Vázquez declaró estado de emergencia nacional en materia de violencia de género

En la resolución declara el estado de emergencia nacional en materia de violencia basada en género.

También se dispone entregar al equipo de trabajo de las autoridades electas, en el marco del proceso de transición de gobierno, “el Plan de Emergencia Nacional por una Vida Libre de Violencia de Género”.

La resolución

En la resolución de Presidencia se establece que en el marco de la situación actual “amerita la declaración de emergencia nacional y la implementación de medidas orientadas a profundizar el trabajo que el Estado durante la presente administración viene desarrollando”, y al mismo tiempo la presentación del “Plan de Emergencia Nacional por una Vida Libre de Violencia de Género a las autoridades que asumirán próximamente el gobierno nacional”.

Se expresa que la lucha por una vida libre de violencia de género implica “una tarea constante y permanente para transformar las matrices culturales en las que se apoyan los vínculos autoritarios y de dominación hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres de todas las edades y diversidades, por lo que procede ratificar el compromiso del Estado en la implementación de políticas públicas que enfrentan esta grave problemática”.

Sin embargo, “todas las respuestas del Estado han resultado insuficientes ya que la prevalencia de la violencia de género continúa siendo muy alta en Uruguay, tratándose de un problema estructural complejo que ha mostrado llegar a una meseta que no disminuye”, se reconoce en la resolución.

Como consecuencia del sistema de respuesta, “el aumento de denuncias, así como el número de mujeres consultantes en los servicios especializados o protegidas con las tobilleras, no se corresponde con un aumento en los femicidios”.

Por ello se plantea que “se debe asumir que, en un contexto violento, las relaciones afectivas íntimas y los hogares resultan para las mujeres, las niñas y los niños el lugar peligroso, cuando debería ser un lugar de protección, seguridad y afecto positivo”.

“Esta realidad, que duele e indigna, implica la revisión de conductas cotidianas y que si bien el poder personal y social para transformar esta realidad se centra en la propuesta de cambios que parte de la vida diaria, en las conversaciones entre varones, en las formas de valorar o desvalorizar a los diferentes, en la manera de expresar emociones y afectos; las transformaciones culturales profundas convocan al conjunto del entramado social: mujeres, varones, organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas”, se manifiesta en la resolución que impulsó Vázquez.

También se indica que “la aprobación de un nuevo marco normativo en nuestro país, generó el reconocimiento en toda América Latina, y constituye un indicador del rumbo a fortalecer”.

Presidencia manifiesta que la Ley de Violencia hacia las mujeres basada en género, Ley Nº 19.580, “define nuevos derechos y obligaciones para las personas, las instituciones, el Estado y la sociedad en su conjunto”, y a su vez, la Ley de Igualdad de género y no discriminación entre mujeres y hombres, “permiten consolidar el Sistema Nacional para la Igualdad de Género”.

Medidas específicas

En tal sentido, se expresa que en esta instancia y situación de “emergencia”, se presentan medidas específicas de implementación inmediata, como parte de las políticas públicas impulsadas hasta el momento: “promover una reunión de alto nivel entre la Presidencia de la República, Suprema Corte de Justicia y Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de fortalecer las necesarias coordinaciones para dotar de mayor eficiencia al proceso de acceso a la Justicia para la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes”.

Se plantea “ampliar el programa de tobilleras electrónicas mediante la adquisición de 200 unidades más, que incrementarán el stock a 1.200 tobilleras para todo el país, fortaleciendo el equipo de monitoreo”.

Asimismo, se propone “difundir medidas de protección dirigidas a las mujeres y la comunidad frente al riesgo inminente de vida, mediante campañas de bien público, y disponer cursos virtuales para el fomento de masculinidades no violentas, dirigidos a educadores y educadoras formales y no formales, para fomentar cambios en las pautas socioculturales y aportar a la prevención de la violencia de género”.

Presidencia plantea “disponer un curso virtual de prevención del abuso sexual en niñas, niños y adolescentes, dirigido a educadores y educadoras formales y no formales, que facilite la capacidad para identificar situaciones de riesgo y manejar información adecuada para su derivación responsable”.

Impulsa la necesidad de “implementar un programa de intervención en cárceles para varones que ejercen violencia de género y fortalecer las estrategias para la atención y prevención de violencia de género en mujeres privadas de libertad”.

También se propone que, complementariamente, se acompañe la propuesta de un “Plan Nacional de Emergencia por una Vida Libre de Violencia de Género, el cual requiere acciones permanentes a nivel de educación y promoción de cambios culturales dirigidas a toda la población que sustentan vínculos violentos, atención integral a las niñas, niños y mujeres, así como los varones agresores, protección a las víctimas, acceso a la justicia, promoción de rutas de salida cuando se conjugan factores de vulneraciones múltiples como la pobreza, la discapacidad, la zona de residencia, la ascendencia étnico racial, la identidad de género, entre otras y por último la reparación a las víctimas”.

A los efectos de garantizar la implementación de estas medidas y la coordinación con el proceso de transición de gobierno ya iniciado, se creará un “Comité de Emergencia por una Vida Libre de Violencia de Género” coordinado por la Presidencia de la República, con representación del Consejo Consultivo por Una Vida Libre de Violencia y el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (IPIAV).