Espacio 567 advierte que militarización de la sociedad lleva a más violencia
La Mesa Ejecutiva Nacional del Espacio 567 emitió una declaración a través de la cual rechaza el planteo de Alianza Nacional de habilitar la presencia del Ejército en el combate a la delincuencia y advierte que la militarización lleva a más violencia, injusticia y fragmentación social.
El Espacio 567 (que integran el Partido por la Victoria del Pueblo, agrupación Arerunguá, Espacio 567 Colonia, Espacio 567 Canelones, agrupaciones departamentales e independientes) emitió una declaración en la cual hace un llamado a un debate sobre los temas de seguridad.
En la declaración, el sector frenteamplita recuerda que el 8 de enero el Poder Ejecutivo por Decreto Nº 6/2018 amplió la misión de las Fuerzas Armadas en relación a la vigilancia de fronteras y extendió el área de acción a 20 kilómetros de la frontera. Esta decisión “nunca fue informada y fundamentada a la orgánica del FA, ni al Parlamento”.
Recuerdan que en su momento expresaron sus “discrepancias” con ampliar las funciones de las Fuerzas Armadas en relación con la seguridad interna y plantearon la necesidad de profundizar el análisis y debate del tema.
Desde el Espacio 567 reiteran la solicitud de “abrir un debate, ya que el camino de la “guerra contra las drogas” invocado para la toma de definiciones es el mismo que se recorre desde la época de Ronald Reagan y solamente puede exhibir fracasos en todo el mundo, dejando un tendal de muertes y exclusión; con fortalecimiento del narcotráfico y recrudecimiento de la violencia social, sobre todo entre quienes se encuentran más vulnerables social y económicamente”.
Plantean que la “guerra es contra el narcotráfico, y no se pelea con soldados ni recortando derechos, sino regulando y controlando la producción, distribución y consumo de sustancias psicoactivas, de forma tal de arrebatar a los narcos las ganancias astronómicas que tienen gracias a que las drogas son ilegales”.
“También desplegando un potente abanico de políticas sociales en educación, salud, de promoción de acceso al trabajo, de vivienda y mejora del hábitat, de políticas culturales, de recuperación de espacios públicos y de recreación, y junto con todo esto políticas de prevención y represión”, plantea el sector frenteamplista.
Expresan preocupación por las declaraciones “intimidantes y peligrosas” realizadas por el director Nacional de Policía, Mario Layera, las que “permiten vislumbrar con mucha claridad que lo que llaman guerra contra la drogas es en realidad una guerra contra los pobres”.
En el mismo sentido cuestionan las afirmaciones del general del Ejército, Guido Manini Ríos, quien planteó que la “batalla más importante y urgente” es el “combate frontal a la marginalidad social y cultural”.
Grosero error
“En este marco se incluyen también declaraciones de algunos dirigentes políticos del Partido Nacional sumándose al pedido de que el Ejército asuma funciones para las que notoriamente no están preparados, en particular la reforma constitucional impulsada por Jorge Larrañaga para habilitar la participación de militares en la seguridad interna y otras medidas de profundización de la represión”, cuestionan.
A la vez, recuerdan “la autocrítica que hizo el extinto líder blanco Wilson Ferreira Aldunate a la salida de la dictadura, por haber dado con su voto marco jurídico en 1972 para la salida de los militares de los cuarteles, iniciándose así el proceso de ascenso autoritario que culminó en el golpe de Estado. Parece que se quiere repetir el grosero error que consecuencias tan nefastas tuvo en su momento”.
Además advierten que “es más peligroso fomentar la convicción de que son los militares los que nos pueden salvar porque serían los que tienen las aptitudes para hacerlo”.
“Existen muchas experiencias en nuestro continente de aplicación de esta visión como México, el Salvador, Guatemala, Brasil, que muestran que la militarización de la sociedad ha llevado a más violencia, injusticia y fragmentación social”, sentencia el Espacio 567.
Por ello realiza un llamado al Frente Amplio “a detener este rumbo de profundización de la opción represiva para resolver los problemas de convivencia y seguridad”, y proponen abrir un debate “profundo y consciente sobre la sociedad que queremos construir”.
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