Constanza Moreira afirma que movilización del agro es una campaña contra el Frente Amplio

«Este verano, ‘el campo’ uruguayo ha decidido dar una lucha cuyos objetivos no están claros, cuya agenda tampoco está bien definida, pero cuyas movilizaciones han sorprendido a muchos (hasta a ellos mismos)«, comentó la senadora. «Pero ‘el campo’ es un nombre demasiado genérico para un factor de producción atravesado como el que más por las contradicciones del capitalismo periférico y las desigualdades de clase», agregó Moreira.

De acuerdo a la legisladora, estas movilizaciones son una campaña en contra del Frente Amplio hacia las próximas elecciones nacionales. «En algunos departamentos la filiación partidaria de buena parte de sus acólitos está clara (es un paro no solo contra el gobierno sino contra el Frente Amplio de cara al 2019), aunque en otros, las movilizaciones han estado protagonizadas también por pequeños o medianos productores y una ‘clase media agraria’ difícil de cuantificar».

Para Moreira, lo más difícil de discernir es «cuánto de este conflicto es real», en un sentido material, «y cuánto simbólico (en el sentido político, superestructural e ideológico)». «Una izquierda que se precie de tener una respuesta no sólo ’emocional’ frente al problema, tiene que dar cuenta de esto. Estamos ante una batalla distributiva que no es, como se suele creer, entre ‘el campo y la ciudad’, sino entre capitalistas y trabajadores y, peor aún, entre dueños de la tierra y productores», añadió.

«Si no apreciamos estas contradicciones y luchamos políticamente por “abrir la caja negra” de este conflicto, podemos quedar rehenes de una demanda especulativa, inorgánica, y de la que sólo puede sacar partido la derecha», explicó la senadora.

Comparó la situación actual que atraviesa nuestro país con el conflicto agrario, con lo sucedido en el año 2008, donde «‘el campo’ le dio un buen sacudón a la política argentina», donde tuvo grandes «costos para la administración de la entonces presidenta Cristina Fernández: el Ministro de Economía renunció, el Vicepresidente Cobos la traicionó y el gobierno debió dar marcha atrás con lo propuesto».

A pesar del gran golpe político, «también tuvo algunos efectos positivos, como poner de manifiesto un conflicto productivo y social que enfrentaba al trabajo con el capital y al gobierno con las presiones de la vieja y nueva “oligarquía agraria” (riquísima, autoritaria, despótica)».

«Las manifestaciones de nuestro “campo” en estos días han puesto en cuestión el corazón mismo de las políticas del gobierno», comentó Constanza Moreira. «Han discutido las políticas cambiaria, fiscal, laboral y social. Puestas así las cosas, es claro que la protesta es contra el programa de gobierno del Frente Amplio. Mas esta misma demanda parece insostenible, ya que la misma política económica del gobierno y sus mismos ministros (Aguerre, Astori, antes alabados por quienes hoy se manifiestan), les ha llevado a obtener extraordinarias ganancias en los últimos quince años», explicó la legisladora. «Y ahora que el agro enfrenta dificultades (como todo el país las enfrenta, y buena parte de la región), ninguna de las políticas que ellos denuncian parecen ser, en realidad, parte sustancial del problema», añadió.

Constanza Moreira analizó «el tema de los ‘costos': si éstos son altos, la rentabilidad de los empresarios rurales se deteriora. Los costos no han crecido, pero como otras cosas han decrecido (el precio de los commodities, la demanda externa, entre otros), ahora los precios parecen altos. Detrás de esta demanda, se vehiculiza la crítica a las empresas públicas que comenzó con las denuncias contra ANCAP. Pero la demanda sobre los costos energéticos sólo enmascara un pedido de subsidio, ya que los costos energéticos de este país siempre han sido altos, y nada de lo que la oposición propone ni ha propuesto en estos años (como ‘importar’ petróleo) serviría para reducirlos».

«¿Qué están pidiendo entonces?», se preguntó, «¿Que el Estado les subsidie los costos energéticos? ¿Y por qué el Estado habría de subsidiárselos a ellos y no al resto de la ciudadanía?», reprochó. «Allí lo único que parece apropiado es separar a los sectores y empresarios que están en verdaderos apuros, de los que sólo protestan porque ya no pueden obtener las pingues ganancias del pasado».

«Sobre la política fiscal, los argumentos son ya tan manidos y conocidos que poco puede agregarse. Evidentemente, ni el IRAE, ni el IRPF, ni –obviamente- el Impuesto a Primaria van a alterar la ecuación de su rentabilidad. La presión impositiva sobre el agro en Uruguay es más que moderada y la presión tributaria sobre el factor “tierra” es muy inferior a la que requeriría una política de redistribución de activos que permitiera superar la desigualdad endémica del país. Sin duda, un abaratamiento de todos estos “costos fiscales” los ayudaría, pero el agro no atraviesa una situación difícil como resultado de la presión “fiscal” del Uruguay».

Aseguró que «la gota que colmó el vaso de la paciencia de muchos uruguayos y uruguayas es la disputa contra la política social», donde explicó que «las políticas sociales destinadas a los sectores de menores ingresos no llegan ni a medio punto del producto y no comprometerán jamás el ‘gasto público’ uruguayo».

«Ahora bien, la movilización ‘del campo’ no debe leerse ‘únicamente’ en clave política, de cara a 2019. Hay algo de las contradicciones agudas del capitalismo que se juega allí, entre la rentabilidad que disputan los dueños de la tierra, los productores y los asalariados», comentó Constanza Moreira.