Procuradora general solicitó revocar el decreto que modificó las reglas de la lucha contra el trabajo esclavo

La Procuraduría General de Brasil se sumó a las críticas que está recibiendo el Gobierno de Michel Temer por un cambio legal que dificulta las labores de los auditores que vigilan a las empresas para que no utilicen mano de obra en condiciones de esclavitud.

La Procuradora General, Raquel Dodge se reunió el miércoles con el ministro de Trabajo , Ronaldo Nogueira, para pedirle a revocar el decreto que modificó las reglas de la lucha contra el trabajo esclavo .

Pedido de revogação da portaria que altera conceito de #trabalhoescravo foi oficializado por Raquel Dodge

— MP Federal (@MPF_PGR) 18 de octubre de 2017

El Ministerio Público considera las medidas del Gobierno violan tanto la Constitución como el código penal y los compromisos asumidos por Brasil como miembro de la OIT.

«Es un retroceso a la garantía constitucional de protección a la dignidad de la persona humana», expresó la fiscal general. Las nuevas reglas anunciadas por el Gobierno el pasado lunes determina que las jornadas de trabajo extenuantes y en condiciones degradantes no serán suficientes para ser clasificadas como trabajo «análogo a la esclavitud»; para ello tendrá que haber restricción a la libertad del trabajador.

Raquel Dodge: portaria que altera conceito de #trabalhoescravo implica retrocesso na proteção da dignidade humana – //t.co/mpOf3U1lOa

— MP Federal (@MPF_PGR) 19 de octubre de 2017

El cambio de normativa también establece que será necesario presentar una denuncia ante la policía (lo que según los auditores genera más burocracia y dificulta el proceso).  A su vez hace referencia a la «lista sucia» que año a año se elabora con empresas que usan manos de obra «esclava» y determina que dejará de ser elaborada por los técnicos que vigilan las condiciones de trabajo y pasará a depender exclusivamente del ministro.

Para Dodge los cambios «hieren a la Constitución» porque adoptan un concepto de trabajo esclavo restringido a la protección de la libertad y no de la dignidad humana.

Por su parte los auditores responsables por el combate al trabajo esclavo iniciaron este miércoles una paralización por tiempo indefinido en al menos 21 de los 27 estados de Brasil.

El paro fue convocado por el Sindicato Nacional de los Auditores Fiscales del Trabajo (Sinait) de Brasil, que reúne a 2.400 fiscales que se encargan de velar porque no se den en el país condiciones de trabajo esclavo o situaciones análogas a ello.

«Es inaceptable»

El expresidente Fernando Cardoso, líder del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), aliado de Michel Temer, también se refirió a la redefinición del trabajo esclavo anunciada por el Gobierno y consideró que «es inaceptable».

«El Ministerio de Trabajo resolvió retirar por decreto gran parte de las actividades de los fiscales y limitar la definición de trabajo esclavo a la existencia de cárceles privadas en las empresas productoras. Eso es inaceptable», afirmó Cardoso en su comunicado.

Cardoso señaló que el trabajo esclavo no limita a la esclavitud por deudas ni al uso de la fuerza para mantener a un trabajador en un lugar sino que «alcanza muchas otras formas de sometimiento del ser humano, que no tienen lugar en sociedades mínimamente democráticas».

«Por eso espero que el Gobierno corrija lo más brevemente posible ese retroceso en la lucha por los derechos humanos, provocado por la inaceptable normativa que ablanda la definición de lo que es trabajo esclavo», concluyó Cardoso.

«Sólo falta revocar la ley áurea»

La exmandataria Dilma Rousseff también se pronunció y manifestó su apoyo a quienes iniciaron la huelga.

A su vez manifestó que «la Ordenanza firmada por el gobierno Temer es indigna, inhumana y avergüenza a Brasil ante el mundo civilizado».

«Para obtener votos en el Congreso que salven su piel de las acusaciones de corrupción» Michel Temer se rinde a los intereses de los empresarios y la bancada ruralista, expresó a quienes calificó como » empresarios retrasados, egoístas y responsables de prácticas de trabajo esclavo».

«La Ordenanza del estafador Michel Temer protege y esconde actos criminales, ya condenados en sentencias del Tribunal Supremo Federal, y legaliza prácticas abjetas que ya muchas décadas se tratan en Brasil como crímenes contra la dignidad del trabajador», agregó.

Para finalizar agregó que «se trata de un retroceso más, que sólo el golpe parlamentario cometido el año pasado puede sostener y que jamás sería posible bajo un gobierno legitimado por el voto».

Y concluyó cuestionándose «¿cuánto falta para que el gobierno estafador decida revocar la ley áurea para adquirir más votos en el Congreso?», en referencia a la ley que abolió la esclavitud en Brasil en 1888.