Nueva York. El gobierno de Joe Biden emitió una serie de órdenes ejecutivas y medidas para abordar el tema de la desigualdad racial en el sistema de justicia y vivienda, reafirmar la soberanía de las naciones indígenas, y la anulación formal de la llamada política de “tolerancia cero” que fue empleada para separar de sus padres y secuestrar a más de 5 mil niños inmigrantes, mientras que el nuevo presidente sostuvo su primer diálogo con su contraparte rusa Vladimir Putin en lo que se pronostica será un giro menos amistoso en la política bilateral con Moscú.es
Biden firmo cuatro órdenes ejecutivas en torno a su promesa de abordar la injusticia racial, informó la Casa Blanca. Al firmar las órdenes, Biden recordó el caso de George Floyd, el afroestadunidense que murió cuando un policía se hincó sobre su cuello, caso que detonó manifestaciones masivas a nivel nacional. “Esos ocho minutos y 46 segundos que le quitaron la vida a George Floyd abrió los ojos de millones de estadunidenses y millones por todo el mundo. Fue una rodilla sobre el cuello de la justicia y no será olvidado… marcó un parteaguas en la perspectiva de este país sobre la justicia racial”, comentó.
También recordó que entre quienes asaltaron al Capitolio el 6 de enero estaban “supremacistas blancos” y que “ahora es el momento de actuar” sobre la crisis de la injusticia racial -una de las cuatro junto con la pandemia, la crisis económica y el cambio climático que ha identificado como las prioridades de su gobierno.
Sus órdenes hoy, según su asesora de política doméstica Susan Rice (quien se identificó como descendiente de inmigrantes jamaiquinos y esclavos estadounidenses), son parte de las iniciativas que ponen la “equidad racial” al centro de la agenda del nuevo gobierno.
En conferencia de prensa, Rice indicó que “para demasiadas familias… el racismo sistémico y la desigualdad en nuestra economía, leyes e instituciones aún ponen muy fuera de alcance el sueño americano”. Añadió que la familia afroestadunidense promedio tiene una décima parte de la riqueza de su contraparte blanca, que las personas de color son más afectadas por el Covid que blancos, y que uno de cada 10 trabajadores afroestadunidenses y uno de cada once latinos están ahora desempleados, mientras que las comunidades indígenas están sufriendo aun peores condiciones.
Una de las órdenes firmadas hoy -la no renovación de contratos del Departamento de Justicia con prisiones privadas- es parte de la respuesta a demandas de reforma del sistema de justicia criminal. Sin embargo, organizaciones de defensa de derechos de inmigrantes y de derechos civiles criticaron que esa orden no incluye a los centros de detención para inmigrantes. Según una investigación de la Unión Americana de Libertades Civiles, un 81por ciento de inmigrantes (en promedio, unos 50 mil cada día) bajo custodia de la agencia federal ICE están en instalaciones operadas por empresas privadas.
Otras órdenes incluyen reforzar el compromiso del gobierno federal de respetar la soberanía de gobiernos tribales y promover su inclusión en la formulación de políticas federales que tienen implicaciones para los pueblos indígenas, medidas para revertir la discriminación en políticas de vivienda y tomar pasos para combatir la xenofobia y actos de violencia contra asiáticos estadunidenses (esto después de que Trump llamaba al Covid-19, el “virus chino”).
Por separado, el Departamento de Justicia anuló el memorándum del gobierno de Trump proclamando una política de “tolerancia cero” según la cual todo adulto capturado cruzando la frontera de manera ilegal sería enjuiciado, reportó la agencia Ap. Pero los menores de edad viajando con los adultos no podían permanecer encarcelados con ellos bajo la ley y como resultado agente federales separaron a más de 5 mil 500 niños de sus padres en un periodo de meses antes de que la crítica feroz de la práctica la frenó en 2018. Sin embargo, luego de que un tribunal federal ordenó al gobierno pasado a reunificar a todas estas familias, hoy día aún no se ha logrado ubicar a los padres de unos 600 de estos menores.
Putin y relaciones exteriores
Mientras el enfoque político del gobierno de Biden hoy fue sobre asuntos de política interna, también se marcaron cambios en la política exterior. Biden se comunicó la tarde del martes con el presidente ruso Vladimir Putin para abordar varios temas, desde extender el tratado de armas nucleares New START por otros cinco años (caduca el 5 de febrero) como también para expresar críticas y advertencias.
Según la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, Biden expresó sus preocupaciones sobre “la interferencia en la eleccion de 2020, el envenenamiento de Alexei Navalny y el trato a manifestantes pacíficos por las fuerzas de seguridad rusas”. Agregó que también se abordó la “agresión” contra Ucrania y versiones de que Rusia había colocado recompensas sobre las vidas de soldados estadunidenses en Afganistán.
Biden había prometido en su campaña asumir una postura más firme con Putin y criticó a Trump por ser demasiado cercano al mandatario ruso. De acuerdo con Psaki, la intención de Biden hoy “fue dejar claro que Estados Unidos actuará firmemente en defensa de nuestros intereses nacionales en respuesta a acciones malignas de Rusia”.
A la vez, el encargado de la política exterior de Biden, Antony Blinken, fue ratificado por el Senado como secretario de Estado. Blinken tiene una larga relación con Biden desde que el ahora presidente era jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, después fue su asesor de política exterior cuando era vicepresidente, y finalmente subsecretario de Estado en ese mismo gobierno de Barack Obama.
No todo cambia
Al mismo tiempo, el senador Robert Menéndez será el nuevo presidente del Comité de Relaciones Exteriores como parte de los cambios del traslado del control de la cámara alta a los demócratas, noticia que preocupó a quienes tienen esperanzas de un giro más progresista en la política exterior. Menéndez tiene un largo historial como “halcón” y fue opositor a la normalización diplomática con Cuba (el es cubanoestadunidense) impulsada por el gobierno de Obama (con Biden como vicepresidente).
Menéndez también promueve una línea dura contra el gobierno de Nicolás Maduro y hoy la Casa Blanca no indicó que estuviera preparada para algún cambio, aunque tampoco lo descartó. Hoy, la vocera de la Casa Blanca, Psaki sólo reiteró que el “objetivo” de Estados Unidos es “apoyar una transición pacífica y democrática en Venezuela a través de elecciones libres e imparciales” y subrayó que Biden se enfocará en abordar la “situación humanitaria” y buscará proceder a través de la “diplomacia multilateral”.
¿Impunidad, otra vez?
Hablando de democracia, elecciones imparciales y transiciones pacíficas, hubo noticias relativamente positivas para Trump en Washington: aunque una mayoría del Senado votó a favor de proceder con el juicio político del ex mandatario, solo cinco de los 50 republicanos se sumaron a todos los 50 deóocratas en ese voto, indicando que no habrá suficientes votos -por ahora- para condenar a Trump (se requieren dos tercios de la cámara alta para declararlo culpable). Pero eso puede cambiar antes y durante el juicio político programado para iniciar el 9 de febrero.
Tomado de La Jornada de México.
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