El principal delator de Temer fue enviado a prisión; el mandatario intentará anular las pruebas presentadas por Batista

El empresario brasileño Joesley Batista, testigo clave en la investigación de la trama de corrupción ‘Lava Jato’, ha sido detenido este domingo tras una orden de arresto emitida por el juez del Tribunal Supremo Federal Edson Fachin.

La orden de Fachin era contra Batista, propietario de la multinacional cárnica JBS y contra el director de la empresa, Ricardo Saud, por considerar que actuaron de “mala fe” al esconder informaciones a la Justicia. Ambos se entregaron a la Policía Federal este domingo.

Los empresarios son reos confesos beneficiados con la ley de la “Delación Premiada” tras haber brindado datos y pruebas sobre una red de corrupción política que envolvió a Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y unos 1.800 políticos de todo el espectro político.

Batista fue quien grabó a Temer durante un encuentro a solas y fuera de agenda en la residencia oficial, el Palacio de Jaburú en marzo pasado. En mayo el empresario entregó el audio a la justicia como parte de su delación premiada. En esa conversación se oye a Michel Temer avalar mantener un soborno a Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de Diputados preso por corrupción, para que éste no hable desde la cárcel.

El empresario fue eximido de prisión tras aportar pruebas y mostrare arrepentido y su causa quedó sin efecto como lo establece la ley de la “Delación Premiada” promulgada en 2013. El dueño de un frigorifico más importante de Brasil acusó a Temer de ser “el ladrón general de la República” y de haber recibido sobornos desde 2010 y hasta después de asumir la presidencia.

Ahora la situación de Batista cambió debido a que el juez Fachin entendió que el empresario ocultó informaciones valiosas incumpliendo el pacto con la Justicia y determinó que se suspendan provisoriamente los beneficios de la “Delación Premiada”. La semana pasada la defensa de los empresarios envió accidentalmente la grabación de una conversación entre ambos a la PGR. En ella, “hay indicios suficientes de que los colaboradores omitieron información” sobre la participación de Marcelo Miller, ex fiscal del Ministerio Público, en el proceso de la firma del acuerdo, según Fachin.

Este lunes la Policía Federal allana la casa tanto de Batista como de Saud en busca de grabaciones u otras pruebas referidas a la operación Lava Jato. También se allanará la casa de Marcelo Miller, el ex fiscal del Ministerio Público sobre quien pesa la sospecha de conflicto de intereses, Miller fue quien realizó los primeros contactos para que los ejecutivos de JBS firmaran el acuerdo de cooperación con la Justicia y poco tiempo después pasó a desempañarse como abogado de defensa del grupo empresarial en el marco de las investigaciones.

Temer intentará salvarse

El cambio de la situación de los empresarios de la JBS, que fueron quienes declararon contra Michel Temer, puede ser la carta de salvación para el mandatario. Según la prensa local los abogados del presidente ya anunciaron que demandarán la anulación de las pruebas presentada por el empresario preso con lo cual sería enterrado todo el proceso.

Según publica Baracil 247 el ministro de Justicia, Torquato Jardim, confirmó que cambiaría el alto mando de la Policía Federal y que intentaría anular las pruebas aportadas por los delatores Batista y Saud, cuya aceptación -dijo- tendrían consecuencias graves para la credibilidad del proceso.

Por su parte, el criminalista Vera Chemin declaró que si bien sería probable anular «una u otra prueba», serán necesarios indicios muy consistentes para dejar sin efecto todo el contenido de los audios aportados por Batista sobre la comprometedora conversación con Temer grabada en marzo pasado en el Palacio de Jaburu.

Mientras tanto Brasil aguarda por una nueva denuncia del fiscal general Rodrigo Janot contra Temer. En su última semana de mandato el titular de la Fiscalía de Brasil podría presentar una denuncia por obstucción a la justicia y organización criminal contra Michel Temer que seguiría los mismos pasos que la ya presentada por corrupción pasiva y deberá ser analizada por una comisión de la Cámara de Diputados y finalmente votada en el pleno de esa Cámara para determinar si se autoriza a la Corte Suprema a iniciar un juicio contra el mandatario.