Trump no puede vencer a Facebook, Twitter y YouTube en los tribunales, pero la batalla vale más que la victoria

De cuestionado vendedor de condominios de lujo en Nueva York a presidente de los Estados Unidos. Y luego, por la puerta de atrás y derrotado, de vuelva a las sombras por un tiempo. Pero Donald Trump no quiere dejar de estar en el ojo público y, para volver a la conversación, demandó a Facebook, Twitter y YouTube después de que le expulsaran de sus plataformas por difundir noticias falsas, bulos y mentiras sobre un supuesto fraude electoral en los comicios de EE.UU. que nunca sucedió.

Sin embargo, Trump ya ha de saber que tiene pocas chances de ganar en los tribunales, especialmente por la gran cantidad de evidencia de que arengó a sus fanáticos y seguidores el pasado 6 de enero a que marcharan hacia el Capitolio de Washington donde se estaba por certificar la legitimidad de la victoria de Joe Biden. Cada una de las empresas citaron violaciones a las reglas de uso indebido de sus plataformas al difundir información errónea o falsa e incitar a la violencia.

Pero lo de Trump es mucho más profundo que sus ganas de volver a tuitear: El aluvión de demandas busca no solo anular sus propias prohibiciones, sino invalidar un estatuto federal de 1996, la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que permite a los operadores de sitios web elegir quién y qué aparece en sus páginas sin temor a ser responsables. Sus abogados están argumentando, creativamente, que la Ley de Decencia en las Comunicaciones es inconstitucional en el sentido de que el Congreso ha otorgado a las plataformas “demasiado poder de vigilancia del discurso”.

La Sección 230 se considera como “la ley que creó el internet”, ya que permite a cualquier persona que opere o use un sitio web -y no como afirma Trump, solo a los gigantes de las redes sociales-, negar la responsabilidad por lo que los extraños ingresan al sitio y dicen.

Dicho esto se establece que YouTube puede, por ejemplo, desactivar videos o cuentas que difundan fake news o bulos, o que inciten a la violencia, sin tener que asumir la propiedad de lo que se haya hecho visible en su plataforma. Básicamente es una versión web de la consigna de las columnas de opinión de los periódicos, que incluyen una aclaración que indica que las opiniones vertidas son responsabilidad del firmante.

Trump va por más

Tribunal tras tribunal, la Justicia estadounidense ha rechazado el argumento de que las redes sociales se deben considerar un lugar público en donde cualquier persona debería acceder sin limitación y decir lo que quiera sin censura, al igual que podría pararse en el medio de una plaza en California o en el Central Park de Nueva York y gritar a viva voz lo que piensa.

Poner el ojo en Silicon Valley atrae directamente a los seguidores populistas, ultranacionalistas y ultraderechistas de Trump, muchos de los cuales probablemente sospechan que sus propios tweets no se volvieron virales porque los algoritmos controlaron la viralización de las fake news sobre el supuesto fraude electoral. Y es por eso que se sienten censurados y siguen respaldando al exmandatario en sus intentos por volver a las redes.

Pero incluso si, como sugieren los expertos, el caso de Trump está destinado al fracaso, el simple hecho de hacer ruido mediático con la derrota sería un gancho para recaudar fondos, acusando a los demócratas de controlar la Justicia. E incluso si se le ordenara a Trump que pague los honorarios de los abogados al director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, y al director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, tendrían que hacer cola detrás de décadas de acreedores impagos de Trump.