FA expresó “absoluto respaldo” a decisión de Vázquez de cesar a cúpula militar
El Frente Amplio manifestó su “absoluto respaldo” a la decisión del presidente de la República, Tabaré Vázquez, de destituir a dos de los tres generales que integraron el Tribunal de Honor militar: el comandante en jefe del Ejército, José González; y del jefe del Estado Mayor de la Defensa (ESMADE), Alfredo Erramún; y solicitar el pase a retiro del jefe de la División de Ejército IV, general, Gustavo Fajardo, entre otros militares.
Tras la decisión de Vázquez -que se conoció luego de que el militar retirado José Nino Gavazzo reconociera ante el Tribunal de Honor que en 1973 arrojó al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro, detenido y torturado hasta la muerte en el Grupo de Artillería 1-, el FA manifestó su respaldo al mandatario.
En tal sentido, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, expresó este lunes 1º de abril que “es necesaria la condena unánime de todos los habitantes de la República a las violaciones de los derechos humanos, a los crímenes de lesa humanidad que se han mantenido en la impunidad durante tanto tiempo y la falta de colaboración de actores claves para esclarecer la verdad y hacer justicia”.
Dijo que es importante que “todo el espectro político respalde la actuación del presidente en este aspecto”.
También indicó que le “preocupan manifestaciones de algunos dirigentes políticos del espectro nacional en cuanto a reivindicar la dignidad del ex comandante en Jefe del Ejército, cuando esa dignidad involucra la omisión de denunciar delitos de los que tuvo conocimiento”.
“Hay que ser categórico en la condena de los actos de violaciones a los derechos humanos, dimensión que es insoslayable en esta discusión”, expresó Miranda.
Dijo que “hubo personal militar de la más alta jerarquía que estuvo al tanto de delitos gravísimos que implican crímenes de lesa humanidad, y no se transitó el camino de la Justicia que es el que debió haberse transitado”.
La verdad es impostergable
“Se debe seguir investigando, buscando la verdad, siguiendo los procedimientos judiciales que den la garantía del debido proceso y proceder a la sanción de los responsables de las violaciones a los derechos humanos”, sentenció Miranda.
Expresó además que “la Fiscalía tiene el poder y el deber de actuar de oficio en esta materia, dándole curso judicial ante la noticia de estos delitos”.
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