Milei ya destruyó 150.000 empleos solo en el sector construcción: sindicatos están en estado de alerta

Como resultado de las brutales políticas de ajuste implementadas por el gobierno del ultraderechista, Javier Milei, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) ha anunciado su “estado de alerta y asamblea permanente en todas las obras, públicas y privadas”, a nivel nacional.

Mediante un comunicado, el gremio ha explicado que “la medida responde a la pérdida de empleos causada por la paralización de las obras públicas ordenada por el gobierno nacional”, así como “la desaceleración de la inversión que pone en riesgo la continuidad de las obras privadas en ejecución y su consiguiente impacto en la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras en actividad”.

En este contexto, también han señalado “la falta de gestión e interlocutores válidos por parte del Poder Ejecutivo nacional, que se desentiende de la problemática que afecta a nuestra industria”, destacando el escenario crítico que enfrentan.

Más de 150.000 empleos perdidos en la construcción

La imagen que describen “ocurre en el marco de una caída abrupta y generalizada de la actividad económica”, lo que agrava “nuestra industria debido a la reticencia del sector empresarial a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo, frente a una inflación sostenida que golpea especialmente a nuestros trabajadores y trabajadoras”.

Para ilustrar la dimensión desalentadora de la situación, el sector revela cifras que evidencian el panorama actual: “En los últimos dos meses se han perdido 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos, como consecuencia de la desfinanciación y la consiguiente paralización de las obras públicas en ejecución” a nivel nacional, han alertado.

Después de presentar diversos argumentos, el gremio de la construcción ha enfatizado que “la obra privada aún no ha alcanzado niveles de actividad que compensen la drástica caída y nada indica que los privados sustituyan finalmente el papel y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública”.

Por lo tanto, consideran “inaceptable” que la administración de Javier Milei “no asuma la responsabilidad de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas de gobierno; que no convoque al diálogo social y ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, afectando las demandas inaplazables por desarrollo económico y social de todas las regiones de nuestro país”, sentenciaron.