Seguridad era la de antes: ¿está seguro?

Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que el sentimiento de inseguridad de la población es real. Reconocerlo es aceptar la eficacia de la campaña de comunicación negativa sostenida por la oposición neo liberal política y mediática, humillada por los 15 años del país progresista de la prosperidad y la igualdad, que ha sabido sembrar ese sentimiento -ajeno a la realidad pero vivido como cierto- en todas las redes sociales.

Nos fustigan con el látigo de los 4 jinetes del apocalipsis que según ellos porta en sus escuadras la izquierda uruguaya: el caballo blanco de los impuestos, el caballo rojo de las tarifas de los servicios, el caballo negro del exceso de funcionarios públicos y el caballo amarillo de la inseguridad. Ya hemos, en artículos anteriores desmontado la falacia de  los tres primeros equinos, donde la carga tributaria se demostró similar en porcentual a la de los gobiernos colorados y blanco sin el derrame progresista y menor que el promedio de la OCDE, y donde las tarifas de los servicios eran inferiores a los aumentos salariales y donde solo se contrataron como funcionarios públicos nuevos médicos, maestros y policías, reduciéndose las contrataciones en todos los rubros no prioritarios.

El cuarto jinete del Apocalipsis va montado en el caballo amarillo de la inseguridad

Hoy nos vamos a ocupar de quitarle las herraduras, al cuarto equino, al caballo amarillo de la inseguridad, infatigable caballito de batalla de la derecha vernácula para inyectar temor en la población en busca de un voto protector que de obtener sus objetivos, desbaratará las actuales políticas de seguridad pública elogiadas por todos los organismos internacionales, la academia y los expertos,  para alborozo y festín del crimen organizado.

Lo importante, en estos casos, es dejar la emoción de lado, analizar científicamente el flagelo, investigar que ha hecho cada uno de los 7 gobiernos que administraron la seguridad pública desde la caída de la dictadura, y comparar sus políticas, para así llegar a una conclusión sobre la  verdad o la mentira de la diatriba opositora.

Razonemos sin pasión y sin ira como nos aconsejó Tácito.

1) Nos encontramos inmersos en el continente de mayor índice delictivo del mundo. Según el reporte del Banco Mundial de 2017,  América Latina registra la cifra más alta de asesinatos en el planeta Tierra con 22 homicidios intencionales cada 100 mil habitantes. Uruguay registra en ese año 8 homicidios cada 100 mil habitantes.

2) El capitalismo es el arma mortal del delito, lo relevante es saber cómo se lo neutraliza.

3) Hasta que un nuevo paradigma reemplace al que hoy alimenta la dependencia y la alienación de la humanidad , ese virus seguirá infectando a los pueblos del orbe.

4) El impresionante aumento de la prosperidad, la igualdad, la eliminación de la pobreza, el ascenso social de las clases más desposeídas, y su correlato en el crecimiento geométrico del consumo, en lugar de desalentar la delincuencia, la incentivó al multiplicar en el mercado la cantidad de  bienes objeto de apropiación indebida.

5) Otra de las explicaciones del aumento delictivo está centrada en el vertiginoso ascenso del narcotráfico en nuestro país, ajeno hace unas décadas a este cáncer que devora las entrañas de nuestra formación social.

6) Durante 13 años de gestión los gobiernos de izquierda, pese al narcotráfico, registraron menos porcentaje de aumentos de homicidios, hurtos y rapiñas que los gobiernos de derecha.

7) Es urgente la corrección de algunos aspectos del nuevo Código de Procedimiento Penal, que detuvo la baja delictiva iniciada con éxito a partir del 2015, hundiéndola en el trágico 2018 al ejecutarse el nuevo corpus juris.

8) El BID calificó recientemente a Uruguay como el país más seguro de la región.

La International Police Science Association reconoció la gestión progresista en el Índice Mundial de Seguridad Interna del año pasado:“Uruguay ocupa el primer lugar de América Latina en seguridad ciudadana”.

9) La verdad es que la seguridad del pueblo uruguayo, está en las mejores manos posibles. Solo la izquierda puede garantizar esa seguridad, combatiendo las causas y los agentes que conspiran contra ese derecho fundamental, haciéndolo con honestidad, energía e inteligencia.

Más dinero, más crimen

Siempre creímos que el crecimiento económico combatía la inseguridad. Los hechos nos están probando lo contrario, lo que nos obliga a buscar nuevas formas de combatir el virus. Y no lo digo yo, este aserto está fundamentado en el ensayo del experto criminólogo Marcelo Bergman, “More Money, more crime”, editado el año pasado, donde se explica que la prosperidad y el consumo aumentan inadvertidamente los mercados ilegales. Parodiando a Bill Clinton, el experto parecía estar diciendo, “es el capitalismo, estúpido”. Y si lo hubiera dicho no estaría equivocado. El capitalismo cuyo eje es el individualismo egosintónico, la rapacidad, el consumismo ilimitado, la maximización de las utilidades, la comercialización de los seres humanos, la explotación del hombre por el hombre, es el mayor productor del delito en la historia del homo sapiens, iniciada hace ya 70 mil años.

El mercado del delito se amplió porque el mercado de bienes creció y porque el nuevo Código del Proceso Penal con sus penas alternativas, en muchos casos como explica el periodista Diego Sanjurjo, “no más de una visita semanal a la comisaría, actuó como un shock exógeno a la delincuencia aumentando la impunidad de los infractores y diluyendo el poder de disuasión de la justicia, llevando a muchas personas a sumarse con facilidad al crimen”.

De los 110 homicidios anuales, y 31.535 hurtos y 771 rapiñas que recibió Sanguinetti en 1985 a los 284 homicidios, 111.282 hurtos y 17.956 rapiñas del 2017 en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, (después aclararemos porque no computamos el 2018 cuando estaba vigente el nuevo Código de Procedimiento Penal), hay un aumento enorme pero no inexplicable.

El 60% de los homicidios registrados tienen como causa la guerra intercriminal entre narcotraficantes y otras bandas afines.

Le tocó precisamente a los gobiernos de izquierda, lidiar con el aumento exponencial de este fenómeno, que sobre todo se centró en las alarmantes cifras de los homicidios, más que en los delitos contra la propiedad.

Este  factor no existía durante los primeros gobiernos neo-liberales y es imprescindible tenerlo en cuenta cuando formulemos las comparaciones de políticas y resultados.

Los partidos tradicionales aumentaron en 20 años un 907% las rapiñas y el FA las aumentó en 14 años un 397%: porfiadas cifras que terminan con la mentira serial

Veamos ahora las cifras de los 20 años de gobiernos colorados y blancos y comparémoslas con los 14 años de gobiernos de izquierda. Comprobaremos otras de las falacias distribuidas por los medios de comunicación hegemónicos, hoy en poder de capitales de la derecha nativa.

Jorge Batlle al entregar la banda presidencial a Tabaré Vázquez, le entregó también 200 homicidios anuales, 98.409 hurtos y 7.000 rapiñas, según informes oficiales de la época. Es decir, que los guarismos de delincuencia de los dos gobiernos de Sanguinetti y los únicos de Lacalle y Batlle, aumentaron en esos 20 años el 82% de homicidios, el 312% de hurtos y el 907% de rapiñas. Basta comparar las cifras oficiales de 1985 con las del 2004, para llegar a esta conclusión.

Por su parte el Frente Amplio durante sus primeros 13 años de gobierno, pese al flagelo del narcotráfico y al aumento formidable del mercado de bienes al consumo, tuvo cifras mucho mejores que los gobiernos de los partidos tradicionales. Culminó 2017 con 284 homicidios, un aumento del 42% de esos crímenes, sobre las cifras entregadas por el último gobierno conservador. Y en delitos contra la propiedad reportó en 2017, 111.287 hurtos que representa un aumento del 13% comparando los hurtos del 2004 con los de ese año y 17.956 rapiñas, un aumento del 256% con relación a las rapiñas del 2004. Parece en este último rubro un aumento enorme, pero pese a que en el 2004 no existía el narcotráfico tal cual lo sufrimos ahora, ni el aumento de bienes de consumo, esa cifra de 256% de aumento es inferior al 907% que registraron las rapiñas desde 1985 al 2004, años administrados por colorados y blancos.

Hasta el 2017, tras 13 años de gobiernos progresistas, el Frente Amplio le gana en el exitoso combate contra la delincuencia en todos los rubros (homicidios, hurtos y rapiñas) a los gobiernos neo liberales.

Recién en el 2018, cuando el nuevo Código del Proceso Penal, aprobado por todos los partidos políticos, comenzó a aplicarse, es cuando se disparan las cifras del delito en forma inusitada. En 2018 los homicidios suben de 284 a 414 (insistimos en que el 60% de esas cifras son ajustes de cuentas entre narcotraficantes), los hurtos de 111.282 a 140.038 y las rapiñas de 17.956 a 27.798. No hay otra explicación racional fuera de la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal. Así lo relató el propio Ministro Bonomi en su presentación ante la ADM, instando a la corrección de algunos aspectos del nuevo Código, que detuvo la baja delictiva iniciada con éxito a partir del 2015, hundiéndola en el trágico 2018 al ejecutarse el nuevo corpus juris.

Y aun así, sumando el increíble 2018 a los restantes años frentistas, analizando ahora los 14 años de gobierno de la izquierda uruguaya, solamente en homicidios superamos las cifras del neo liberalismo. Gobiernos conservadores (de 1985 a 2004): 82% más de homicidios, 312% más de hurtos y 907% más de rapiñas; Gobiernos progresistas (de 2005 a 2018 incluido): 207% más de homicidios, 42% más de hurtos y 397% más de rapiñas.

Debe señalarse que la inmediata reacción del gobierno de izquierda frente al tsunami delictivo del 2018, determinó que en lo que va del 2019 se redujera un 25% la cantidad de homicidios, acercándose a las cifras del 2017, registrando un aumento del 55% de homicidios desde el 2004 al 2019, contra un aumento del 82% de homicidios de los gobiernos colorados y blanco.

Las cifras no mienten. Son oficiales. Los gobiernos de izquierda, pese al narcotráfico, registraron menos porcentaje de aumentos de homicidios, hurtos y rapiñas que los gobiernos de derecha durante 13 años de gestión y solo en el 2018 por aplicación del nuevo Código, el porcentaje de aumento en homicidios fue superior al de los gobiernos colorados y blanco, manteniendo igualmente su mejor gestión en hurtos y rapiñas.

En el segundo gobierno de Sanguinetti, era tal el pánico que el 48% de los encuestados se manifestó partidario de la pena de muerte

Otra mentira más de la oposición que procura internalizar en la mente de la gente la idea fuerza de encontrarnos prisioneros de la delincuencia sin capacidad de respuesta alguna, cuando en los tiempos donde reinaban los blancos y colorados el delito no existía. Nada más falso y contrario a las porfiadas cifras que revelan lo contrario. Mucha gente percibe que hay más rapiñas, no que las actuales políticas impiden que aumenten porcentualmente menos que antes. En el segundo gobierno de Sanguinetti su Ministro del Interior encargó a Equipos Mori la realización de la “Primera encuesta de opinión pública sobre seguridad ciudadana”. Era tal el pánico de ese momento en la sociedad, que el 48% de los encuestados se manifestó partidario de la pena de muerte. Es bueno recordar que ya en aquellas épocas se cocían las habas de la sensación térmica delictiva, que después se aplicaría masivamente contra el gobierno del FA, aunque en este caso la mitad de la población no pidió  la pena de muerte, votó al gobierno del cambio.

Pero insisto, las cifras las expongo para desmontar la falacia. Pero no es lo que realmente importa. Decir que esos gobiernos del pasado tuvieron un desempeño peor que la izquierda para garantizar la seguridad de los ciudadanos, no es lo relevante. Y no es relevante porque todos los años aumenta el delito, desde 1985 a la fecha. Y al ciudadano le importa poco si el aumento fue porcentualmente menor ahora que antes, ya que siempre sigue y seguirá aumentando. Está escrito en la lógica del capitalismo. Y está escrito ese aumento en los estudios internacionales, país por país, en todo el planeta. Hasta que un nuevo paradigma humanista reemplace al que hoy propaga la dependencia y la alienación humana, ese virus seguirá infectando a los pueblos del mundo.

El populismo punitivo vive equivocándose aumentando penas y palos, senador Larrañaga, sin poder siquiera  aproximarse a resolver el problema

Lo relevante es analizar qué hicieron esos gobiernos y en contrapartida que hizo la izquierda.

Lo relevante no es incluso quién lo hizo mejor sobre lo que no tengo duda alguna, sino quién puede hacerlo mejor sobre lo que tampoco tengo dudas si analizo la experiencia de los tres gobiernos del Frente Amplio. Solo la izquierda puede resolver el problema, que no es monocausal como cree la derecha que solo propone la salida de mano dura y represión, sino multicausal y si no se atacan todas las causas, la infección no se detendrá. El populismo punitivo vive equivocándose en el mundo, aumentando penas y palos sin resolver el problema. Bien lo dijo el ex presidente de la Corte Suprema de Argentina, el experto catedrático de Derecho Penal, Raul Zaffaroni: “las penas nunca eliminan el delito”. Los impulsores de la línea dura contra el delito ignoraron las enseñanzas de nuestra historia. Cuando la Banda Oriental aun integraba las Provincias Unidas del Río de la Plata, el gobernador de la capital del Virreinato, ante la ola imparable de delitos, promulgó en 1820 la denominada “ley severa” que ordenaba que “todo el que fuere aprehendido robando o con prendas robadas sea fusilado en el instante y colgado”.  Cuando un delincuente caía en manos de la policía se lo ejecutaba en 60 minutos, y el cadáver se colgaba durante días de un farol como macabra advertencia. Y sin embargo el delito aumentó. En 1840 se dictó otra ley que condenaba a muerte al que lesionara a otro ciudadano, aunque las heridas fueran leves. La severidad volvió a fracasar. Recién en 1853, según cuenta Rodolfo Terragno, “al organizarse la Nación, los constituyentes cambiaron de criterio, abolieron tormentos y azotes, aseguraron los derechos de los procesados, imaginaron cárceles sanas y limpias y comenzó una época de seguridad y calma”. Las leyes severas, senador Larrañaga, no detienen el delito. Las leyes racionales, sí.

Larrañaga: Bonomi es el mejor ministro del Interior de los últimos tiempos

Cuando el Frente Amplio llega al gobierno se encuentra con un sistema policial cuya estructura administrativa era la misma de 70 años atrás y una tecnología obsoleta con más de medio siglo de antigüedad. El personal que debía custodiar la seguridad de la población ganaba salarios de $5.294 mensuales, con las cárceles abarrotadas y transformadas en ollas a presión a punto de estallar. En los últimos 50 años mientras la población uruguaya crecía un 20%, la población carcelaria crecía un 700%. Las cárceles eran la principal escuela del delito.

Para enfrentar este azote los tres gobiernos frenteamplistas llevaron a cabo la transformación de ese sistema mediante un aluvión de medidas que no tienen precedente en la seguridad pública de nuestro país. Y en los últimos 10 años la gestión del Ministro Bonomi, considerado por el senador Larrañaga hace unos años, antes que le picara el bichito reformista, como “el mejor Ministro del Interior de los últimos tiempos”, duplicó los esfuerzos, se rodeó de gente de izquierda firme, inteligente y pragmática como el sociólogo Gustavo Leal y de jerarcas policiales honestos, como el recordado Guarteche y Rivero y el actual Layera, y transformó el vicio en virtud, construyendo un nuevo modelo policial.

El cliché de la coalición conservadora reclamando que el poder retorne a los comisarios es anacrónico: la policía no puede quedar atrás en la batalla de la inteligencia por la seguridad pública

Profesionalización, presupuesto, salarios, formación de recursos humanos, tecnología, armamento, transporte, comunicaciones, leyes orgánicas, reestructuras, rehabilitación, densidad carcelaria, unidades de respuesta, zonas operativas, patrulleros, flota vehicular, autos blindados, helicópteros, drones, visores nocturnos, intercambio informativo, rastros genéticos, registros electrónicos de huellas digitales, videovigilancia, policía comunitaria, acercamiento y empatía con la población, asuntos internos, lucha contra la corrupción y decenas de áreas donde el escalpelo progresista fue usado sin titubeos, compatibilizando los derechos humanos con la seguridad de la población, nada de esto quedó fuera del nuevo orden del día de esta gestión. Fue así como la izquierda dio la batalla presupuestal. Recibió en el 2004 un presupuesto policial de U$S 180 millones, hoy los cuadruplicó ascendiendo a U$S 800 millones. Agregando que la inversión carcelaria que recibió en el 2004 fue de U$S 5 millones y hoy supera los U$S 50 millones, un mil por ciento de aumento. En el 2004 el FA recibió una policía con sueldos de hambre. Un agente de segunda ganaba $5.294 y un Cabo $6.237 mientras que en 2017, sin contar los aumentos hasta 2019,  un agente de segunda genera un salario de $36.893 y un Cabo $43.186 que se incrementa a $57.941 si pasa a integrar el Programa de Alta Dedicación Operativa. Salarios reales dignos que superaron varias veces la inflación. Nunca antes se invirtió tanto en tecnología y equipamiento policial. La flota vehicular aumentó un 68% en los últimos 8 años habiendo recibido en el 2004 una destartalada flotilla que no servía ni para el patrullaje, ascendiendo hoy a 5,300 unidades, además de los automotores  blindados y los carros de bomberos para incendios en alturas.

A la sustitución de revólveres por pistolas Glock, 9 milímetros, le siguieron las importantes compras de chalecos antibala, equipos antimotines y simuladores de tiro. El plan de cámaras digitales que han disminuido el delito en las zonas de instalación ha sido todo un éxito. Otro de los grandes avances fue la geo localización y la geo referenciación de los policías mediante la creación del sistema Tetra. Estos avances llevaron a la conformación del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, el Monitor de Gestión Ministerial, el Sistema de Gestión Carcelaria, el Sistema de Denuncia en línea, el de Movimientos de Armas y Equipos Policiales, así como la ampliación del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), desarrollo de operaciones contra el intento criminal del dominio territorial, el intercambio permanente de información con los puestos migratorios de Argentina y Brasil, el Registro Informático de Huéspedes y Pasajeros.

Hay que destacar además la creación de un banco de rastros genéticos y el registro electrónico de huellas digitales, así como la creación de 4 zonas operativas y la puesta en marcha de las unidades de respuesta inmediata y un nuevo sistema de información para mapear el delito y diseñar el patrullaje dinámico, evitando la rotación de efectivos. La creación de la Dirección General contra el crimen organizado y la duplicación de los efectivos de la Guardia Republicana que alcanzó un récord de funcionarios ejecutivos, son otros de los avances de la gestión frenteamplista. La reestructura de la Jefatura de Montevideo implicó un nuevo modelo de gestión de seccionales policiales, más adecuado a las nuevas realidades, donde el Centro de Comando Unificado, el 911, el Plan 7 Zonas desplegado sobre barrios con altas tasas de vulnerabilidad, el Plan Mirador, la Operación realojamiento en Casavalle, los megaoperativos con centenares de allanamientos judiciales en defensa de los vecinos angustiados, la policía comunitaria y las estructuras de convivencia, cumplieron un rol decisivo.

El cliché de la coalición conservadora reclamando que el poder retorne a los comisarios es anacrónico no toman en cuenta las nuevas realidades y lo único que se obtiene es desprofesionalizar a la policía, llevarla al reino de la no investigación, de la no especialización. El delito cada vez es más profesional. La policía no puede quedar atrás en la batalla de la inteligencia por la seguridad pública. La nueva policía no puede tener una gestión que no esté basada en el conocimiento y la inteligencia aplicada.

La inacción cuasi suicida de los gobiernos colorados y blanco contra la inseguridad

En cuanto a uno de los temas críticos del sistema, la densidad carcelaria, esta administración creó el Instituto Nacional de Rehabilitación, incorporando personal civil y sacando paulatinamente de las cárceles la estructura policial. El gobierno progresista recibió en 2005 del gobierno colorado una densidad carcelaria del 181%, es decir que de cada 181 presos había un faltante de 81 plazas. Después de 15 años, según los últimos reporters oficiales, la izquierda uruguaya bajó la densidad carcelaria al  103%. Ahora solo  3convictos de cada  103presos carecen de plazas para cumplir rehabilitación. Hoy la población carcelaria es de  9.962 personas (293 presos cada 100 mil habitantes) y las plazas alcanzan para  9.643 reclusos. Este déficit carcelario deja a nuestro país en un nivel muy aceptable en la región y en el mundo, aunque la izquierda se ha propuesto eliminar ese 3.2% mediante el aumento de las 319 plazas faltantes.  Estos avances notorios contra el hacinamiento carcelario solo fueron posibles por las eficientes políticas de la izquierda que llevaron a decir al propio asesor de Lacalle Pou, el ex comisionado parlamentario para las Cárceles, Álvaro Garcé, que este inusual esfuerzo para eliminar uno de los factores productores del delito y contrario a la rehabilitación solo es comparable “a lo de 120 años atrás cuando se construyeron Miguelete, Punta Carretas y las cárceles departamentales superando incluso las 2.000 plazas construidas durante los 12 años de dictadura, si sumamos el Comcar”.

Otro éxito de esta nueva política ha sido el seguimiento de la situación de los liberados. Las cifras son elocuentes. Los gobiernos progresistas han logrado bajar la reincidencia del 70% recibido en el 2004, al  53% actual. En España esa baja se logró en 25 años y en Uruguay en los últimos 10 años de gestión. Y si se mide a los liberados que participan en los convenios de trabajo del Patronato, la reincidencia bajó aun más.

La creación de la policía comunitaria, constructora eficiente de seguridad pública, rescatando la imagen del viejo guardia civil en contacto con la gente y las familias, fue un acierto de esta gestión. Hoy se está dando el gran salto del milico prepotente al policía solidario y protector. La izquierda está logrando lentamente el objetivo de internalizar una idea fuerza central: la policía no es del Estado, es de la sociedad civil. Estos avances se complementan con las Mesas Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana, así como el Centro de Asistencia a Víctimas del Delito. Esta política de recursos humanos, respetando el salario policial, sus derechos previsionales, está modificando la vieja cultura policial, basada en una disciplina por temor y no por convencimiento. Una de las consecuencias de esta política basada en la dignidad policial, es que se terminaron las huelgas policiales espontáneas, detonadas en las épocas de los Ministros blancos y colorados, Ramírez y Marchesano. Y eso que la izquierda admitió la sindicalización de los policías, que por primera vez en la historia del instituto, forman parte de la organización única de trabajadores (Pit-Cnt).

Esta formidable masa crítica de reformas en la seguridad pública que no tiene precedentes en la historia del país, al compararla con la inacción cuasi suicida de los gobiernos colorados y blanco, nos provoca el espanto del retroceso al pasado en esta materia tan sensible para la ciudadanía.

John Sane, experto en justicia criminal de EEUU: “Las políticas desarrolladas por el Frente Amplio uruguayo para la policía, son similares a las de la ciudad de New York”

Pese a la campaña de desinformación de la coalición opositora, el esfuerzo frenteamplista fue reconocido por organismos internacionales y connotados expertos mundiales y hasta famosos gestores de la derecha política en el mundo.

Fue así que el BID calificó recientemente a Uruguay como el país más seguro de la región.

Y también el International Police Science Association se rindió a la realidad de la gestión progresista y reconoció en el Índice Mundial de Seguridad Interna del año pasado, que “Uruguay ocupa el primer lugar de América Latina en seguridad ciudadana” y el lugar 35 en el mundo donde hoy conviven 200 Naciones, estando EE.UU en el lugar 33 e Italia en el lugar 34, Chile el más cercano latinoamericano en el lugar 43, la Argentina de Macri en el 77 y el Brasil de Bolsonaro en el 94. Qué rotunda ha sido la gestión de la izquierda uruguaya, la que es infamemente acusada por la coalición conservadora de proteger a los victimarios y olvidarse de las víctimas.

Y escuchemos por si aun tenemos dudas al famoso Rudolph Giuliani, el profeta de la tolerancia cero a la delincuencia, en su reciente visita a Montevideo invitado por el dirigente de la derecha uruguaya, Edgardo Novick. El ariete de hierro de la ciudad de New York no dudó, asombrado, en reconocer el grado de profesionalismo y seriedad con que se está encarando la defensa de la seguridad pública.  Y agregó: “Si en el 2000 en Uruguay había 4.300 reclusos y hoy hay 10.000 es porque hay eficiencia para capturarlos”.

Escuchemos también a dos expertos extranjeros insospechables de haber sido contaminados por el virus izquierdista.  Dejemos hablar a John Sane, experto en políticas policiales y justicia criminal de los EE.UU.  Explicó sin titubeos: “Las políticas desarrolladas por el Frente Amplio uruguayo para la policía son similares a las de la ciudad de New York, ciudad que logró tener el más bajo índice de homicidios desde que los Beatles llegaron a EE.UU”.

Y no se quedó atrás Lawrence Sherman, jefe de la unidad de criminología de la Universidad de Cambridge y miembro del equipo del ex alcalde de New York, el mencionado Giuliani. Dijo sin ambages: “Suelo trabajar con distintos gobiernos y autoridades policiales de todo el mundo y he trabajado con las policías de 6 países sudamericanos y de estos, Uruguay es el que ha realizado el mayor progreso en los últimos años”, agregando “es el país ideal”.

No ha habido en la historia del país una gestión tan responsable para defender la seguridad ciudadana.

Me corrijo, hay otra forma, la que ejerció la dictadura durante 12 años. Pero ellos eliminaron la delincuencia porque no tuvieron competencia, apropiándose ellos mismos del monopolio de la rapiña, ejerciéndola sin límites contra un pueblo indefenso.

Solo la izquierda puede garantizar mejoras en la seguridad del pueblo, combatiendo causas y agentes que atacan ese derecho fundamental, haciéndolo con honestidad, energía e inteligencia.

La pregunta que invito a formularse a los destinatarios de las dudas sembradas con maledicencia ante la encrucijada electoral, no es si el delito aumenta o disminuye, porque su aumento anual es un fenómeno mundial, sino quién ha llevado a cabo una política responsable y permanente para combatirlo, aislarlo, contenerlo, recuperando a los infractores, política que. Insisto, no tiene precedentes en toda la historia de la seguridad pública de nuestro país. Y ello pese a la plaga del narcotráfico y a la vigencia de una legislación anacrónica que obliga al Poder Judicial a liberar una gran proporción de delincuentes, atrapados por una policía mucho más profesional y formada para servir al ciudadano, desalentada por momentos por la inutilidad parcial de un esfuerzo donde arriesgan su vida y a veces hasta su libertad.

Yo, personalmente, creo que la seguridad del pueblo uruguayo, está en las mejores manos posibles. Solo la izquierda puede garantizar esa seguridad, combatiendo las causas y los agentes que conspiran contra ese derecho fundamental, con honestidad, energía e inteligencia.

Y si esas políticas son interrumpidas y sustituidas por la inacción probada de blancos y colorados, solo deseo que no cunda el pánico y que la inseguridad del pasado no nos pille desprevenidos, y que tengamos tiempo para encomendarnos a San Judas Tadeo, el patrono de la rehabilitación de los delincuentes.

Para atenuar lo que se puede venir.

El santo no lo permita. Y el pueblo uruguayo tampoco.