El Senado aprobó, con los votos del Frente Amplio, que no hubo irregularidades ni ilícitos en ANCAP. La oposición remitirá antecedentes a la Justicia Penal

En el marco de una extensa sesión del Senado, que comenzó en horas de la mañana del miércoles y culminó en a la hora 2.27 de este jueves 18, se analizaron los cuatro informes sobre la Comisión Investigadora de ANCAP, luego se pasó a un duro debate entre oposición y legisladores de gobierno y se votaron tres mociones.

La moción aprobada fue la que presentaron los legisladores oficialistas en la que se expresó que “del análisis del informe y documentos presentados en la Investigadora se concluye que no existieron actos ni hechos ilícitos ni irregulares en ANCAP”. La moción contó con 16 votos en 31 senadores.

Desde la oposición se presentaron dos mociones que no contaron con las mayorías necesarias.

Una de ellas declaraba “reivindicar lo actuado por la Investigadora para dilucidar presunciones de irregularidad o ilicitudes de acuerdo a la Ley”.

Asimismo, la oposición indicó en la misma moción que “como resultado de las comparecencias y estudios de información y denuncias se concluye en la existencia de irregularidades e ilicitudes en la gestión de ANCAP y sus colaterales en el período 2005-2015 y se aconseja su pasaje a la órbita judicial”.

La otra moción de los sectores opositores pedía pasar a la Justicia los antecedentes de la sesión del Senado en que se debatieron los informes de la Investigadora, la versión taquigráfica, los informes de cada partido y las actuaciones de la Comisión, pero tampoco prosperó.

Los informes

Al inicio de la sesión el legislador oficialista Marcos Otheguy aseguró que “no hay irregularidades ni ilícitos” que deriven de la Investigadora.

Dijo que el déficit del ente autónomo se debió a las “inversiones imprescindibles” y a que Economía no permitió disminuir tales costos con el aumento de las tarifas.

Por su parte, el legislador nacionalista Álvaro Delgado, expresó que analizadas las actuaciones llevadas a cabo por la Comisión Investigadora, a juicio del Partido Nacional, existen “suficientes elementos de convicción que aconsejan la remisión a la Justicia Penal de los siguientes capítulos: planta de cal, gastos en publicidad, construcción del remolcador, cancelación de deuda con PDVSA, Trafigura e importaciones irregulares”.

A su turno, el parlamentario colorado Pedro Bordaberry, aclaró que “constatar ilicitudes no quiere decir que alguien vaya a ir preso, ya que las ilicitudes pueden ser políticas o administrativas”.

Bordaberry solicitó a los representantes del gobierno a que se anime a enviar algunas de las denuncias a la Justicia, como por ejemplo: “La contratación de la flota de camiones para llevar la cal de Treinta y Tres a Candiota o la asignación de recursos a una radio que no funcionaba, que es propiedad de un dirigente de la Lista 1001, la misma del director de ANCAP que gestionó esos recursos”.

Mientras que Pablo Mieres, Partido Independiente, expresó que en la gestión de ANCAP pueden identificarse “problemas de ineptitud, negligencia e irregularidades”.

“Hubo una pésima administración y un número importante de irregularidades, algunas de ellas con apariencia de delito”, remarcó Mieres.

El debate

En el marco de un extenso y arduo debate que finalizó en la madrugada de este jueves, los cuestionamientos entre gobierno y oposición subieron de tono y hasta derivaron en reproches a gobiernos nacionales y departamentales de todos los partidos.

Marcos Carámbula dijo que las inversiones que realizó ANCAP “eran imprescindibles”, tanto en la planta desulfurizadora como en las de producción de biocombustibles. Remarcó que, incluso, desde la oposición se reconoció que ha se salió de un rezago de 20 años.

Luis Lacalle Pou se refirió a una “pésima gestión” e “irregularidades”, dijo que son “figuras delictivas que la Justicia se encargará de dirimir”.

Agregó que el Partido Nacional llegó con una moción en la que “presumía irregularidades”. Cuestionó también que “nadie en su sano juicio defendería esta gestión”, y sentenció que “el subjetivismo alarma”.

Por su parte, José Mujica, reconoció que “ha habido errores” y que tal vez pudieron haberse aminorado si se hubiera “hablado un poco más y no jugar al truco con señas”. Dijo que fallaron los partidos políticos.

También cuestionó que el director de la oposición no advirtió la situación. “¿Por qué esperaron cuatro años para plantearlo?  Lo podíamos haber analizado antes. ¿Por qué venís a cantar ‘faul’ ahora? Todos los partidos tienen responsabilidad directa”.

Quien le respondió a Mujica fue el senador nacionalista Jorge Larrañaga quien aseguró que los directores blancos fueron advirtiendo de la situación a lo largo del tiempo.

Remarcó que no compartía la “tesis exculpatoria” referida a que no funcionaron los partidos.

“Acá no se trata de que no funcionaron los partidos, porque el que no funcionó fue el gobierno. Salvo que se quiera construir la tesis insólita que un representante de la oposición es más responsable que la mayoría de los integrantes del directorio, que los ministros o que el presidente de la República. Sostener esa tesis es equivocada y se afilia a Poncio Pilatos”, indicó Larrañaga.

También criticó que el oficialismo “no rebatió ni una sola de las denuncias de la oposición sobre la situación de ANCAP”.

Cuestionó el “abuso enorme del ejercicio del poder, porque actuaron en una suerte de estado monárquico donde el rey era el presidente de ANCAP y luego trasladaba sus decisiones al directorio”.

Con posterioridad, el colorado José Amorín Batlle expresó que “se tienen que enviar todos los antecedentes a la Justicia Penal, como así se hizo siempre”.

Recordó la Comisión Investigadora de 2002 sobre la crisis financiera y bancaria, durante el gobierno de Jorge Batlle.

En tal sentido, Amorín resaltó que en aquel entonces los legisladores colorados también votaron llevar todo el trabajo de aquella Investigadora a la Justicia Penal. “No teníamos temor y creíamos que se había actuado bien y si no se actuó bien, pues que pagaran los responsables”.

También dijo que Mujica estuvo bien en permitir la entrada del control de la oposición en los entes autónomos, como así lo hizo en su gobierno.

Pero indicó: “No está bien en querer socializar el desastre, porque esto no es culpa de los paridos. En aquel momento no gritamos faul, gritamos penal y no nos escucharon”.

Sobre la medianoche hizo uso de la palabra Luis Alberto Heber quien expresó que no sabe quién puede asegurar que “nadie metió la mano en la lata”.

Cuestionó tanto el sobrecosto de la construcción de la planta de desulfurización, como los gastos en la fiesta de su inauguración, el destino del dinero a una radio de Quebracho o los abultados sueldos de los gerentes de DUCSA, ALUR o Cementos del Plata que en algunos casos iban de  250 mil pesos a 580 mil pesos.

Ante ello, el oficialista Marcos Otheguy dijo que los datos que manejó Heber estaban equivocados y lamentó que no existiera la “Ley de duelos” para que “muchos que dicen cosas en el plenario luego la mantengan afuera”.

Otheguy indicó que las políticas macroeconómicas que el gobierno implementó para el control de la inflación “llevaron a que diferentes costos que no se trasladaran a la actividad final y eso tuvo consecuencias para la empresa”.

“Hubo costos que no fueron reflejados en la tarifa de ANCAP y eso tuvo consecuencias para la empresa”, manifestó.

Remarcó que “el grupo económico ANCAP está integrado por 20 compañías y por tanto su contabilidad es compleja”.