Nuevo presidente catalán nombra a encarcelados y exiliados en su gobierno

El nuevo presidente de Cataluña, Quim Torra, nombró el sábado en su administración a dos ex ministros, encarcelados por Madrid por respaldar la independencia de España,y a otros dos que huyeron al exilio.

Quim Torre (der) fue nombrado como el 131º Presidente de la Generalitat de Catalunya.
Quim Torre (der) fue nombrado como el 131º Presidente de la Generalitat de Catalunya.

El nuevo presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, designó por decreto a dos ex ministros que están encarcelados y a dos que viven en el exilio, como miembros de su recién conformado gobierno.

Esta decisión aún podría ser bloqueada por el gobierno de Mariano Rajoy, que insiste en que la administración Torra debe ser «legal y viable» después de que impuso el gobierno directo sobre la región en octubre cuando el entonces gobierno catalán de Carles Puigdemont declaró la independencia.

Gobierno «interino»

Torra nombró a 13 «asesores» para su gobierno, incluidos Jordi Turull y Josep Rull, que actualmente están detenidos en las afueras de Madrid.

Otros dos, Toni Comin y Lluis Puig, están en el exilio en Bélgica, donde huyeron con Puigdemont.

Turull y Rull aceptaron sus nominaciones por medio de posteos en sus cuentas de Twitter.

Torra fue elegido el lunes por el parlamento catalán y juramentado el jueves, en una movida que marca el final de casi siete meses de limbo político en la región noreste de España, que ha estado bajo el gobierno directo de Madrid después de un declaración de independencia fallida que tuvo lugar el 27 de octubre de 2017.

Torra, de 55 años de edad, se describió a sí mismo como un «presidente interino» mientras esperaba el regreso de Puigdemont, a quien considera el líder «legítimo».

Puigdemont, quien primero había escapado a Bélgica, fue detenido en Alemania en marzo después de que España emitió una orden de arresto europea.

La Justicia española pide que sea extraditado a España para juzgarlo por cargos de rebelión y uso indebido de fondos públicos para organizar un referéndum por la independencia en Cataluña el 1° de octubre, a pesar de que los tribunales lo declararon inconstitucional.

Un tribunal alemán el mes pasado desestimó la solicitud de extradición de Puigdemont sobre las acusaciones de rebelión y lo liberó bajo fianza.

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