Aseguran que no se demostraron irregularidades en adjudicación de obras de regasificadora

El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, compareció ante la Comisión Investigadora de Diputados sobre la planta regasificadora donde defendió el proceso de adjudicación de las obras a la empresa GNLS la que a su vez contrató a la brasileña OAS.

En dicho marco, el presidente de la Comisión, el diputado socialista Roberto Chiazzaro, dijo a La República que “quedó claro que OAS era la empresa que reunía las condiciones entre las cuatro que participaron de la licitación”.

“Era tan clara la primacía de la calidad de la cuota de GNLS que hubo un proceso de acelerar el trámite para que no se filtrara ninguna información en el sentido de que la empresa no tuviera conocimiento de que era la única que cumplía, porque de ser así ellos podían tener una posición de sacar ventaja”, agregó el legislador.

Chiazzaro expresó también que debe tomarse en cuenta que la licitación se realizó en base a pliegos y todos los partidos estuvieron de acuerdo. “Todos los gerentes de ANCAP como de Gas Sayago tuvieron acceso a la información”.

“Además ninguna de las empresas que resultaron rechazadas cuestionó la decisión del fallo. Hay que entender que no se continúa con la obra por otros motivos como la baja del precio del petróleo”, afirmó.

Dijo que en su momento Enrique Antia (director nacionalista en UTE) expresó que “no estaba de acuerdo porque no tuvo tiempo de analizar los pliegos de licitación, pero después firmó los contratos, por lo que al final dio su aval”.

“No hay irregularidades”

“Hasta ahora no hemos podido constatar ninguna irregularidad. No han presentado pruebas claras o elementos que digan o demuestren irregularidades”, afirmó el legislador.

Dijo que existe otro elemento referido a que “con el diario del lunes se puede decir GNLS contrató a OAS, siendo esta la que provocó el cese de las obras, y en realidad nadie podía prever eso. Por lo cual no hay sustento para alguna irregularidad”.

El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala asegura en su denuncia que “el Estado uruguayo ha perdido 65 millones de dólares, como consecuencia de las capitalizaciones realizadas por UTE y ANCAP, los pasivos asumidos por Gas Sayago, los trabajos de geotecnia y de ingeniería, los gastos asociados a los mismos y los gastos de funcionamiento desde el año 2011”.