Iafigliola: Una cirugía de cambio de sexo cuesta $ 600 mil y el Estado la va a tener que pagar

Este lunes 29 de julio Iafigliola expuso, en cadena nacional de radio y televisión, sus argumentos contra la Ley integral para las personas Trans.

El pre referéndum se realizará este domingo 4 de agosto.

El legislador indicó que “todos somos iguales ante la Ley y la única diferencia admitida ante la Constitución es por talentos y virtudes”.

Remarcó que la Ley Trans “rompe el principio de igualdad, otorgando a las personas trans derechos especiales”, e indicó que “la transexualidad no es una fuente de derechos especiales como tampoco lo es la heterosexualidad, y no da derechos a pagos especiales, ni a empleos públicos ni a becas”.

Iafigliola cuestionó que a través de la Ley que pretende derogar, se “permite que menores de edad, sin la autorización de sus padres, cambien su nombre y su sexo en documentos identificatorios, para adecuarlos a su identidad de género autopercibida o deseada”.

Indicó también que la Ley “permite que los menores reciban tratamientos de hormonización para adecuar su cuerpo a su identidad de género sin autorización de sus padres”, y rechazó que la misma obligue a los contribuyentes a “pagar los tratamientos de horminización e intervenciones quirúrgicas para modificar los cuerpos de personas físicamente sanas a fin de asemejarlos a cuerpos de su sexo autopercibido o deseado”.

El legislador blanco manifestó que la Ley Trans “es la consolidación de la falsa, peligrosa y totalitaria ideología de género en Uruguay”.

“Estamos ante una muy mala Ley. Nos preocupa que la Ley dé marco legal a la posibilidad de que menores de edad puedan hormonizarse y puedan hacer cambio de sexo registral, aún sin consentimiento de sus padres”, dijo.

Prudencia

El parlamentario propuso analizar el artículo 4 (C) en el cual se hace referencia a que toda persona trans es la que “se autopercibe o expresa un género distinto al sexo que le fuera asignado al momento del nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación binaria masculino femenino, independientemente de su edad y de acuerdo a su desarrollo psicosexual. Esto involucra a niños, adolescentes y adultos”.

Mientras que el artículo 21, referido al derecho a la atención integral, dispone que “toda persona trans tiene derecho a una atención integral para adecuar su cuerpo a su identidad de género, que comprenda como mínimo todos los programas y prestaciones que se determinen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley N° 18.211, de 5 de diciembre de 2007 (Sistema Nacional Integrado de Salud), incluidos los tratamientos médico quirúrgicos”.

“Si vamos a la reglamentación sobre este punto,  vemos claramente que la primera prestación que está prevista en el artículo 21 son las hormonizaciones para las personas trans donde están incluidos los menores de edad”, expresó.

Indicó que el artículo 8 del Código de la Niñez y Adolescencia establece que “todo niño y adolescente goza de los derechos inherentes a la persona humana. Podrá acudir a los Tribunales y ejercer los actos procesales en defensa de sus derechos, siendo preceptiva la asistencia letrada. El juez ante quien acuda tiene el deber de designarle curador, cuando fuere pertinente, para que los represente y asista en sus pretensiones”.  Por tal motivo, indicó que aparece la figura de un “curador que, en nombre del Estado, acompañará al menor en la pretensión de llevar adelante un cambio de sexo”.

Iafigliola citó opiniones que distintos médicos brindaron ante la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado, como por ejemplo de la doctora Patricia Bozzo, ex grado 2 de la cátedra de Endocrinología y Metabolismo del Hospital de Clínicas quien dijo: “Uno se pone a pensar si no será un abuso infantil pedirle a un niño o a una niña con 9, 10, 11 o 12 años que decida algo que le va a trastocar la vida para siempre”.

“Hay una palabra que resume la actitud que debemos tener con estos niños y niñas y adolecentes trans y es: prudencia, por ser menores, porque el tratamiento médico en años de crecimiento provoca alteraciones irreversibles a corto y largo plazo y porque solo una minoría persiste con esta autopercepción distinta a su sexo biológico y solo sabremos quién una vez terminada la pubertad”, citó Iafigliola declaraciones de médicos ante el Senado.

Dijo que ello “violenta el artículo 41 de la Constitución de la República el cual establece que ‘el cuidado y educación de los hijos para que alcancen su plena capacidad corporal intelectual y social es un deber un derecho de los padres’”.

En ese marco, indicó que es grave e inconstitucional que el Estado borre la patria potestad”.

Añadió que otro aspecto que le preocupa de la Ley es que “el Estado garantizará a las personas trans los tratamientos y las cirugías”.

“Una cirugía de cambio de sexo cuesta más de 600 mil pesos y el Estado las va a tener que pagar. Una gran paradoja porque el Estado no logra cubrir cuestiones básicas de salud, medicamentos de alto costo, tratamientos donde muchas veces las personas terminan recurriendo a colectas para poderlos llevar adelante”, lamentó.

Dijo que si hay personas que tienen sus derechos vulnerados, entonces se debe trabajar para “llevar adelante políticas públicas para resolver situaciones de vulnerabilidad social”.

Cuestionó que recibió “insultos y amenazas”, y pidió concurrir a las urnas este 4 de agosto “por los más vulnerables de nuestra sociedad, por nuestros niños, hijos, nietos y en defensa de los padres de su derecho a cuidar y educar a sus hijos”.