Gobierno de facto de Bolivia denuncia a Evo Morales por terrorismo y sedición
La acusación del gobierno de facto de Jeanine Añez se basa en la suposición de que el exmandatario habría hecho llamados a la desobediencia civil.
La Fiscalía de Bolivia abrió este viernes una investigación contra el expresidente Evo Morales por los delitos de sedición y terrorismo. Esto por solicitud del gobierno de facto de Jeanine Añez que difundió una supuesta llamada de Morales en la que da «órdenes» de bloquear calles y caminos «para no dejar pasar alimentos» a varias ciudades.
Morales, por medio de su cuenta de Twitter, se aprontó a tachar el video de montaje y se extrañó de que la Fiscalía actúe «de oficio», espontáneamente, sin que hubiesen mediado los pasos habituales, pero que no haga nada por «los 30 hermanos asesinados a bala» en los últimos días.
Según el gobierno interino, el video fue extraído del celular del hijo de uno de los dirigentes de los bloqueos que los campesino y aborígenes realizaron en carreteras nacionales, especialmente en Cochabamba, bastión político de Evo.
Dicho dirigente ha sido identificado con el apellido Yucra, y según las mismas autoridades está prófugo. En la grabación supuestamente se le escucha hablar por celular con quien el gobierno dice es Morales, quien le pide bloquear todos los caminos «para que la gente se canse» y ser inamovible en combatir «la dictadura golpista y racista».
Los hechos en El Alto
Aparte del expresidente, otras siete personas están acusadas también por sedición y terrorismo por la caída de un muro en una refinería de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en donde, según el Instituto de Investigaciones Forenses, murieron ocho personas, varias de ellas por disparos que el gobierno se ha apresurado a negar fueran de militares.
El ministro interino de Defensa, Fernando López, manifestó que no hubo disparos por parte de los oficiales militares, mientras que quienes protestaban les acusaron de utilizar armamento letales y algunos mostraron casquillos servidos a los periodistas y fotógrafos presentes en el lugar.
Estos disturbios tuvieron lugar en El Alto el pasado martes, en una refinería fuertemente custodiada por policías antimotines y militares; a las afueras de esta se congregaron cientos de seguidores de Morales.
“En primera instancia el hecho fue tipificado como destrucción de bienes del Estado y la riqueza natural”, pero “ante la magnitud del daño”, se amplió la investigación por el delito de terrorismo, dice el comunicado de la Fiscalía.
“Habrían ocasionado destrozos e incitaron a la quema y saqueo de las instalaciones públicas de YPFB de la zona de Senkata, El Alto, momento en el que fueron aprehendidos por efectivos policiales”, se lee más adelante en el documento.
El delito de terrorismo es penado por entre 15 y 20 años de prisión que se pueden sumar con otras condenas. La sedición conlleva una pena de uno a tres años de cárcel.
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