“Somos jodidamente ilegales”: Uber eludió las leyes por años y recibió ayuda de políticos mundiales

Uber evadió constantemente las regulaciones, burló a la policía y cortejó en secreto a legisladores y políticos para allanarse el camino hacia la expansión global, como parte de sus cuestionables prácticas que se leen en un gran paquete de miles de datos filtrados y escudriñados por el diario británico The Guardian, compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, en inglés) y publicados en un extenso informe este 10 de julio en su web.

El servicio de viajes por medio de una aplicación de smartphone está ahora bajo investigación por prácticas poco éticas después de 2016, cuando entró al escenario del negocio de los viajes de una forma intempestiva y caminando por la cornisa entre lo legal y lo ilegal.

“Pero la empresa de tecnología impulsó su agenda a la antigua. Los escándalos y pasos en falso de Uber en los Estados Unidos, desde su espionaje a funcionarios del gobierno hasta sus filtraciones de mala conducta ejecutiva, han sido objeto de investigaciones en libros, series de televisión y periódicos”, dice ICIJ en su informe. 

Los llamados Uber Files fueron obtenidos por The Guardian y luego pasaron a manos del ICIJ que, a su vez, lo reenvió a 42 medios socios para su análisis. El paquete con miles y miles de datos incluye correos electrónicos, mensajes de texto, presentaciones de la compañía y otros documentos de 2013 a 2017, cuando Uber irrumpía en las ciudades desafiando las leyes y regulaciones locales, eludiendo impuestos y tratando de someter a la industria del taxi, principalmente, pero también a trabajadores y activistas.

La cúpula de Uber llegó a tener comunicaciones directas con importantes políticos de todo el mundo. Por ejemplo, hubo un intercambio en 2016 entre el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, con el fundador de la compañía, Travis Kalanick. El político le dijo que “en este momento te ven como agresivo” y sugería “cambiar la forma en que la gente ve la empresa” enfatizando en lo positivo para luego parecer agradables. 

Con “agresividad” el jerarca se refería al modus operandi de Uber, que se fue introduciendo a la fuerza y sin muchos miramientos legales en decenas de países del mundo, sin la aprobación de los gobiernos y convirtiendo a los conductores de Uber en el blanco de la ira de los taxistas. En algunos países llegaron a haber agresiones en manada a autos Uber que terminaron totalmente destruidos, y en ciertos casos hubo heridos graves a manos de hordas de taxistas enojados. 

“Algunos ejecutivos de Uber buscaron utilizar la violencia a su favor. Discutieron la filtración de detalles de un apuñalamiento casi fatal y otros ataques brutales a los medios con la esperanza de llamar la atención negativa sobre la industria de los taxis, según muestran las comunicaciones”, dice el informe de ICIJ. 

“Somos jodidamente ilegales”

Los ejecutivos de Uber intentaron desviar la atención de las acusaciones de agresivas estrategias de evasión de impuestos, ofreciéndose en los países a recaudar impuestos sobre la renta adeudados por los conductores.

Mark MacGann, el principal cabildero de Uber en Europa en ese momento, describió el enfoque de Uber para ingresar a nuevos mercados como una “tormenta de mierda”, según los Uber Files.

“Simplemente, somos jodidamente ilegales”, escribió en un email Nairi Hourdajian, por entonces jefe global de comunicaciones de Uber, a un colega en medio de los esfuerzos de los gobiernos de Tailandia e India por prohibir el funcionamiento de la plataforma que, de por sí, no estaba del todo legal. 

La empresa también trató de mejorar su imagen cortejando a políticos de alto perfil internacional, como el presidente francés Emmanuel Macron. El diario Le Monde, que participó de la investigación, encontró más de una docena de comunicaciones entre Macron y sus ayudantes y altos cargos de Uber, entre setiembre de 2014 y febrero de 2016.

En 2014 no era presidente sino ministro de Economía. Tenía 36 años por entonces y era conocido como un tecnócrata orientado a los negocios, ya que alguna vez trabajó para el banco de inversión Rothschild y Co. Como ministro, supervisó la Agencia de Protección al Consumidor.

Desde su investidura ministerial, se reunió con Kalanick y, de acuerdo a los documentos, habría dicho a los reguladores que no sean “demasiado conservadores”, comprometiéndose esencialmente a interpretar la ley de taxis de manera más favorable para Uber, dijo el cabildero MacGann en un email. 

En otro intercambio de mails en 2015, Kalanick preguntó a Macron si se podía confiar en el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve. Macron respondió que se había reunido con Cazeneuve y el entonces primer ministro Manuel Valls el día anterior y que Cazeneuve había aceptado un “trato”. Macron dijo que modificaría la ley y, más tarde esa noche, la empresa suspendió UberPOP en Francia.

Cazeneuve le dijo a Le Monde que nunca había oído hablar de un acuerdo entre el gobierno francés y Uber. Macron, dijo, no le dijo nada al respecto.

La compañía se habría gastado en sus comienzos más de US$90 millones en costos de cabildeo y relaciones públicas para ir lavando su imagen a medida que se llenaba de anticuerpos y que iban estallando las protestas de taxistas en el mundo.