¿Es el Tribunal Supremo el vasallo de la Gran Banca en España?

El Tardofranquismo sería hijo del Tejerazo o golpe blando de 1981 en el que los líderes políticos confinados en el Congreso fueron “invitados” a aceptar un acuerdo tácito por el que se declaraban intocables el establishment asociado al sistema monárquico, al sistema político bipartidista y a la “unidad indisoluble de la nación española” y estaría plasmado en la todavía vigente Constitución de 1.978, Carta Magna que estaría blindada ante cualquier cambio institucional que se pueda producir en el Estado español con lo que se cumpliría una vez más la profecía:“Todo está atado y bien atado”.

La Gran Banca devenida en líder del establishment

Tradicionalmente, la finalidad de la banca era canalizar el ahorro privado hacia la inversión, pero dada la ausencia de cultura de ahorro doméstico y público, ha originado que el proveedor de recursos para dinamizar la economía en forma de inversiones se haya trasmutado en un parásito hematófago que succiona todas las ubres del Estado para saciar el apetito insaciable de sus accionistas y altos cargos directivos. La casta dirigente bancaria se habría transmutado así en una camarilla de poder (equivalente a un miniestado dentro del Estado), que utilizaría el nepotismo para perpetuarse en el poder con carácter vitalicio, recurriendo a los llamados “contratos blindados” para asegurarse un retiro dorado.

Así, la cartografía de la corrupción abarcaría a todas las Comunidades Autónomas estando los políticos presuntamente implicados en casos de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias protegidos en un primer estadio por el status de “aforado” y en segunda estancia por la benignidad de los magistrados del Supremo a la hora dictar sentencias condenatorias, de lo que sería paradigma el llamado “Master Casado” o el reciente esperpento jurídico en el que el TS anula su propia sentencia que obligaba a la Banca a pagar los impuestos de las Hipotecas y que hubiera supuesto para la Gran Banca una sangría estimada por Moddy´s en 4.000 millones €. Asistiríamos pues a la escenificación de una lucha enconada entre un Tribunal Supremo, devenido en garante y tabla de salvación de las élites político-financieras del establishment inmersas en el top-ten de la corrupción, el nepotismo y el tráfico de influencias y el Tribunal Constitucional convertido en la única salvaguarda de los valores primigenios de la democracias formales.