma que les imponía ciertos límites a su poder y, además les exigía pagar algo por el acceso a un recurso escaso como es el espectro radioeléctrico”.

El proyecto de Ley procura “eliminar cualquier tipo de pago que tengan que realizar los grandes medios, producto del uso del espectro, incluso un canon que aportaban a un Fondo de Producción Audiovisual”.

También se incluye la decisión de que “no habrá más propaganda electoral gratuita, devolviendo un ingreso importante al sector más poderoso, porque la propaganda electoral y la publicidad oficial no se reparten en forma equitativa, y es un recurso que llega al oligopolio de la televisión y fundamentalmente a los grandes medios de Montevideo”.

Otro aspecto que mencionó Gómez es la “pérdida de derechos  reconocidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como los referidos a niños, niñas y adolescentes, y a la no discriminación de sectores vulnerables como la población LGTBI, afrodescendientes y mujeres”.

Añadió que la Ley actual establece un límite de tres licencias no solo para personas sino también para grupos económicos, mientras que el proyecto de Ley permitirá una “concentración excesiva, ya que una persona podría acumular ocho medios de comunicación y se elimina el concepto de grupo económico”.

Por otro lado manifestó que se mantendrá la exigencia de contenido nacional (60% en TV y 30% en radio).

Gómez cuestionó que el actual Gobierno “tomó determinados compromisos programáticos en las elecciones, y ahora se están viendo los resultados”.

Añadió que algunas medidas planteadas en la Ley de Urgente Consideración como en el nuevo proyecto de Ley de Medios Audiovisuales “están en sintonía con una política más cercana a los intereses de los dueños de los grandes medios de comunicación del país”.

“Son instrumentos que van de la mano de una estrecha alianza con un sector de poder muy importante en Uruguay”, dijo el experto.

Aseguró que maneja información referida a que el proyecto de Ley de Medios “lo redactó uno de los dueños de canal 4, Carlos Walter Romay, lo cual muestra el vínculo de los principales medios de comunicación audiovisual con el nuevo Gobierno”.

“Los dueños de los medios están buscando recuperar su privilegio, eliminar los pocos límites que había contra la concentración del poder y barrer cualquier competencia”, sentenció.

Atenta contra la calidad democrática

Por su parte, la senadora y ex ministra de Industria, Carolina Cosse, expresó reparos sobre el proyecto modificativo de la Ley de Medios.

“Es una regresión que atenta contra la calidad democrática, el interés público y la producción nacional”, advirtió la legisladora frenteamplista.

Dijo que es “muy grave lo que propone el Gobierno porque quiere desguazar ANTEL”.

El ministro de Industria, Omar Paganini, redactor del proyecto modificativo de la Ley de Medios que fue remitido al Parlamento, dijo que existe un nuevo enfoque tecnológico que “reconoce que el ‘broadcasting’ está cambiando por la expansión de los medios digitales”.

El proyecto aumenta de tres a cuatro las frecuencias que un solo propietario puede tener en cada medio (TV, AM, FM), con máximo de ocho, resaltó.

“Con el nuevo enfoque, ANTEL pasa de una concepción de monopolio a una de ecosistema y el ente puede proveer banda ancha ‘mayorista’ a los cables del interior. A su vez, se habilita a los cableros a proveer Internet”, dijo Paganini en declaraciones a radio Carve.

Nulidad

El Gobierno presentó el proyecto de Ley en momentos en que los canales privados 4, 10 y 12, titulares de los canales cable de Montevideo, solicitaron la nulidad de la resolución del Poder Ejecutivo Nº 097/20 del 14 de febrero de 2020 del Gobierno anterior presidido por Tabaré Vázquez, que otorgó a tres propuestas de comunicación: Canal U orientada por Pablo Scotellaro, TV Libre dirigida por Néstor Molina, y Eutopía TV conducida por Federico Fasano, el derecho de pantalla en todos los servicios de televisión por abonados.

Las tres señales fueron seleccionadas para ser incluidas en las grillas de programación, en el  marco de un proceso de evaluación por concurso público de señales de televisión para servicios por abonados, con criterios fijados por normas legales y comentarios recabados en audiencia y consulta públicas.

La revocación del acto de adjudicación, el pedido de nulidad de lo actuado y la eliminación de los canales adjudicados fue presentada ante las autoridades del Ministerio de Industria el 9 de marzo de 2020.

La argumentación pidiendo la nulidad de lo actuado y la eliminación de las concesiones se sustenta en: “la falta de competencia de URSEC para la aprobación de los pliegos del llamado público”.

Asimismo indican que la URSEC se “extralimitó en sus competencias porque no existe ninguna disposición que atribuya potestades a la URSEC para la aprobación de pliegos de bases y condiciones de los servicios sujetos a su competencia y mucho menos para las señales de televisión”.

Consideran que el único que tiene potestades para aprobar los pliegos de bases para un llamado es el Poder Ejecutivo y que la URSEC no integra en realidad el Ejecutivo.

Sin embargo, juristas consultados por LARED21 indicaron que en dicha argumentación se ignora que el Ejecutivo dictó un decreto especial el 5 de junio del 2019  (número 160/019) a través del cual se señala que “mientras no se encuentre integrado el Consejo de Comunicación Audiovisual, será el órgano de aplicación el encargado de convocar a un concurso público y transparente para seleccionar las señales comerciales previstas en el artículo 117 de la Ley que se reglamenta”.

Dicho Consejo nunca se integró y el Poder Ejecutivo resolvió el delegando la convocatoria en la URSEC, así como la elaboración del pliego de condiciones.

En tal sentido, especialistas en la materia se preguntan: “¿Qué otro órgano de aplicación en el área de la televisión que no sea la URSEC puede haber querido identificar el Poder Ejecutivo?”.