Diputado Eduardo Rubio: “El Sistema Integrado de Salud es el gran negocio para las empresas privadas”

LARED21 presenta la mirada de un sector de la oposición sobre la gestión de ASSE, en el marco del trabajo de la Comisión Investigadora en la Cámara de Representantes. En una próxima entrega ofreceremos la posición del partido de gobierno.

-¿Por qué fue necesario crear una investigadora sobre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE)?

En la investigadora sobre ASSE, nos enfrentamos a situaciones de irregularidad y  de corrupción.

-Lo decidimos a partir del cúmulo de denuncias que recibimos, el material que obtuvimos de las propias auditorias que encargó ASSE tanto externa como internas. Primero fue la necesidad de informarnos. En cada salida al interior recibimos reclamos y denuncias. En el receso parlamentario (enero 2017) cuando el Diputado Martín Lema (Partido Nacional) interpeló al Ministro de Salud, Jorge Basso, observamos la falta de respuesta del Ministro, y a eso hay que agregar los materiales que teníamos nosotros. Allí llegamos a la conclusión que debíamos instalar una investigadora. La pregunta fue ¿para qué? Primero para ir a fondo en las denuncias que demostraban que había cosas que estaban mal, en segundo lugar, para corregir lo que está mal, y en tercer lugar para que los responsables asuman la responsabilidad. Estamos ante situaciones de ilicitud y ante situaciones de ilegalidad. Por último, nuestro objetivo es que el dinero que la sociedad vuelca a la atención en salud, se traduzca en un mejor nivel de atención para la gente. Uruguay vuelca 3 mil millones de dólares por año a la salud, dos mil cien millones se los lleva el sector privado. Ahí está una de las causas del problema que tenemos. La investigadora no está para discutir el Sistema Nacional Integrado de Salud. Lo que sí la investigadora va  a demostrar, son las fallas más importantes del Sistema y qué aspectos hay que modificar.

-¿Hay irregularidades, corrupción o ambas?

-Creo que hay de las dos cosas. Hay jerarcas de organismos públicos que contratan servicios y si no los necesitan generan la necesidad, y además, contratan a su empresa o a la empresa que formaron con ese objetivo. Esto es corrupción, no hay otra forma de llamarlo. Hay casos de conjunción del interés público y privado. En esta investigación, vamos a enfrentar hechos de corrupción.

-¿A qué lugares se refiere?

A partir de la tercerización y la privatización es el ámbito donde se encuentran la mayor cantidad de irregularidades.

-La auditoría externa que hizo ASSE fue “livianita”, las consultas se hicieron por mail. Mandaban el mail y la Unidad Ejecutora respondía si quería. De 70 unidades respondieron 29 y la Auditoría encontró irregularidades en 27.  Además, ASSE hizo una Auditoria Interna y fue a fondo. Colocó auditores en las unidades ejecutoras y pidió toda la documentación. Auditaron 20 de las 70 unidades y en todas hallaron irregularidades. Recibí denuncias en unidades ejecutoras que no fueron auditadas. Todas recorren los mismos caminos, la tercerización y privatización de servicios. A partir de la tercerización y la privatización, es el ámbito donde se encuentran la mayor cantidad de irregularidades. Los servicios de limpieza, de conserjería y camilleros. En esos servicios, se repiten las mismas empresas a lo largo y ancho de todo el país. Las mismas empresas tienen camilleros, conserjería y guardias de seguridad, “calculo que también deben volar aviones”, las mismas empresas que además, en general incumplen los contratos. Por ejemplo “no cumplen con el depósito de fiel garantía”. Si falla algo, la empresa se va y quien paga, ASSE. El Estado es el último responsable. Ocurren todo tipo de incumplimientos, en muchos lugares se espera que se venzan los plazos de la licitación y como hay que cubrir el servicio se contrata a la misma empresa. Te “salteas” la licitación y seguís contratando a la misma empresa. Se fraccionan compras para hacerlas en forma directa y zafar los controles. Hubo casos, en el Hospital Pereira Rossell por ejemplo, que cuando la auditoria pidió el contrato, al contrato le faltaban hojas. Son cuestiones muy graves.

El otro rubro, es la contratación de privados para hacer los traslados y este aspecto es brutal. Bella Unión ha sido un caso emblemático, además hay implicancias políticas muy graves. El problema en Dolores, Bella Unión y Mercedes, es un “calco”. En Bella Unión hasta 2012 el Hospital cubría los traslados con equipos propios, incluso tenía equipos para traslados especializados, había cobertura de enfermeros y de médicos. Cuando  no daban abasto, un accidente múltiple por ejemplo, contrataban en forma directa a privados. Contrataban en Artigas o en Salto. En 2012, estando de Director uno de los dueños de la empresa SIEM, se empezó a desmantelar el servicio de traslados, hasta que en 2013 dicho servicio colapsó. Entonces ASSE comienza a contratar a una empresa privada. En 2012 cuando todavía tenía unidades de traslado, aunque menguadas, ASSE pagaba 560 mil pesos en traslados, en 2013 pasó a gastar 8 millones de pesos, en 2014 y 2015 más de 13 millones de pesos cada año. Es decir, una diferencia abismal. Luego se hizo la denuncia, ASSE rescinde el contrato y ¿qué pasó?  ASSE que no podía cubrir los traslados, “milagrosamente” los empieza a cubrir. Sin embargo, se sigue contratando por compra directa para aquellos traslados que el Hospital (Bella Unión) no puede cubrir. Y sigue contratando a la misma empresa (SIEM) propiedad de los Directores del Hospital.

-¿Qué respondió ASSE respecto a seguir contratando a la empresa de los Directores?

-La respuesta fue genérica, se argumentó que no se puede esperar cuando hay vidas en riesgo. Los traslados no son todos de urgencia, puede pasar que las ambulancias del Hospital (Bella Unión) estén ocupadas, pero lo que no hay que hacer es llamar siempre a la misma empresa.

-¿Lo que pasa en el Hospital de Bella Unión se repite en otros hospitales?

Trasladar un niño del Pereira Rossell a la Española, es decir “cruzar la calle” cuesta en una ambulancia privada no menos de 1.200 dólares.

-Sí, se da en otros lugares, en el Pereira Rossell por ejemplo, el contrato con la Cámara de Emergencias Móviles, representa un gasto astronómico. Un trabajador de las emergencias me contó que le tocó trasladar a un niño del Pereira Rossell al CTI de la Asociación Española, es un traslado especializado sin embargo, parece un exceso que “cruzar” tenga un costo no inferior a 1.200 dólares. Más grave es que el Pereira Rossell contrata para hacer traslados internos a las emergencias privadas. Le decís a la mamá de un niño “tómalo subí a la ambulancia”, y dentro del Pereira Rossell, esa ambulancia privada lo lleva de un módulo a otro. Según mis cálculos y nadie me ha desmentido, cuesta 18 mil pesos. ASSE tiene un servicio propio de ambulancias, que los médicos y funcionarios han salido a denunciar la mala gestión y el desmantelamiento del servicio. A mí una doctora me contó que estaba, “toda la mañana en un hospital público de Montevideo tomando mate” y con 20 años de experiencia, ve entrar y salir a las privadas y se pregunta “porque no nos convocan a nosotros”. Los traslados son un gran negocio, hace más de un año un traslado del Hospital Español al Hospital Pasteur costaba más de 40 mil pesos. ASSE invirtió en ambulancias, sin embargo el costo de los traslados privados se dispararon. La Presidenta de ASSE Susana Muñiz dice “hay más estudios”, mi respuesta es “está bien, estudiemos los kilómetros para saber las cifras exactas”.  Vamos a controlar a fondo los servicios. Tengo denuncias de que estando libres los móviles de Salud Pública,  “misteriosamente” se llama al privado.

-¿Los cuestionamientos son a la calidad de los servicios o a la gestión?

-A la gestión. Sobre la calidad no está planteada ninguna denuncia. Hablamos de la gestión y los manejos de los recursos, y de la forma de contratar. La contratación de camas de CTI es de un costo exorbitante. En Canelones se definió la construcción de un CTI, está hecha la sala, había lugar para 6 camas, está el instrumental, había incluso fecha de inauguración, noviembre de 2012. Hay un cambio de autoridades y el CTI fue desmantelado. Un pedazo fue al Hospital Maciel, otro al Hospital Pasteur. En su momento, se argumentó que no habían conseguido personal. Me pregunto ¿cómo hicieron para conseguir personal en el CTI de Rivera? ASSE construyó un CTI durante la gestión del Dr. Segura y le implicó un gran ahorro y allá consiguieron personal y en el área metropolitana ¿no? ¡¿No había gente?!

-¿Y entonces se contrata a privados?

-La argumentación es que no convenía tener un CTI en Canelones. Primero daba y después se desmanteló porque se dijo que no daba.

La Dra. Susana Muñiz ha dicho que “parte de las críticas provienen de aquellos que quieren “destruir” a ASSE” ¿Usted qué piensa?

ASSE carga con lo más “pesado” de la atención y le tocan la menor parte de los recursos.

En el Parlamento, excepto quien les habla, apoyan el Sistema Nacional Integrado de Salud. Nosotros defendemos un “sistema nacional estatal y único”. La salud no puede ser una mercancía y la garantía la tiene que dar el Estado. En los países capitalistas desarrollados, el sistema nacional es público y los recursos van a ese sistema. En nuestro país, el Estado recauda y las 2/3 partes va a los privados. ASSE tiene 1.200.000 usuarios, 700 mil no pagan. ASSE carga con lo más pesado de la atención y le tocan la menor parte de los recursos. Así se explica que los salarios de los médicos en las privadas son el doble que en Salud Pública. Esta es una manera de desmantelar la salud pública. Hay gente que vale oro, pediatras que en las zonas pobres de Montevideo se quedan a trabajar aunque en el sector privado ganen el doble. Entonces, por qué en las mutualistas ganan el doble, por qué hay administradores con salarios de un millón de pesos ¿quién los paga? Esa es plata que vuelca la sociedad en el sector privado. La Dra. Muñiz se equivoca, el gran negocio para los privados es este sistema. Del dinero que se llevan los privados una parte viene de las cápitas, la otra de tickets y órdenes que pagan los usuarios y otra parte viene por los “incentivos por obra”. Hay algunas mutualistas que están en obra permanente. Todo dinero que paga el Estado y además como no alcanza, Rentas Generales pone el 1% del PBI para cubrir el déficit del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

-¿Este expediente irá a la Justicia?

-Algunas cosas quizás sí, no me gusta judicializar la política, si encontramos elementos que tienen apariencia delictiva tenemos la responsabilidad de presentarlo a la Justicia. Mi foco no es enviar a la Justicia, sino es corregir lo que está mal.