Diputados respalda por mayoría, las actuaciones de los ministros Basso y Murro

La interpelación a los ministros Basso y Murro fue promovida por el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, quien cuestionó la decisión de los legisladores del Frente Amplio de “impedir” que la Comisión Investigadora sobre la situación de ASSE y la estafa al FONASA continuara trabajando.

Durante su exposición, Rubio planteó una serie de interrogantes referidas a: “las irregularidades en los hospitales de Bella Unión y Rivera, Durazno, en el Pereira Rossell, Filtro, Pasteur y Vilardebó, así como también en el Centro de Salud del Cerro, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), y las consecuencias de las tercerizaciones”.

Tras la interpelación, que se extendió por 11 horas, los legisladores del Frente Amplio aprobaron una moción en la que se considera “plenamente satisfactorias las explicaciones brindadas, así como las acciones emprendidas” por ambos secretarios de Estado.

De este modo quedó sin efecto la moción que presentaron los legisladores de todos los partidos de la oposición, por la que se solicitaba la “renuncia del ministro Basso en virtud de los graves incumplimientos de las normas que regulan su competencia”.

También pedían“auditorías externas para todas las unidades ejecutoras de ASSE y del Banco de Previsión Social”, y manifestaban su “rechazo a las declaraciones vertidas por el ministro Murro por considerarlas absolutamente insatisfactorias”.

Presupuesto de ASSE es 2% del PBI

En dicho marco, el ministro Basso resaltó el hecho de que el presupuesto de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) “pasó del 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2005 al 2% en 2017 y se incrementó la inversión en un 187%”.

Remarcó que ASSE “es el principal prestador del sistema de salud en términos cuantitativos, ya que atiende al 40% de la población, lo que supone 1.3 millones de personas”.

Agregó que también cuenta con más usuarios por el Fondo Nacional de Salud (FONASA), un tercio de todos sus afiliados, 32.000 funcionarios y más de 900 puestos de atención distribuidos en todo el país”.

Recordó que “históricamente  ASSE cumplía un rol subsidiario en el sector salud, salvo experiencias puntuales, y era medicina para los más pobres, con carencias de todo tipo. Era un prestador para pobres, con pobres instalaciones, pobres salarios y resultados asistenciales desconocidos, porque no existía ningún tipo de información asistencial ni económica”.

Mientras que en la actualidad, “ASSE cuenta con servicios paradigmáticos en distintos puntos del país, como el Centro Hospitalario Pereira Rossell, principal maternidad del país y mejor puerta de emergencia pediátrica; el hospital Maciel, en constante crecimiento; el hospital Pasteur, con la mejor puerta de emergencia para adultos; el Hospital de Ojos, que le cambió la vida a muchos uruguayos, y el Instituto Nacional del Cáncer, con tecnología de última generación para el tratamiento de esta patología”.

“En el interior del país, se destaca el hospital de Tacuarembó, futuro centro cardiológico público junto con el Hospital de Clínicas, y el CTI pediátrico del hospital de Salto, que atiende a todos los niños del departamento”, enumero el secretario de Estado.

Añadió que a todo ello se suma “el despliegue territorial del primer nivel de atención, que logró impactar en forma positiva en la mortalidad neonatal y en la general”.

También remarcó que “el índice de satisfacción de los usuarios, que es similar al de los prestadores privados y apenas inferior al de los seguros de salud”.

En cuanto a la fidelidad de sus afiliados, dijo que “es superior a la de las mutualistas y prácticamente igual que la de los seguros”.

Basso expresó que “la difusión de hechos puntuales vinculados a irregularidades en la gestión no puede opacar las mejoras que tiene ASSE en relación a la calidad de la atención”.

Resaltó la reforma sanitaria que lleva 11 años e implica un cambio en el funcionamiento del sistema. “Antes, solo 700.000 usuarios contaban con un seguro de salud por enfermedad que atendía únicamente a los trabajadores dependientes del sector privado (conocido como DISSE) y el resto pagaba una cuota única, en forma independiente de su nivel de ingreso”.

“Esto implicaba que personas mayores, discapacitados y embarazadas no fueran aceptados por las instituciones y se los obligara a pagarse un examen de ingreso que los habilitara a utilizar los servicios pero con limitaciones”, comparó.

Remarcó que dicha situación cambió totalmente y en la actualidad “se paga en proporción de los ingresos y ninguna institución puede negarle la afiliación a ninguna persona”.

Denuncias y multas

Por su parte, el ministro Murro aseguró que el BPS “no estuvo omiso” ante la estafa al FONASA, sino que además fue el organismo que presentó denuncias e incluso aplicó multas ante las irregularidades.

Dijo que desde su ingreso como director social al Banco de Previsión Social (BPS), en 1992, se aplicaron multas, se hicieron denuncias penales y se ayudó a crear normas.

Asimismo, aseguró que el sistema de seguridad social mejoró en estos años de tal forma que colaboró en evitar la intermediación lucrativa.

Además, “por la denominada ‘estafa al FONASA’ no hay ningún funcionario del BPS procesado ni siquiera citado en calidad de indagado”, remarcó el secretario de Estado.

En otro orden, Murro rechazó las afirmaciones de los legisladores de la oposición que cuestionaron el hecho de que “una persona de 83 años no se pudo operar de los ojos porque se le dijo que estaba afiliada al CASMU y argumentaron que “ello demuestra la gravedad y la importancia de estudiar a fondo el capítulo referido al FONASA”.

“Ello no es cierto, porque una operación de ojos no depende de que una persona esté afiliada a ASSE, sino de cuánto percibe de jubilación”, explicó Murro y remarcó que es “otro error de la oposición».