Ley ómnibus: Milei quiere que el Congreso le dé facultades legislativas plenipotenciarias hasta 2025

El controvertido proyecto impulsado por el presidente Javier Milei ha levantado polémica en la esfera política. Sus propuestas para concentrar más poder en el Ejecutivo generan inquietudes sobre el futuro de la democracia y los derechos ciudadanos.

Milei, tras imponer un DNU con más de 300 artículos, parece decidido a consolidar un poder que va más allá de las reglas democráticas. El presidente busca compartir este poder con grandes patronales y el capital concentrado, amenazando con socavar los derechos fundamentales.

Guillermo Francos, ministro del Interior, hizo un show mediático al presentar de forma casi teatral un proyecto de ley en el Congreso con amplias delegaciones legislativas al Ejecutivo nacional. Este proyecto abarca diversas áreas, desde económica hasta energética, planteando un cierre virtual del Congreso hasta el 2025, con la posibilidad de extender los poderes «extraordinarios» del presidente.

Milei amenaza a la división de poderes y criminaliza la protesta

El proyecto de Milei representa un desafío a la división de poderes, esencial para la democracia. ¿Es acaso la concentración de atribuciones propia de un líder democrático o más bien un intento de imitar un sistema monárquico?

El partido de gobierno, Libertad Avanza, cuenta con una representación minoritaria en el Congreso. A pesar de esto, Milei parece dispuesto a prescindir del papel legislativo, usando su posición presidencial para imponer decisiones autoritarias que favorecen al gran capital.

El proyecto de ley ratifica además el polémico DNU 70/23, que socava derechos laborales fundamentales y legitima prácticas fraudulentas. Trabajadores y trabajadoras podrían enfrentar mayores dificultades mientras las grandes empresas gozan de impunidad. Además, se atenta contra el derecho a la protesta y a la huelga, herramientas esenciales para la defensa de los derechos laborales.

El proyecto propone que el Ejecutivo pueda tomar deuda externa sin pasar por el Congreso, recordando la gestión de Luis Caputo en el gobierno de Macri. También busca facultar al Ejecutivo para impulsar privatizaciones, planteando un escenario de cambios significativos en la estructura económica del país.

Hasta ese momento, la descripción no incluía referencias a organizaciones sociales. Sin embargo, la versión ampliada enviada por Milei al Congreso sí lo hace, elevando de inmediato la pena al rango de uno a tres años y seis meses de prisión. Se añaden agravantes de 2 a 4 años para aquellos que porten un arma o causen daño físico, y de 2 a 5 años para quienes «dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación» que obstaculice o dificulte la circulación.

También se establecen multas por los cortes y responsabilidad penal por los posibles daños causados por los manifestantes. El texto contempla una escala mayor, de 3 a 6 años, para aquellos que «obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta» mediante promesas de pago o la amenaza de «quita de asignación de un beneficio, plan o subsidio».

Con esta última disposición, se crea una figura adaptada a un sistema de denuncia que el propio gobierno instauró a través de la línea 134, la cual recibe denuncias que pueden ser anónimas y que ya ha sido utilizada para denunciar a 32 personas.