CATALUÑA

El Tribunal Supremo español ratificó acusación por rebelión contra los líderes catalanes

El Tribunal Supremo de España ratificó este miércoles los procesamientos por delitos de rebelión, desobediencia y malversación de los líderes catalanes, entre ellos el expresident, Carles Puigdemont,

El Tribunal Supremo español ratificó acusación por rebelión contra los líderes catalanes.
El Tribunal Supremo español ratificó acusación por rebelión contra los líderes catalanes.

El Tribunal Supremo español confirmó este miércoles el procesamiento por delitos de rebelión, desobediencia y malversación del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras y otros 13 investigados en la causa abierta por el proceso separatista.

Según el fallo es lo “suficientemente razonable” calificar los hechos como delito de rebelión al considerar que existió “un alzamiento” con un uso “torticero” (injusto) del poder para conseguir la independencia de Cataluña al margen de la ley.

El tribunal señala que en cuanto al delito de malversación, observan “un sistema de engaño” que ocultaba el destino de cantidades de dinero a fines relacionados con el referéndum soberanista ilegal que Cataluña celebró en octubre pasado.

Así el Supremo argumentó su decisión y rechazó la existencia de “persecución política” que denuncian los acusados.

Rebelión

El tribunal también confirma que hubo actos de violencia encaminados a la consecución de una finalidad —la realización de un referéndum sobre la independencia de Cataluña— algo que había sido prohibido de antemano por el Tribunal Constitucional.

Según el Supremo la ejecución de estos actos “fue asumida y alentada por los autores del plan”, que “planearon la movilización popular y el enfrentamiento físico con los agentes representantes del Estado como la forma de obligar a éste a claudicar y aceptar la declaración y el mismo hecho de la independencia”.

Y aclaran que aunque el término “rebelión” evoca los pronunciamientos militares, el artículo del Código Penal que lo recoge no exige “el empleo de armas”.

“Aunque la violencia debe estar necesariamente presente, cabe una rebelión sin armas”, explican.

Este procesamiento supone la inhabilitación automática de los imputados para ser diputados hasta que se dicte sentencia, ya que los procesados por rebelión quedan apartados de todo cargo público.

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