Maduro y González Urrutia insisten ambos en haber ganado: la oposición dice que asumirá el gobierno en enero
La líder de la oposición, María Corina Machado, asegura que Edmundo González Urrutia asumirá la presidencia en 2025, desafiando la reelección proclamada de Nicolás Maduro, mientras la comunidad internacional cuestiona la legitimidad del proceso electoral.
Desde la proclamación oficial de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Venezuela enfrenta una de las crisis políticas más intensas de su historia reciente.
La reconocida líder opositora, María Corina Machado, sostiene que Edmundo González Urrutia, el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), es el verdadero ganador, y está decidida a que sea él quien asuma la presidencia el 10 de enero de 2025.
La controversia sobre las elecciones no solo se ha limitado a las fronteras venezolanas. Dentro del país, figuras de la oposición y ciudadanos críticos han levantado serias dudas sobre la transparencia del proceso electoral. Fuera de Venezuela, gobiernos y organizaciones internacionales también han expresado su escepticismo.
El Centro Carter, una respetada organización internacional que supervisó las elecciones, declaró que el proceso “no puede ser considerado como democrático”. Esta evaluación se basa en una serie de irregularidades observadas durante las elecciones, desde el control de los medios hasta intimidación de votantes y manipulación de resultados.
A pesar de la declaración oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dio la victoria a Maduro, la PUD presentó actas que, según ellos, demuestran que González obtuvo más del 67% de los votos.
Sin embargo, hasta el momento, el CNE no ha revelado los resultados desagregados que avalen o refuten estas afirmaciones. Este retraso ha generado una atmósfera de desconfianza y ha avivado las tensiones, dejando a muchos venezolanos en un estado de incertidumbre y escepticismo sobre el futuro de su país.
Presión adentro y afuera de Venezuela contra Maduro
La comunidad internacional ha tomado diferentes posturas frente a la crisis electoral venezolana. Países de Europa y América han manifestado su desaprobación hacia el proceso electoral y han llamado a una solución negociada. María Corina Machado ha expresado la urgencia de que estos países “de manera firme e inequívoca” demuestren a Maduro que sus acciones son “inaceptables”.
Esta llamada a la acción internacional se centra en proteger la soberanía del voto venezolano y detener la represión gubernamental, que ha resultado en más de 2,400 detenciones y 24 muertes, según varias ONG.
En el frente interno, Machado y otros líderes opositores están organizando movimientos de resistencia cívica. Estas manifestaciones buscan desafiar el régimen de Maduro mediante la protesta pacífica, a pesar de la severa represión que enfrentan.
Más allá de las protestas, la oposición intenta mantener viva la narrativa de un cambio inminente en el gobierno, enfatizando el papel crucial del apoyo internacional.
El papel de las fuerzas militares
Las fuerzas militares venezolanas han jugado un rol esencial en el mantenimiento del poder de Maduro. A pesar del apoyo público de la alta cúpula militar hacia el mandatario, María Corina Machado hace un llamado a los militares para que respeten la “soberanía popular” y elijan no reprimir al pueblo.
Esta cuestión es crítica, ya que cualquier cambio significativo en la estructura del poder en Venezuela requiere necesariamente la cooperación o al menos la neutralidad de las fuerzas armadas.
Maduro busca controlar y censurar redes sociales
En la actual situación política de Venezuela, Maduro ha tomado postura en favor de fortalecer la regulación y la censura de las redes sociales a través de nuevas legislaciones.
Esta iniciativa surge tras las protestas que estallaron a raíz de los resultados electorales, que según datos de la fiscalía, dejaron un saldo de 25 personas fallecidas. Tanto el gobierno como la oposición se han echado la culpa mutuamente de estas protestas y víctimas mortales.
En este contexto, Maduro ha urgido al Parlamento venezolano a acelerar la aprobación de leyes dirigidas a “combatir el fascismo y el odio”, aspecto que incluiría un escrutinio más riguroso sobre las plataformas digitales y potencial censura de cualquier opinión crítica al gobierno o al Estado venezolano.
Maduro solicitó explícitamente que la Asamblea Nacional avance con celeridad en la aprobación de estas normativas, las cuales ponen especial énfasis en la regulación del discurso en línea y en la implementación de una “mano dura” contra aquellas personas que inciten a la violencia o promuevan actos de odio.
Según este plan, se contempla un proyecto legislativo que ya fue debatido en abril, el cual busca restringir la circulación de mensajes que incentiven la violencia política a través de las redes.
A pesar de estas medidas propuestas, hay quienes dentro de la sociedad civil perciben estas acciones como un intento velado de reprimir la oposición tras las controversias suscitadas en torno a las elecciones presidenciales, que, según reportes de la fiscalía, ocasionaron numerosas muertes.
En una reciente declaración durante una sesión del Consejo de Estado y Defensa de la Nación, Maduro reconoció que, aunque las redes sociales tienen aspectos positivos, también se utilizan para recopilar información personal de los usuarios y “bombardear” a las naciones con fines políticos cuestionables. Este discurso se produce después de que decidiera bloquear la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter).
El mandatario también ha propuesto la creación de una comisión nacional e internacional con el propósito de analizar de qué manera las redes sociales influyen en la formación de la opinión pública y contribuyen a un clima de violencia y odio.
Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, comentó que más de 70 países ya han adoptado regulaciones similares, y señaló que las discusiones sobre estas nuevas leyes comenzarían a la brevedad.
En respuesta al panorama de amenazas digitales, Maduro ha decretado la creación de un Consejo Nacional de Ciberseguridad con el fin de proteger la infraestructura tecnológica del país, al tiempo que culpa a empresas estadounidenses de fomentar acciones hostiles en el ciberespacio.
Adicionalmente, el presidente venezolano acusó a TikTok de haber incentivado las manifestaciones violentas y denunció que la plataforma limitó sus transmisiones en vivo, a lo que reaccionó asegurando que nadie logrará silenciar su voz, ni la de Venezuela, mientras vincula estos desafíos con la propagación del fascismo.
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