Asociación Rural exige neutralidad y respeto del gobierno en Consejos de Salarios

La ARU publicó un editorial en su revista Nº 193 (edición especial Prado) referida a “Los Consejos de Salarios y su vigencia”.

En la misma, los ruralistas manifiestan que los Consejos de Salarios constituyen un “instrumento fundamental en el necesario acuerdo entre las empresas y los trabajadores”.

“No se trata de la confrontación sanguínea entre intereses contrapuestos, antes bien todos los actores están condicionados por los avatares de la economía del país y las circunstancias que determinan la competitividad de las empresas que en ella se desempeñan”, indican.

A la vez manifiestan que empresarios y trabajadores “están en un mismo barco que avanza si ambos reman en la misma dirección, esto es asegurar la creación de trabajo a través de la iniciativa privada, principal razón de empleo en una economía de libre mercado”.

Cuestionan que “si hay quienes entienden que los Consejos de Salarios son una trinchera más para la lucha de clases, atentando contra la libre empresa y la economía de mercado, entonces el instrumento se prostituye en su rol de ámbito de acuerdos en el marco de los valores y principios de la democracia liberal y la vigencia de sus instituciones”.

Falta de garantías

Explicaron que la decisión de las gremiales rurales de retirarse de los Consejos de Salarios se fundamentó en “la falta de las garantías que deberían ser otorgadas por quien se espera sea el fiel de la balanza asegurando la equidad en estos ámbitos, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en representación del gobierno de la República”.

Remarcan que lo actuado por la gremiales se reafirma con los hechos ocurridos en ramas de otros rubros donde “postergaron y/o suspendieron sus respectivos consejos en función de actos administrativos infundados relativos a todos los grupos, donde las debidas formalidades fueron omitidas integralmente por la Dirección Nacional de Trabajo».

Indican que la Dirección del Trabajo aplicó correctivos que “no respetan lo acordado en la anterior ronda de negociaciones (2016) en contradicción a los datos objetivos de la evolución de los datos económicos (IPC) del país en el último período”.

Oídos sordos

La Asociación Rural denuncia que la actual postura del Ministerio de Trabajo “ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la OIT frente a los reclamos de las Cámaras empresariales, haciendo oídos sordos a las indebidas e ilegítimas ocupaciones de empresas privadas, donde los empresarios y trabajadores que discrepan con los conflictos promovidos desde un sindicalismo clasista son coartados en el derecho de acceder a sus instalaciones aun cuando de ello dependa la propia conservación de bienes perecederos”.

“Exigimos neutralidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como también el respeto a las formas exigidas por la Constitución, leyes y decretos vigentes”, expresa la ARU.