Por qué siguen ocurriendo abusos sexuales a manos de trabajadores humanitarios y cuerpos de paz

Los países más abajo en la escala de desarrollo están, en su mayoría, en África. Son depositarios de ayudas humanitarias y de cuerpos de paz enviados por distintas organizaciones globales y países ricos que deberían estar en sus territorios para mejorar la calidad de vida, apoyar la salida de la pobreza extrema de tanta gente como sea posible y otras labores semejantes.

Sin embargo, en los últimos años se han desatada distintos escándalos en los cuales funcionarios de estos cuerpos humanitarios han llevado a cabo gran cantidad de abusos sexuales, que derivaron en embarazos y hasta abortos forzados.

La exposición inicial en 2019, incluido el testimonio de las víctimas , empujó a la Organización Mundial de la Salud a investigar sus operaciones en la República Democrática del Congo con retraso en 2020. El informe de la Comisión Independiente resultante tardó un año más. Identificó al menos a 83 presuntos autores, en su mayoría congoleños pero también empleados extranjeros. Este es solo un aproximado, ya que las supervivientes suelen ser reticentes a presentarse por vergüenza o por miedo.

Muchas mujeres fueron obligadas a tener relaciones sexuales sin condón, varias tuvieron hijos y otras fueron obligadas a abortar. Los impactos psicosociales y la estigmatización de las mujeres afectadas arruinaron familias para siempre.

El informe presenta un horrendo escenario sobre la explotación sexual que se traslapa con la presencia de grandes grupos de extranjeros en los territorios que hacen abuso del poder que se les confiere, que debería usarse para el bien.

La OMS trató de evitar que esto siguiera pasando, y endureció sus controles tras las fuertes críticas de lo que ya había sucedido en el pasado: más allá de los abusos sexuales, al organismo también se le criticó el despliegue de personal no calificado y no capacitado, y sistemas de gestión que inicialmente minimizaron las denuncias de los delitos y crearon obstáculos burocráticos para que las víctimas fueran escuchadas.

Un fenómeno tristemente global

El caso de los abusos no se circunscribe solamente a países africanos: otro caso de este tipo de agresiones masivas y sistemáticamente encubiertas se dio en Haití en 2019, cuando se denunció que militares brasileños, uruguayos y de otras nacionalidades abusaron sexualmente de mujeres en las misiones de paz, dejándolas embarazadas y abandonadas con sus hijos.

Según publicó por entonces el Washington Post, se realizaron entrevistas a más de 2.500 mujeres y hombres sobre las experiencias de las mujeres y niñas en las áreas de albergues de Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que lleva más de 13 años.

De ese grupo, 265 personas contaron horribles historias de niños engendrados por personal de la ONU, dejando en evidencia una tendencia de coerción y abuso de poder que dejó a niñas de tan solo 11 años a cargo de bebés que tienen que criar en condiciones de extrema pobreza.

 

De acuerdo a las revelaciones del Washington Post y de The Conversation, muchas de estas mujeres recibieron pequeñas cantidades de dinero a cambio de sexo, lo que se entiende como prostitución agravada por la pobreza extrema de las víctimas.

La Cruz Roja y la Media Luna Roja no ha sido inmune a las denuncias de conducta indebida entre sus 192 Sociedades Nacionales y en el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Otros organismos de la ONU, incluida la agencia de la ONU para los refugiados y el Programa Mundial de Alimentos, se encuentran entre las 40 agencias implicadas en un escándalo de alimentos a cambio de sexo en África Occidental.

La respuesta de todos los organismos es siempre la misma: piden disculpas, prometen que todo va a cambiar y tratan de remediar el golpe a su imagen para evitar la pérdida de donaciones.

La base de datos de la ONU muestra que los abusadores provienen de todos los continentes. Los africanos se destacan como víctimas y abusadores, lo que indica la alta prevalencia de las misiones de mantenimiento de la paz en el continente y las contribuciones de las fuerzas africanas a ellas.

Un diseño que falla

“El sistema tiene una intención encomiable, pero está configurado para fallar. La ONU tiene poca autoridad aparte de enviar a casa a los agresores. Pocos son disciplinados por las autoridades de su país; a menudo los casos simplemente no se investigan o se cierran por falta de pruebas”, dice Mukesh Kapila, profesor emérito de Salud Global y Asuntos Humanitarios de la Universidad de Manchester.

La ONU suele ser reacia a ofender a sus Estados miembros de los que depende para el mantenimiento de la paz, explica el académico, y alerta que “los abusadores pueden ser ‘reciclados’ en varias misiones”.

“Mientras, las víctimas quedan como petrificadas, solas, sin siquiera el consuelo de ver a su abusador rendir cuentas en la justicia. Por temor a abrir una compuerta, la ONU no indemniza a las víctimas que han sufrido a manos de sus agentes. La injusticia es evidente por sí misma”, añadió Kapila, y todo eso es un coctel para que los abusos sigan sucediendo.