FA plantea: “Preservar la salud, fuentes de trabajo y empresas, no aumentar la pobreza y la desigualdad”

Este viernes 27 de marzo, la bancada de legisladores del Frente Amplio junto con el presidente de la fuerza política, Javier Miranda, presentaron en conferencia de prensa el documento: “Preservar la salud, las fuentes de trabajo y las empresas, no aumentar la pobreza y la desigualdad. Prepararse para el día después”.

Se trata de un plan con cuatro dimensiones y distintas medidas para “atender la situación sanitaria, preservar a trabajadoras, trabajadores y a las empresas, no aumentar la pobreza y la desigualdad y fomentar condiciones de crecimiento”.

En el documento se expresa que es la hora de la política y del Estado, porque pensar que el mercado puede, por sí sólo, brindar soluciones a la situación planteada y a la actual coyuntura, resulta un error.

Algunas de las medidas que plantea la izquierda son: crear un subsidio equivalente a un salario mínimo nacional que dure el mismo tiempo que la cuarentena, para aquellos trabajadores que no se encuentran registrados en el Ministerio de Trabajo y en la Seguridad Social, además de diferir vencimientos en las tarifas de OSE y UTE a micro y pequeñas empresas de sectores directamente afectados por la crisis sanitaria, familias de bajos ingresos y trabajadores enviados a seguro de paro.

El FA plantea regular también el precio de venta al público de aquellos insumos de primera necesidad en la prevención contra el coronavirus, suspender el aumento del IVA a compras con tarjetas de crédito y débito y evitar saltos abruptos del dólar.

Propuestas

He aquí el texto resumido del documento:

En estos días, el gobierno ha venido presentando una serie de medidas para hacer frente al impacto económico sufrido por el coronavirus. Saludamos estas medidas, entendemos y compartimos su dirección; creemos que es necesario darle mayor alcance y profundidad.

En particular dotándolas de una mirada general y pensando en “el día después”, de tal forma de construir condiciones para el crecimiento sólido de la economía el día después de la tormenta.

Esta es la hora de la política y es la hora del Estado. Pensar que el mercado puede, por sí solo, brindar soluciones a la situación planteada y a la actual coyuntura, resulta un error.

En ese sentido le presentamos al Gobierno un plan con cuatro dimensiones principales:

Atender la situación sanitaria.

Preservar a trabajadoras, trabajadores y a las empresas.

No aumentar la pobreza y la desigualdad.

Fomentar condiciones de crecimiento.

Las medidas presentadas son múltiples y comprenden, por ejemplo: 1. Profundizar el aislamiento social y fortalecer el sistema de salud, ampliando la disponibilidad de personal e insumos. Debe considerarse la incorporación de otras áreas, como la salud mental y el combate a la violencia de género.

Desarrollar incentivos a empresas con el fin de evitar el envío al seguro de paro de miles de trabajadoras y trabajadores.

Crear un subsidio equivalente a un salario mínimo nacional que dure el mismo tiempo que la cuarentena, para aquellos trabajadoras y trabajadores que no se encuentran registrada/os en el MTSS y en la Seguridad Social.

Este subsidio debiera incluir a toda/os la/os trabajadoras y trabajadores no subordinada/os (cuentapropistas) y a quienes se encuentran en la informalidad (feriantes, changadores, vendedores ambulantes, artistas callejeros, etc.).

Flexibilizar las condiciones de acceso al seguro de desempleo (plazo y reducción horaria).

Diferir vencimientos en las tarifas de OSE y UTE a micro y pequeñas empresas de sectores directamente afectados por la crisis sanitaria, familias de bajos ingresos y trabajadora/es enviada/os a seguro de paro.

Regular el precio de venta al público de aquellos insumos de primera necesidad en la prevención contra el virus.

Suspender aumento del IVA a compras con tarjetas de crédito y débito.

Evitar saltos abruptos del dólar, continuando con la política de disminución de la volatilidad cambiaria.

Aumentar el gasto y promover la inversión pública como mecanismo para disminuir el efecto de la desaceleración económica Las soluciones vendrán de la mano de un acuerdo nacional, donde todas y todos nos comprometamos y, como país, sumemos la totalidad de nuestros esfuerzos para salir de esta crisis. Una vez más, será la política la que sepa brindar las respuestas y soluciones.

Para eso ofrecemos nuestro mayor esfuerzo. Frente Amplio 27 de marzo de 2020.

Texto completo de las propuestas del FA

Plan de Contingencia Sanitario, Económico y Social Coronavirus

Para preservar la salud, las fuentes de trabajo y las empresas, no aumentar la pobreza y la desigualdad, y prepararse para el día después – Frente Amplio –

1. Contexto global

Hoy en día nuestro país se encuentra ante un nuevo desafío, que en este caso es de escala global. La pandemia del Coronavirus (COVID-19), no solo ha ingresado a nuestro país, sino que viene creciendo de manera exponencial. Así lo marcan las cifras oficiales, que indican como se van multiplicando el número de contagios.

La evolución natural de esta situación traerá consecuencias muy negativas en aspectos que trascienden largamente los problemas sanitarios y que afectarán la calidad de vida de la gran mayoría de los uruguayos.

Habrá entonces un fuerte impacto económico ya que por un lado, reducen drásticamente la oferta de trabajo y por ende la producción global, y por el otro reducen la demanda, al tiempo que también aumentan los costos de los sistemas de salud.

Creemos que esta es la hora de la política y es la hora del Estado. Pensar que el mercado puede brindar soluciones a la situación planteada y a la actual coyuntura, resulta un gran error. Un error de apreciación que se da de bruces con la realidad que hoy estamos viviendo.

La responsabilidad en la solución de este problema debe ser brindada por el Estado y el sistema político es quien tiene en sus manos los caminos para poder salir adelante de la manera que genere un menor daño.

La gran mayoría de los países centrales han apostado al Estado como medio fundamental para sortear esta coyuntura. La Unión Europea ha definido una suspensión temporal de facto de las reglas fiscales. España, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, Argentina y Chile entre otros, han planteado históricos paquetes de estímulo fiscal, dejando de lado las consideraciones fiscales de corto plazo.

Es en ese sentido que hoy, más que nunca, se debe construir un Gran Acuerdo Nacional, en el que participe la totalidad del sistema político en conjunto con las organizaciones sociales, sindicales y empresariales. Solamente entre todos seremos capaces de superar esta coyuntura. Pero para eso se requiere de diálogo y flexibilidad de todas las partes, en particular del Gobierno Nacional, que es quien deberá tomar las decisiones de mayor peso.

Desde nuestra Fuerza Política estamos dispuestos a hacer el esfuerzo, aportando todas nuestras ideas para encontrar soluciones, de manera de poder dar una respuesta inmediata y certera a la población, que tanto lo está necesitando.

Nuevamente, fieles a nuestra Historia, seremos propositivos y activos en la búsqueda de soluciones. Sin perjuicio de otras medidas a tomar, proponemos actuar a través de un Plan Sanitario y un Plan Económico y Social de combate al aumento de la pobreza y la desigualdad.

2. Condiciones en Uruguay

Las medidas sanitarias implementadas por el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipios ya tienen fuertes impactos en la actividad económica. Las medidas de aislamiento afectan en primera instancia a los trabajadores por cuenta propia y trabajadores sin cobertura de la seguridad social, pero rápidamente se expanden al resto de la economía por la retracción de la oferta laboral y la caída de la demanda.

La historia reciente de nuestro país nos ha enseñado que los costosos esfuerzos fiscales y financieros transitorios, que son necesarios afrontar en momentos de crisis, de no realizarse a tiempo pueden ocasionar costos aún mayores.

Uruguay tiene desafíos en el frente fiscal, sin embargo, las fortalezas económicas y financieras construidas hacen posible que el país cuente con márgenes de maniobra para enfrentar los graves efectos que esta pandemia ocasionará a nuestra economía. En los pasados días, el gobierno presentó una serie de medidas para hacer frente al impacto económico sufrido por el coronavirus.

Este paquete de disposiciones comprende líneas de crédito con condiciones flexibles por parte del Banco República, préstamos para pequeñas y medianas empresas y aplazamiento de vencimientos de pago de DGI y BPS. Se extendió el régimen especial de seguro de paro flexible a todos los sectores de actividad y se aprobó el envío a seguro de enfermedad para trabajadores mayores de 65 años. Además se emplearán 1000 millones de pesos en la creación de nuevos refugios, reforzar los planes de alimentación y ampliar el saldo de la Tarjeta Uruguay Social. Por su parte, el Congreso de Intendentes y la Intendencia de Montevideo también anunciaron una serie de medidas de alivio financiero, que buscan relajar la carga tributaria, aplazando vencimientos de tributos tales como la patente de rodados y la contribución inmobiliaria en algunos casos.

Si bien saludamos estas medidas, entendiendo y compartiendo la dirección de las mismas, creemos que estas disposiciones son insuficientes en términos de impacto y alcance, dado que no cubren a parte de los trabajadores informales y, principalmente, a la población que requiere más apoyo de la red de protección social.

Asimismo, entendemos que dichas disposiciones deben estar insertas en un plan con mirada general, que busque no sólo sortear esta difícil situación, sino que además haga énfasis en la construcción de condiciones óptimas para el crecimiento sólido de la economía el día después de la tormenta.

De esta forma, se propone el despliegue de un plan de contingencia sanitario, económico y social, que dé cuenta de las recientes declaraciones, tanto del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio como de la propia bancada parlamentaria de nuestra fuerza política. Este plan implicará un aumento transitorio del gasto y la inversión pública para minimizar el efecto de la emergencia sanitaria, la desaceleración económica y su impacto en la población, con el respaldo de la amplia red de protección social que Uruguay ha desarrollado en las últimas décadas, lo que permite desplegar las medidas con rapidez y efectividad.

3. Situación de Emergencia Sanitaria

Resulta indispensable profundizar esfuerzos que se enmarquen en una declaración de Emergencia Sanitaria, tomando una serie de medidas tendientes a evitar, de la mejor manera posible, la propagación del virus COVID-19.

En este sentido se propone:

–Desarrollar acciones que fomenten el aislamiento social. Las mismas deberán ser lo más amplias, inclusivas, y estrictas posibles, con las excepciones que se entiendan convenientes para garantizar el acceso de la población a alimentación, salud y demás bienes y servicios básicos.

– Poner a disposición del sistema de salud sanitario y según se requiera, al personal capacitado preparado, recurriendo a mecanismos alternativos de contratación por razones de urgencia. De esta manera, sin descartar ninguna vía jurídica, dotar de manera extraordinaria al Estado de personal de la salud para poder afrontar esta crisis.

– Ante un aislamiento social prolongado, y que podría intensificarse, es necesario garantizar el acceso de la población a servicios de salud mental, para mitigar los efectos que esta situación pueda causar.

– Se deberá atender especialmente a poblaciones con mayores riesgos, en particular a adultos mayores. Para ello se propone prohibir por los próximos 30 días – prorrogables – las visitas a los establecimientos de larga estadía de adultos mayores, como residenciales y centros geriátricos; restringiendo el acceso a las personas estrictamente necesarias, facilitando a las personas residentes en estos establecimientos, los medios electrónicos esenciales para el contacto con familiares y seres queridos. Además, se propone fortalecer las medidas de higiene y aislamiento al interior de dichos establecimientos.

– Asimismo, es necesario establecer medidas de combate a la violencia de género que se pueden potenciar en la convivencia familiar en condiciones de mayor aislamiento.

– Previo a los meses donde el COVID-19 mostrará su mayor severidad (meses invernales), el Ministerio de Salud Pública deberá anticipar la campaña de vacunación contra la gripe en forma obligatoria, haciendo esto extensivo a la vacuna que eventualmente se llegase a desarrollar contra el COVID-19, si es que esto sucediera.

4. Tres objetivos y propuestas asociadas

En cuanto a las medidas de impacto sobre la situación económica y social, las mismas se estructuran en tres objetivos centrales, los cuales incluyen una serie de propuestas asociadas. En este sentido se propone:

1- Preservar las empresas y las y los trabajadores:

Trabajo – Flexibilizar las condiciones de acceso al seguro de desempleo (plazo y reducción horaria) en particular en sectores fuertemente afectados como turismo, comercio y servicios. – Promover la negociación colectiva para mejorar el régimen general de seguro de paro vigente, así como las mejoras que aquí se proponen, mediante los aportes o contribuciones de todas las partes. Son ejemplos de esto el convenio de AEBU en 2002, y lo propuesto por el SUNCA recientemente. – Priorizar en general, algunos beneficios fiscales a empresas que no envíen personal al seguro de paro. – Generar mecanismos de apoyo y subsidios al trabajo por cuenta propia y eventuales en particular en ramas de menores ingresos. – Estudiar la implementación del teletrabajo y el trabajo a distancia, siempre y cuando esto sea técnica y razonablemente posible. Estas medidas, deberán ser prioritarias frente al envío del trabajador al seguro de paro o a la reducción de la actividad laboral.

Contribuciones, tarifas y tributos

– Exoneración de aportes patronales durante la emergencia a los sectores directamente afectados por la pandemia. – Diferir vencimientos de DGI y BPS de micro, pequeñas y medianas empresas de sectores directamente afectados por la pandemia por 60 días. – En el caso de micro, pequeñas y medianas empresas, suspender los pagos durante la emergencia sanitaria y luego habilitar el pago en seis cuotas sin recargo. – Diferir el vencimiento de tarifas de UTE y OSE en cuanto a volumen de consumo básico a familias de bajos ingresos y a trabajadores que sean enviados a seguro de paro a causa de la pandemia, así como también a micro y pequeñas empresas de sectores directamente afectados por la pandemia. El pago se podrá realizar luego de superada la pandemia, en seis cuotas sin recargo. – Suspender los cortes de los servicios a familias de bajos ingresos y a trabajadores que sean enviados a seguro de paro a causa de la pandemia. – Diferir el vencimiento del BSE, a micro y pequeñas empresas de sectores directamente afectados por la pandemia. – Suspender aumento del IVA a compras con tarjetas de crédito y débito. Volver a los 9 puntos de devolución de IVA al sector gastronómico que vive una crisis sin precedentes resulta imprescindible. – Fortalecer transferencias a intendencias y municipios para mejorar asistencia a afectados. Todos estos beneficios fiscales y otros que se definan en la evolución de la situación estarán condicionados a que las empresas no despidan personal.

Financiamiento

– Dejar sin efecto el decreto de abatimiento del gasto e inversión pública, manteniendo el porcentaje de ejecución y pago de las obligaciones del Gobierno. – Crear un fondo de garantía para préstamos a PYMES en general y del sector turismo y comercio y servicios en particular. – Línea de financiamiento a grandes emprendimientos con problemas de liquidez de corto plazo. – Atenuar impacto de retenciones que se realiza en dólares a productores lecheros, de las cuotas del Fondo de Garantia Lechero, FOGALE.

2- No aumentar la pobreza y la desigualdad:

Ingresos – Crear un subsidio por un monto equivalente a un salario mínimo nacional que dure el mismo tiempo que la cuarentena, para aquellos trabajadores que no se encuentran registrados en el MTSS y en la Seguridad Social. En este subsidio, estarían incluidos los trabajadores no subordinados (cuentapropistas) y los que se encuentran en la informalidad (feriantes, changadores, vendedores ambulantes, artistas callejeros, etc.). – Para aquellos que reciben aumento de AFAM y TUS y forman parte de la población incorporada en este subsidio se completará lo cobrado por el nuevo valor de AFAM y de TUS.

Transferencias – Aumentar las trasferencias a través de la Tarjeta Uruguay Social, en línea con lo resuelto por el gobierno, así como aumentar igualmente los montos de asignaciones familiares equiparando los valores de las asignaciones cobradas en el marco de las dos leyes vigentes. – Extender la canasta sanitaria de hogares de adulto mayor a hogares con discapacidad. – Ampliar la cobertura de los servicios para las personas en situación de calle, asegurando la mayor extensión de los servicios de 24 horas y garantizar el acceso a la alimentación e higiene de dicha población.

Vivienda – Período de gracia a intereses de los créditos sociales a jubilados que concede el BROU. – Período de gracia en intereses de cuotas hipotecarias de MVOTMA, ANV, y BHU entre abril y julio para trabajadores enviados al seguro de paro y trabajadores por la cuenta y no registrados en la seguridad social – Suspender desalojos y lanzamientos de inquilinos por 90 días.

Precios – Regular el precio de venta al público del alcohol en gel y administrar el stock de mascarillas y tapabocas de forma pública tal como realizaron países como España y Francia. – Acuerdo de precios de productos alimentarios de la canasta básica.

Salud – Crear un fondo de financiamiento específico para que ASSE pueda hacer frente a la mayor demanda de atención. – Garantizar los derechos mutuales a través del FONASA de las personas, aún ante la pérdida del trabajo formal.

3- Preparemos para el día después, fomentando condiciones de crecimiento:

Estabilidad macroeconómica

– Es necesario que la política macroeconómica sea consistente con la realidad que atraviesa el país, evitando saltos abruptos del dólar, continuando con la política de disminución de la volatilidad cambiaría que Uruguay ha mantenido en los últimos años. – Evitar el recrudecimiento de la inflación, teniendo en cuenta que el aumento de los precios perjudica en mayor medida a quienes viven de su trabajo y se verán más afectados por esta situación.

Gasto e Inversión

– Prorrogar los recortes de gasto e inversión del 15% anunciados en el decreto del Poder Ejecutivo de fecha 11 de marzo de 2020. En especial los que afectan obra pública, vivienda, políticas sociales y seguridad que representan el 70% del eventual ahorro propuesto. Redireccionar por 2020 transitoriamente los fondos no ejecutados durante las medidas de distanciamiento social hacia aquellos gastos prioritarios que impulsen la economía. – Reasignar gasto que estuvieran previstos en determinadas áreas, y que, debido a las circunstancias por todos conocidas, no fueran a utilizarse, para aliviar la situación de micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores en cuestión. El turismo como sector pujante de nuestra economía, es un claro ejemplo en donde se debería implementar esta medida. – Preparar un plan de aumento transitorio en la demanda, adelantando la inversión pública como se hizo frente a la crisis internacional de 2008. – Acelerar los cierres financieros e inicio de obras bajo la modalidad PPP, en particular las educativas que son intensivas en mano de obra. – Aumentar y acelerar la concreción de los contratos de caminería en el marco del actual préstamo BID con que cuenta el gobierno. – Promover a través de la obra pública el mayor uso de mano de obra de las localidades cercanas, al tiempo de potenciar la descentralización y el efectivo desarrollo local, en el marco de la Ley N°18.516. – Favorecer la inversión privada directa con incentivos mayores en general mediante decreto reglamentario transitorio de la Ley de Inversiones y en particular para proyectos de construcción nuevos mediante estímulos mayores en el régimen de promoción de inversiones y mediante cambios en el régimen de Viviendas de Interés Social.

Cabe recordar que Uruguay cuenta con importantes fortalezas financieras y económicas que le otorgan margen de maniobra para afrontar este plan, en efecto, Uruguay ha logrado reducir sustancialmente la deuda neta con relación al PIB y mejorar significativamente el perfil de la deuda, y cuenta al mismo tiempo con líneas de prefinanciamiento que le permiten hacer frente a posibles contingencias y que en 2019 ascendían a 2200 millones de USD (superior a 4 puntos del PBI).

Manifestamos nuestro compromiso con el país y con los sectores que más se verán perjudicados por la emergencia sanitaria del COVID-19. Pero este compromiso debe ser unánime, apuntando a transformar los esfuerzos sectoriales en un gran esfuerzo colectivo. Como sucedió en el pasado, el camino de las soluciones vendrá de la mano de la conformación de un Gran Acuerdo Nacional. Un acuerdo sin exclusiones, donde como país sumemos la totalidad de nuestros esfuerzos para salir de esta crisis. Una vez más, como lo fue en el pasado, será la política la que sepa brindar las respuestas y soluciones.