Oficialismo y oposición llevan a la OEA la disputa por la posible reelección de Evo Morales

El pasado viernes el Tribunal Constitucional Plurinacional boliviano admitió el recurso legal presentado por el oficialismo en el que solicitaban que declare la inaplicabilidad de los artículos de la Constitución Política del Estado y de la Ley Electoral que impiden la reelección indefinida de presidente, vicepresidente, gobernadores y alcaldes y asambleístas nacionales, departamentales y concejales municipales.

«La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional [TCP], en virtud a lo establecido por el artículo 76.I del Código Procesal Constitucional, resuelve: ADMITIR la acción de inconstitucional abstracta», expresó el órgano a través de un comunicado.

Para el oficialista Movimiento al Socialismo la limitación de la reelección por una sola vez consecutiva —como señala la actual Constitución boliviana—, vulnera el Pacto de San José de Costa Rica sobre derechos humanos, civiles y políticos.

Este miércoles el Gobierno boliviano compareció ante el Consejo Permanente de la OEA para explicar el recurso presentado y rechazar la injerencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en los asuntos internos de Bolivia.

Almagro se pronunció en su cuenta de Twitter al respecto y solicitó a Morales respetar la decisión popular de la consulta celebrada en 2016 sobre la reelección.

“Evo Morales deberá respetar decisión popular que dijo NO a reelección. Ningún juez puede levantar el dictamen del único soberano: el pueblo”, escribió el diplomático uruguayo.

«Encontraron en Almagro un portavoz y lazarillo»

El ministro de Justicia Héctor Arce denunció ante el organismo la intromisión de Almagro, le recordó los artículos en los que se establecen sus funciones, al tiempo que lamentó su ausencia de la sala de reuniones.

«¿La función de Almagro es dictar imposiciones?», preguntó el ministro boliviano después de considerar que no tuvo la ética ni el coraje de estar presente en la sesión.

«Bolivia lamenta la postura de Almagro e invocamos a los países miembros de la OEA a llamar la atención sobre esta injerencia pues no se deben tolerar situaciones como esta», expresó Arce.

El ministro boliviano lamentó que los grupos intervencionistas que se oponen a la continuidad del gobierno de Morales hayan encontrado en Almagro un “portavoz y lazarillo”.

“Semejante acto de intervencionismo político, acción insultante hacia la primera investidura de mi país, intento vacuo de generar influencias en el Tribunal Constitucional de Bolivia, no puede ser sino rechazado y reprochado enérgicamente por el Estado Plurinacional de Bolivia”, dijo en referencia a la declaración de Almagro.

Por su parte la presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia, Gabriela Montaño, calificó de inaceptable la postura de Almagro.

«En ningún momento La Paz solicitó la intromisión de la OEA en este asunto como lo establece la carta de la organización para justificar pronunciamientos de este tipo», expresó.

Y agregró que «se quiere hacer creer que el recurso presentado por el Movimiento al Socialismo pretende impugnar la voluntad del pueblo boliviano, y no es así. La democracia en Bolivia está florecida, pues el 50% de la cámara que represento está conformada por mujeres y por primera vez un presidente indígena gobierna el país», destacó la legisladora.

«El recurso parecería no tener sustento”

En representación de Almagro habló su jefe de gabinete, Gonzalo Koncke, quien defendió que “es derecho y obligación del secretario general el velar por la Carta de la OEA”, que recoge que “la voluntad popular debe respetarse”.

“Existe consenso respecto a que la democracia se construye en el respeto a la voluntad popular expresada de acuerdo con las normas que regulan el estado de derecho, y es en este contexto que el secretario general realizó esta comunicación pública”, afirmó.

Mientras que sobre el derecho de todos los bolivianos a ser elegidos sin exclusión ni limitación, por considerarse un derecho humano internacionalmente protegido, que es el argumento del oficialismo boliviano, expresó: “esta interpretación, cuando va contra una decisión libre del soberano, de acuerdo a normas previamente acordadas, parecería no tener sustento”.

Hoy serán dos legisladores de la oposición los que viajen a la capital estadounidense, pero para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a presentar una consulta sobre el intento de reelección del presidente Evo Morales. Óscar Ortiz, uno de los parlamentarios dijo el martes en conferencia de prensa que la denuncia se hará “en representación de esos millones de ciudadanos bolivianos” que votaron en el referéndum 2016, donde se impuso el No a la reelección del actual mandatario.