Ricardo Pérez Manrique: en el país “todos nos sentimos inseguros” pero la solución no es incrementar penas

En diálogo con LARED21.TV, Ricardo Pérez Manrique, se mostró satisfecho porque luego de la última reunión con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, se ha “recompuesto” la relación con el Poder Ejecutivo.

Luego de la reunión con el Presidente Tabaré Vázquez, se puede decir que ¿se recompuso la relación con el Poder Ejecutivo y se obtuvieron los recursos solicitados?

Estuvimos reunidos con el Presidente (Vázquez) y le planteamos varios temas. Uno de ellos fue el vínculo político – institucional y la necesidad de tener una relación permanente. Esto quedó plenamente aceptado y el canal de diálogo con el Ejecutivo es el Secretario de la Presidencia el Dr. Miguel Toma, con él que desde esa fecha estamos hablando muy seguido.

Le planteamos la imposibilidad de implementar el Código Aduanero debido a la falta de recursos. Al otro día de la reunión, el propio Presidente (Vázquez) nos llamó para decirnos que iban a contemplar lo que estábamos solicitando. Al día siguiente a la conversación telefónica, hubo una reunión entre técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas y técnicos del Poder Judicial. En dicha reunión se vio que había normas que requerían estar incluidas en la Rendición de Cuentas, por lo tanto, la solución que se encontró, fue solicitar una prórroga al Parlamento para la entrada en vigencia del Código Aduanero y esa prórroga hoy día, se está tramitando. Tuvimos éxito.

Además, planteamos los problemas de gastos de funcionamiento y de inversiones. Solicitamos  76 millones de pesos para gastos de funcionamiento y el Ministerio de Economía nos estaría transfiriendo 36 millones de pesos. Solicitamos también, 50 millones de pesos para inversiones y nos van a transferir 10 millones de pesos. Seguiremos conversando en el correr del año. Estábamos con “el agua al cuello” y logramos sacar “la boca y la nariz” para poder respirar. Esperamos que a mediados de año podamos obtener nuevos refuerzos  que nos permitan llegar a fin de año. Estamos “emergiendo”, pero aún no es seguro que lleguemos a fin de año.

Obtuvimos acuerdos concretos, vinculados con el Código del Proceso Penal, contrataremos los servicios de una consultoría extranjera.

Haremos un acuerdo con el Correo para evitar costos en la tramitación de correspondencia judicial.

También le planteamos al Presidente (Vázquez) las innovaciones tecnológicas que estábamos haciendo en el Poder Judicial y la necesidad de obtener recursos para comprar hardware para grabar las audiencias. Nuestros técnicos desarrollaron dichos programas y en software no tenemos costos.

Al Presidente (Vázquez), nuestra solicitud le pareció razonable y comenzamos las reuniones para instrumentar estas líneas de acción. La reunión con el Ejecutivo se reflejó en un memorándum que consensuamos ambas partes.

Por tanto, independientemente de los problemas  presupuestales que tiene el Estado, se contemplarán necesidades que son imprescindibles. Dentro de lo imprescindible destaco dos: la necesidad de ampliar los centros de mediación a toda la República. Estos centros mejoran el acceso a la justicia de las personas con situaciones de mayor vulnerabilidad.  Y la necesidad de impulsar la Defensoría Pública que en el país defiende al 90% de las causas penales y un altísimo porcentaje de los asuntos de familia.

¿Los recursos obtenidos son extra presupuestales?

Son recursos extra presupuestales, son los recursos que nos permiten “mantener el boliche abierto” y funcionando hasta fin de año. Las reformas que tenemos que hacer vendrán en la próxima Rendición de Cuentas.

¿Está confirmado que vendrán?

Ojalá estuviera confirmado, está abierto el diálogo para que así sea.

¿La contratación de una consultoría extranjera es para las modificaciones al Código del Proceso Penal?

La idea es contratar un consultor con experiencia de reformas penales del tipo de la uruguaya, que nos diga tanto a nosotros como al Ejecutivo, y en función del modelo procesal que pondremos en práctica, cuales son las necesidades. Se está pensando en un consultor chileno que es ingeniero y abogado, y que ha trabajo en Centroamérica, en Chile y en Argentina. La idea es obtener una evaluación seria y científica. El Presidente (Vázquez) coincidió con la decisión asumida por nosotros, que es saber “desde el punto de vista científico” que es lo que necesitamos para llevar adelante una reforma que finalmente sea exitosa, porque corremos el riesgo de fracasar.

¿Está sobrecargado el Poder Judicial principalmente en el interior?

Sí, nosotros tenemos una estructura que reconoce dos realidades. Una realidad es Montevideo donde tenemos especialización, muchos jueces e incluso recursos, y otra que es la del “siglo XIX”, donde hay un Poder Judicial en Montevideo y otro en el Interior. En el Interior tenemos jueces que no están especializados por materia, son multi materia, que se manejan con pocos recursos. La realidad demostró que no hay “dos países sino muchos países” una realidad es el “cinturón de Montevideo” y los Juzgados Letrados de San José y Canelones. Hay ciudades de Canelones que de acuerdo a la demanda, son más importantes que capitales de otros departamentos del interior. Le pongo como ejemplo La Paz y Santa Lucía. Otra realidad muy distinta es Maldonado y por eso estamos pensando en una solución edilicia para este departamento. No obstante, las soluciones son comunes a todo el interior y ahí estamos en desventaja en materia de recursos tanto técnicos como humanos. Tanto en Maldonado como en Canelones, tenemos Juzgados especializados, e incipientes en Salto y Paysandú.

¿Hay mucha demanda de Juzgados para atender los problemas de violencia doméstica?

Sí hay mucha demanda. Nosotros teníamos 6 Juzgados de Familia Especializado que atienden las denuncias de violencia doméstica y la situación de protección de infancia. Esos 6 Juzgados estaban desbordados, y con Presupuesto propio y sin implicar “un solo peso” de dinero del Estado, dado que no teníamos margen, transformamos 2 Juzgados de Familia “común”en 2 Juzgados de Familia especializado. Pasamos de 6 a 8 y modificamos el régimen de Turnos. Esto significó un funcionamiento más eficiente y pusimos una funcionaria para darle gerenciamiento a los equipos técnicos. Esto nos permitió ponernos al día en cuanto a las pericias ordenadas por los jueces. Mejoramos el servicio y hemos recibido buenos comentarios al respecto. Este proceso no lo podemos hacer en el interior porque no tenemos recursos para transformar Juzgados. La estructura es más rígida y no podemos incorporar soluciones “creativas” como la de Montevideo.

Las modalidades delictivas como los “ajustes de cuentas” ¿Cómo se observan desde el Poder Judicial?

Lo vemos con mucha preocupación. Hay muchos homicidios que se cometen y que son rotulados como “ajustes de cuentas”y que nunca se aclaran. Lo que preocupa es que se pierdan vidas y que los autores de esas muertes violentas queden impunes. Quién investiga y atrapa a los delincuentes es la policía y nos preocupa que no se resuelvan, lo digo como ciudadano y en representación de un Poder del Estado. Nosotros somos autocríticos de nuestra propia actuación. Cuando hay jueces que no actúan en forma correcta, esta Corte  ha adoptado sanciones, incluso a destituido jueces a raíz de su actuación. Nuestro objetivo es  mejorar el servicio. Por eso aprobamos, con una perspectiva a 10 años, un Plan Estratégico.

Esta situación ha llevado a muchos integrantes de nuestro sistema político a volver a plantear la necesidad de aumentar las penas. ¿Ud. qué piensa? 

La fijación de plazos es arbitraria, se hace a “ojo de buen cubero” ¿Cuánto paga un homicidio? Un año, dos años, 10 años ¿Cuál es el parámetro objetivo que tenemos para juzgar? En el Código Penal, cada delito, según la gravedad, tiene una determinada graduación. Cuando se comete un delito, lo que fracasa es la prevención, la aplicación de la pena debe estar en función del cumplimiento de una finalidad y esa finalidad es que la persona no vuelva a delinquir. Por tanto, no es un tema de cantidad sino de calidad, es decir, de lo que se hace con ese individuo que delinquió. Sí una persona está presa y cuando sale vuelve a delinquir, es un fracaso de la recuperación. Entonces, se fracasa en la prevención y se fracasa en la recuperación. Esas deberían ser las piedras angulares. Este debe ser la base del trabajo, hay que disminuir los números de la reincidencia y para ello es necesaria la rehabilitación. Cada vez tenemos más encarcelados y cada vez hay más delitos y más violentos

¿Cuál es su opinión del estado de las cárceles?

Se ha trabajado para superar el hacinamiento incluso se trabaja en una “megacárcel” para 1.200 reclusos, a través de la modalidad de Participación Público – Privada (PPP) en la zona de Punta de Rieles. Hay avances importantes, pero hay una tasa de reincidencia que muestra el fracaso de las políticas de recuperación y la dificultad para reinsertar a los reclusos en la sociedad, una vez que recuperan la libertad. A la población le tiene que quedar claro, que si no hay recuperación, el individuo que está preso, cuando recupera la libertad, volverá a delinquir. Es lo que está pasando hoy día y lo reconocen las propias autoridades.

Más que aumentar las penas ¿Ud. es partidario de la prevención y rehabilitación de los reclusos?

Ese es el mensaje, debemos construir una política de Estado partiendo de la base de que los resultados no serán inmediatos. Una vez leí un artículo periodístico que me resultó el planteo muy inteligente “cuál es el punto de satisfacción de la demanda de seguridad de la población”. Es una construcción simbólica más que una construcción objetiva que tenga que ver con los niveles de seguridad. Una persona que es víctima de un delito por más que esté viviendo en una sociedad segura se siente damnificada, no solo por el delincuente, sino también por el Estado que no la protegió.

¿Revertir “la sensación térmica” es muy difícil?

No podemos hablar de “sensación térmica”. Todos nos sentimos inseguros por las cosas que están pasando. La gente en los barrios no la está pasando bien. Una persona que en su barrio va a hacer las compras, a la tercera vez que la roban no va más, pide por teléfono y atiende atrás de una reja. Hay gente que vive con un temor permanente y hay que reconocerlo. Todo esto no es sensación, sino una realidad. Lo que ayuda a revertir la “sensación” es la instrumentación de medidas concretas y con el tiempo demostrar eficacia en lo que se está haciendo.

Nuevamente aparecen los que plantean la necesidad de bajar la edad de imputabilidad penal de los jóvenes  y aplicar penas más severas ¿Cómo ve el tema?

No estoy de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad, aunque hay que reconocer que votaron a favor de bajarla un millón de personas. Tenemos que tener en cuenta esas opiniones.

¿Cómo ve la reclusión de los adolescentes?

Nosotros tenemos el mismo problema de otros países y es que no hay gente preparada, porque no hay formación en el país para atender este tipo de establecimientos de reclusión de adolescentes.

Le cambio de tema, dentro del FA hay quienes creen que se debe reformar la Constitución. ¿Ud. está de acuerdo?

Hay aspectos en los que la Constitución podría ser reformada, el riesgo que corre la población es que la reforma sea para responder a intereses políticos puntuales. Nosotros en el Poder Judicial, sufrimos las consecuencias de un diseño constitucional que es el hecho de no tener “independencia financiera”. En muchos países de la región, se estableció que un porcentaje fijo del gasto público está para solventar las necesidades del Poder Judicial. Es el caso de Chile, Paraguay, El Salvador, entre otros. Entonces, lo que se discute es como se va a gastar el dinero, que tiene control parlamentario. Este es un aspecto a reformar. Creo que es una discusión que se debe dar en la sociedad. Nuestra Constitución tiene muchos aspectos a reformar y otras que son muy buenas y que no hay que tocar.

¿Coincide con los que dicen que la Justicia está enfocada en castigar los delitos que comenten los sectores pobres de la sociedad y no los delitos cometidos por los de “cuello blanco”?

La mayoría de los que están presos en nuestro país, es porque comenten los delitos “más fáciles de perseguir”, los de “cuello blanco” son de más difícil persecución, requieren pruebas más complejas y más tiempo de trabajo. Además, el perfil de este delincuente es de aquel que tiene todos los medios para defenderse. Además, cometen los delitos amparados en la creación de impunidad que esos recursos le permiten. Ejemplo: complejas formas societarias, lavado de dinero, etc, etc. Es muy difícil deperseguir.

¿Hay “voluntad política” para perseguir este tipo de delito?

El Poder Judicial tiene el deber de perseguirlos, y si hay un lugar donde no hay enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, es en la forma en cómo funciona el área de crimen organizado.