Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos renunció al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia

Tras informar sobre el alejamiento del grupo de trabajo, Madres y Familiares afirma que “no se ha querido presionar a los militares para que aporten la información que poseen (confirmada con el plano anónimo que permitió ubicar a Fernando Miranda en 2005 y la información en poder del comandante de la Aviación que permitió ubicar a Ubagésner Chaves Sosa ese mismo año)”.

“Avanzar en verdad y justicia requiere no sólo del trabajo de víctimas y familiares, sino establecer una política que enfrente las dilaciones de quienes tienen la información, ya que al no darla perpetúan las consecuencias de lo que fue un Estado terrorista y dictatorial, que se muestra aún como no desarticulado”, expresa el grupo.

Aseguran: “La responsabilidad de investigar, de hacer justicia y de hallar a nuestros familiares fue, es y será del Estado”.

También reafirman la confianza de que su fuerza proviene de la “conciencia colectiva que cierre el paso a la impunidad”.

“Seguiremos trabajando. Hasta encontrarlos”, sentencia Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Comunicado

He aquí el texto íntegro del comunicado:

“Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos comunica por este medio su renuncia al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia.

Integramos este grupo desde que fuera creado por un decreto del Presidente Tabaré Vázquez con la intención expresa de avanzar en la investigación sobre lo sucedido en dictadura; aportar más documentación a los juicios; obtener nuevos archivos de la represión; buscar a los desaparecidos; mejorar las leyes reparatorias y los trabajos por Memoria.

Como expresamos en su momento, aceptamos ingresar manteniendo la postura que marcaron nuestras Madres: contribuir responsablemente en todas las iniciativas surgidas para trabajar por Verdad y Justicia. Esta actitud implica reconocer tanto los avances, cuando estos existen, como reclamar, desde el lugar que nos es propio, las carencias e insuficiencias de los mismos, manteniendo una actitud crítica e independiente.

Resaltamos la voluntad manifiesta del grupo de trabajo por superar las dificultades de este diseño institucional, su compromiso con el tema y el claro mensaje que dio al apoyar la interpretación amplia del acceso a la información, algo largamente exigido.

Como contrapartida, el trabajo se desarrolló con una gran lentitud determinada por la misma heterogeneidad de su conformación y por las dos estructuras (Secretaría y Grupo de Trabajo) que nunca lograron acompasarse del todo. A esto se suma la inmensa cantidad de temas que les encomendó el decreto y la maquinaria burocrática del Estado siempre lenta para ejecutar incluso las resoluciones tomadas.

El más importante de los logros, junto a la elaboración del proyecto que mejora la Ley reparatoria, fue la orden presidencial de acceso a los archivos en dependencias militares. Pero esto también fue difícil de efectivizar por la tardanza en contratar equipos de trabajo. Sólo se concretaron cuatro contratos luego de cinco meses de trabajo honorario en el archivo del FUSNA. El material al que se tuvo acceso demostró la relatividad de los archivos estudiados, ya que técnicamente – salvo el de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) – no eran tales. Toda la documentación a la que accedimos es parcial, está desorganizada y son evidentes los faltantes.

Por lo tanto, ese inmenso y persistente trabajo de pedir y esperar, no se ha visto plasmado en información real y de calidad, en el acceso a fuentes reales de inteligencia militar, lo que terminó por no aportar datos relevantes en la búsqueda de nuestros desaparecidos. Esto reafirma una vez más lo lejos que estamos de romper las barreras levantadas por la institución militar, la cual colabora abiertamente con la impunidad retardando los avances democráticos.

Pero tampoco el acceso a los archivos existentes en el grupo de trabajo aportados a los juicios incidió en los mismos, donde persistió el empantanamiento y el uso desmedido  de las habituales “chicanas”.

Por todo eso, afirmamos una vez más que el principal obstáculo en la búsqueda de los desaparecidos y de la verdad y justicia ha sido y sigue siendo la falta de decisión política con respecto a las FFAA. No se ha querido presionar a los militares para que aporten la información que sabemos poseen (confirmada con el plano anónimo que permitió ubicar a Fernando Miranda en 2005 y la información en poder del Comandante de la Aviación que permitió ubicar a Ubagésner Chaves Sosa ese mismo año).

No se han enviado mensajes contundentes a la institución militar sobre cuál sería el único camino para superar eso que llaman “carga del pasado” (o sea sus propios crímenes impunes). Hasta ahora no se enfrentan las dilatorias de los indagados para concurrir a la justicia, ni el carácter “especial” y privilegiado de los condenados con “prisión domiciliaria” – a pesar de las denuncias sobre la violación de la norma -, ni la anacronía de la jubilación que se sigue pagando a condenados y fugados (por mencionar algún ejemplo).

La esperanza en los resultados que podría aportar el grupo de trabajo se fue debilitando con el paso del tiempo. A esto se suma el entredicho con el comandante en Jefe del Ejército que aportó datos falsos sobre enterramientos, hecho que una vez más no tuvo consecuencias.

Avanzar en verdad y justicia requiere no sólo del trabajo de víctimas y familiares, sino establecer una política que enfrente las dilaciones de quienes tienen la información, ya que al no darla perpetúan las consecuencias de lo que fue un Estado terrorista y dictatorial, que se muestra aún como no desarticulado.

Esta impunidad compromete el presente y el futuro. Lo vemos hoy en declaraciones de políticos y militares diciendo que el Ejército puede ayudar en el control de la seguridad ciudadana, cuando aún no se ha hecho cargo de sus propios crímenes. Lo vemos en las declaraciones del comandante en Jefe diciendo que son los más interesados en encontrar a los desaparecidos, cuando los mantienen secuestrados en sus propios predios. Lo vemos en las últimas sentencias de la Suprema Corte de Justicia, en cuanto a no considerar como crímenes de lesa humanidad a la tortura y la desaparición de personas.

La responsabilidad de investigar, de hacer justicia y de hallar a nuestros familiares fue, es y será del Estado.

No cambia este hecho que nos integremos o no a las distintas formas institucionales que se instrumenten. Encontrar a los desaparecidos no es una lucha exclusiva de los Familiares, es el derecho de cualquier ciudadano de un país libre a formar parte de un Estado que no lo secuestre, torture, asesine y desaparezca.

Reafirmamos hoy al igual que cuando nos integramos al grupo de trabajo, que nuestro único compromiso es y será con la Verdad, Justicia y Memoria, para que Nunca más haya Terrorismo de Estado.

Reafirmamos nuestro compromiso de enfrentar cualquier violación a los Derechos Humanos.

Reafirmamos la confianza de que nuestra fuerza proviene de la conciencia colectiva que cierre el paso a la impunidad. Seguiremos trabajando. Hasta encontrarlos.

Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más Terrorismo de Estado.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos”.