INVESTIGADORA

La Comisión Investigadora sobre ASSE se integró con mayoría de la oposición

La Cámara de Representantes aprobó la creación de una Comisión Investigadora para analizar la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) desde el año 2008 hasta la fecha, y la estafa al Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Diputado Eduardo Rubio (Unidad Popular).
Diputado Eduardo Rubio (Unidad Popular).

Luego de más de cinco horas de argumentación y debate, la Investigadora quedó integrada por cinco legisladores de la oposición y cuatro de la bancada de gobierno.

El grupo de trabajo investigativo dispondrá de un plazo de un año para su pronunciamiento. El texto de la moción fue aprobada por 50 votos en 99 legisladores presentes.

Debate

El diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular, impulsor de la Investigadora, expresó que su planteo “parte de la concepción de que la salud es un derecho humano esencial y no una mercancía”.

Agregó que “la sociedad realiza un gran esfuerzo a través del Estado, volcando una importante cantidad de recursos para que este derecho se concrete”.

“Como parlamentarios tenemos la obligación de velar por el derecho a la salud y la obligación de controlar el uso de los cuantiosos recurso que todas la sociedad vuelca a todos el sistema de salud”, dijo.

Aseguró que “el avance de la investigación y todas las denuncias van a ayudar a salvar la atención pública en salud y terminar con el amiguismo ilegalidades y hechos de corrupción donde los haya”.

A su turno, el diputado del Frente Amplio Luis Gallo subrayó que su partido político quiere investigar. “No queremos esconder nada, y queremos que haya transparencia en la gestión”.

“Si encontráramos irregularidades que ameritan conducir las denuncias a la Justicia, así lo haremos. Tenemos plena confianza en las autoridades de Salud Pública y de ASSE”, remarcó Gallo.

Recordó que antes de 2005 “no se invertía un peso en los hospitales públicos del Uruguay. De cada 100 pesos que se destinaban a la Salud, 70 se eran para el sector privado y 30 para el público”.

Había un grado de “desigualdad muy grande, pero esa brecha se viene achicando año a año, ahora es de 55 a 45 a favor del sector privado”. También se refirió a las crisis del sector que antes de la reforma “terminaba con trabajadores en la calle”.

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