México deberá pagar US$37.1 millones por negarse a la explotación minera del suelo marino

México impugnará la decisión del CIADI favorable a Odyssey Marine Exploration

Las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México han decidido impugnar el fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que ordena al país pagar una indemnización a la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration. Este laudo arbitral es el resultado de un conflicto surgido en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual ha generado una considerable controversia en las esferas gubernamental y ambiental.

Recientemente, Odyssey Marine Exploration informó que había recibido noticia del laudo que favorece a la compañía y su subsidiaria, Exploraciones Oceánicas S. de RL de CV. (ExO). En este laudo, se estipula que México debe compensar a la empresa con 37.1 millones de dólares, además de los intereses acumulados a la tasa de bonos del tesoro mexicano a un año, a partir del 12 de octubre de 2018. Esta suma se incrementará hasta que se inicie el cumplimiento, y también se deberá cubrir los honorarios de los árbitros y los costos administrativos del proceso.

El Gobierno de México ha manifestado su desacuerdo con esta resolución, la cual considera injusta. «Después de más de dos años de haber finalizado el procedimiento, el pasado 17 de septiembre finalmente la mayoría del tribunal emitió el laudo a favor de la empresa Odyssey Marine Exploration, que obliga a nuestro país a pagar una indemnización de 37.1 millones de dólares por haber negado el permiso para el proyecto de dragado marino en Baja California Sur. Esta cifra representa alrededor del 1.18 % del monto que la empresa originalmente reclamó en el arbitraje», han señalado las dependencias.

El contexto del conflicto

El conflicto comenzó entre 2016 y 2018, luego de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) solicitada por Odyssey Marine Exploration para desarrollar su proyecto llamado “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”. Ante la negativa del gobierno mexicano, la empresa decidió iniciar un arbitraje internacional bajo el amparo del TLCAN.

Durante el proceso, el Gobierno de México enfatizó que entre los socios de la empresa se encontraban figuras como Diego Fernández de Cevallos y Alonso Ancira. Además, se argumentó que Odyssey no poseía la experiencia necesaria para llevar a cabo la extracción de arenas fosfáticas del fondo marino, ya que su actividad principal se centra en la búsqueda de tesoros marinos.

En este marco, se alegó que el proyecto en cuestión afectaría gravemente a un ecosistema sensible que alberga diversas especies en peligro, tales como la tortuga caguama, las ballenas azules y grises, así como lobos marinos. «En el proceso de arbitraje, México argumentó que el proyecto afectaba un lugar ecológicamente sensible en el que habita la tortuga caguama, ballenas azules y grises, y lobos marinos, entre otros. Asimismo, aportó evidencia que demostraba la falta de experiencia de la empresa en el sector minero, ya que su actividad principal es la búsqueda de tesoros marinos«, detallan las autoridades.

Cuestionamientos al laudo arbitral

Las dependencias mexicanas han resaltado la influencia que tuvieron, según su perspectiva, dos ex directivos de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, quienes testificaron que la denegación de la MIA fue resultado de motivos políticos. Esta declaración ha sido cuestionada por el gobierno, que sostiene que los testimonios de estos individuos estaban cargados de conflictos de interés, ya que recibieron compensaciones «cuantiosas» por sus declaraciones. Sin embargo, estas preocupaciones no fueron atendidas por la mayoría del tribunal, lo cual ha levantado más inquietudes acerca de la imparcialidad del proceso.

Como consecuencia de este fallo, la Secretaría de Economía ha decidido llevar a cabo un juicio de anulación del laudo ante las instancias judiciales correspondientes. El Gobierno de México está comprometido a defender su posición y hará uso de todas las herramientas legales disponibles para impugnar esta resolución, buscando así revertir una decisión que consideran desafiante para su soberanía y para la protección del medio ambiente.