EL URIBISMO Y LOS PARAMILITARES

El escándalo de los vínculos de los diversos estamentos del gobierno con estas bandas asesinas estalla por todas partes, con ramificaciones en las áreas del narcotráfico y de la posesión de tierras. Vamos a citar algunos cables reveladores.

El 23 de abril decía AFP: «El ex senador Mario Uribe, primo del presidente, pidió asilo a Costa Rica, luego de que la Fiscalía ordenó su detención por vínculos con paramilitares, ahondando el escándalo que ha llevado a la cárcel a 31 legisladores. El también ex presidente del Congreso tomó la sorpresiva decisión inmediatamente después de que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia halló méritos para pedir su detención preventiva. La decisión judicial se sustenta en presuntos nexos de Uribe con jefes de grupos paramilitares e irregularidades por la compra de tierras a esas organizaciones. Mientras éste permanecía en la embajada esperando una respuesta del gobierno de Costa Rica a su solicitud de asilo (que fue negativa, a pesar de que el presidente Uribe llamó para presionar a su homólogo Oscar Arias) se congregó una manifestación en reclamo de las víctimas de los paramilitares. La orden de capturar a Mario Uribe, jefe del movimiento Colombia Democrática de la coalición oficialista, se produjo tres días después de que la Corte Suprema de Justicia vinculara preliminarmente a la misma investigación a la presidenta del Congreso, Nancy Gutiérrez, que pertenece al partido Cambio Radical, también de la coalición oficialista. La decisión del máximo tribunal de justicia respecto a Nancy Gutiérrez se enmarca dentro de una gran investigación que desde diciembre 2006 adelanta sobre nexos de congresistas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha). Esa investigación, en la que también participa la Fiscalía General de la Nación, ha llevado a 31 legisladores a la cárcel. En total, la causa involucra a más de 60 personas entre legisladores, funcionarios y políticos». Alguno de ellos está prófugo.

Al otro día se informaba que Mario Uribe había pasado su primera noche detenido en La Picota, el llamado «búnker» de la Fiscalía en Bogotá, tras haber sido rechazado su pedido de asilo gestionado en la embajada de Costa Rica.

Ese mismo día 24, La Jornada de México daba la siguiente información, en base a cables de DPA, Reuters y AFP, sobre la «ampliación de la crisis de la narcopolítica»: «El presidente Uribe admitió hoy que existe una investigación en marcha en su contra en la que se procura vincularlo con grupos paramilitares de extrema derecha y de haber participado en una matanza de 15 campesinos en 1997. Un ex jefe paramilitar de Sucre, ahora preso, lo acusa de haberse reunido con el otrora líder escuadronero Salvatore Mancuso, y los generales Carlos Ospina, ex comandante de las fuerzas militares; Rosso José Serrano, ex jefe de la Policía y el fallecido general Alfonso Monsalva, ex jefe de la cuarta brigada del ejército, para impulsar una incursión en la población de Ituango, Antioquia, donde fueron asesinadas 15 personas en octubre 1997. El denunciante dijo que Uribe les agradeció porque liberaron a seis secuestrados, entre ellos un primo suyo, y que su hermano Santiago prestó 20 paramilitares para ese crimen. La cadena radial Caracol identificó al denunciante como el paramilitar Francisco Villalba, que purga condenas en Bogotá por 33 y 36 años por dos matanzas de las AUC, con las que Uribe ha sido vinculado por organizaciones humanitarias».

Otras informaciones sobre el mismo hecho precisan que la reunión se efectuó en La Caucana para preparar la masacre del Aro, en el noroeste. Y agregan que «Uribe fustigó a sectores de la justicia, con los que sostiene un enfrentamiento» y los instó a que desecharan las informaciones aportadas por los paramilitares.

La nota de La Jornada concluye en estos términos: «Hasta ahora, las investigaciones han vinculado a 63 congresistas con los paramilitares, de los cuales 36 están detenidos, y la mayoría pertenece a la alianza gubernista. Incluso, el desmovilizado y detenido paramilitar Salvatore Mancuso afirmó hoy que más del 50% de los congresistas colombianos tienen nexos con los grupos armados».

A todo esto apareció un documento de Human Rights Watch referido inicialmente al asesinato de líderes sindicales en Colombia, que merece tratarse por separado.