Fiscalía pide que ex militares sean conducidos a declarar por torturas y abuso a menores en dictadura

En abril de 1975 el Ejército uruguayo detuvo a 39 adolescentes militantes de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC) que tenían entre 13 y 18 años, y luego fueron torturados abusados sexualmente en el Batallón de Infantería N° 10.

Se trata de uno de los episodios más graves de la represión de la pasada dictadura militar debido a la edad de las víctimas y la magnitud de los hechos cometidos.

En octubre de 2011 las víctimas presentaron una denuncia penal y en abril del año siguiente ratificaron la declaración en el juzgado donde presentaron los nombres de los militares acusados. El caso lo patrocina el Observatorio Luz Ibarburu.

Conducidos a declarar

En tal sentido, el fiscal Perciballe  presentó un escrito a la actual jueza del caso, Patricia Techera, en el cual cuestiona que “a siete años de instrucción no ha declarado un solo indagado, es más no se han dignado a comparecer a la Sede Judicial”.

Perciballe expresa que como parte de la estrategia de “obstrucción de la Justicia”, la defensa de los militares retirados: Rubi Daniel Feola Núñez, Pedro Buzo Correa, Juan Luis Alvez García y Mohacir Leite Urioste pidió el archivo del expediente alegando la “prescripción de los delitos”.

Por su parte, el médico Hugo Díaz Agrelo (ahora fallecido) había pedido una “excepción de inconstitucionalidad” lo que paralizó la causa entre junio de 2012 y julio de 2014.

“Con estos recursos los indagados lograron detener la instrucción con cuestiones de procedimiento ajenas al centro del caso. De los siete años de instrucción, cuatro se consumieron en resolver incidentes que debieron sustanciarse en piezas aparte”, manifiesta Perciballe en su escrito, el cual difundió el Observatorio Luz Ibarburu.

Imprescriptibilidad

El fiscal también remarca la “imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, y la obligación del Estado de cumplir con el dictamen que surge de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman, en el sentido de que no puede haber normas que obstaculicen la investigación y sanción de los delitos por graves violaciones a los derechos humanos”.

Perciballe reclamó que se proceda a conducir ante la Justicia a los cuatro militares que hace más de un año fueron citados a declarar y no se presentaron.

“Cuando policías y/o militares son citados a declarar sobre temas vinculados al pasado reciente, no se presentan a la Sede y sólo comparecen sus defensas (mediante escrito) a interponer la excepción de prescripción, ello no corresponde con lo que realizan los restantes ciudadanos del país que cumplen con su obligación de concurrir ante la citación de un magistrado”, denuncia el fiscal especializado.

Por ello reclama que se dé igual tratamiento a los citados con respecto a los restantes indagados en innumerables causas existentes.

Otras medidas

Por otro lado Perciballe solicitó “una inspección ocular” en el Batallón N° 10, que se oficie al Equipo especial auxiliar de la Justicia en crímenes de terrorismo de Estado del Ministerio del Interior para identificar y citar a otros siete militares señalados por las víctimas como responsables de la tortura.

También pidió que “se libre exhorto” a Chile para pedir la extradición del militar retirado, Wellington Sarli.

Entre las medidas probatorias, el fiscal solicitó que “se oficie al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina para que realice un informe sobre las posibles consecuencias provocadas por el tipo de tortura que los jóvenes y las muchachas sufrieron en el cuartel”.