Cada 15 horas un periodista es agredido en México

El último informe de Artículo 19, organización que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión e información, alerta que en México se agrede a un periodista cada 15.7 horas.

De enero a junio de 2017 “se registraron 1.5 agresiones diarias y se documentaron un total de 276, incluyendo seis periodistas asesinados y uno más desaparecido. Estas cifras representan un incremento del 23% respecto a las registradas durante el primer semestre del 2016”, señala el texto.

El informe agrega que la violencia contra la prensa se agudiza en diversas regiones del país y se intensifica en periodos electorales.

A su vez alerta que 140 agresiones de 276 fueron cometidas por funcionarios públicos, lo que es «un reflejo de la impunidad y de la falta de autonomía en la procuración de justicia que, finalmente, se convierte en un aliciente para seguir violentando a la prensa”.

Según el informe las agresiones más constantes de enero a junio de 2017 son actos de intimidación (67), amenazas (60) y ataques físicos o materiales (56).

Artículo 19 alera sobre la impunidad respecto a las agresiones a la prensa y recuerda que Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez, Javier Valdez y Jonathan Rodríguez, todos trabajadores de la prensa, fueron asesinados con armas de fuego y a plena luz del día.

“La impunidad es evidente, se puede matar a un periodista sin ser identificado ni enfrentar un proceso de justicia”, alerta el documento.

Informe Artículo 19 agresiones a la prensa en México – Primer Semestre 2017 by LARED21 on Scribd

A los seis asesinatos registrados en el primer semestre la organización suma los asesinatos de Edwin Rivera, periodista migrante, ocurrido el 9 de julio en Acayucan, Veracruz, y el de Luciano Rivera ocurrido el 31 de julio en Playas de Rosarito, Baja California. En total se han documentado 8 asesinatos en lo que va del año.

El informe también recoge el caso de Salvador Adame, director de Canal 6Tv, que es considerado por la organización como desaparecido, después de que un grupo de hombres armados y encapuchados se lo llevara el 18 de mayo de 2017, del municipio de Múgica, Michoacán, a pesar de que la Procuraduría de Justicia de Michoacán informó el pasado 26 de junio la aparición de los restos humanos de Adame en estado de calcinación, en un sitio conocido como Barranca del Diablo.

La organización no reconoce esa versión y a través del informe explica que “las autoridades informaron a la familia del hallazgo de los supuestos restos del periodista, tan sólo una hora antes de que el procurador del estado de Michoacán realizara una rueda de prensa sobre los hechos. Como resultado de lo anterior, la familia ha insistido en la necesidad de realizar un peritaje independiente frente a la desconfianza en los procedimientos y el trato recibido por parte de la Procuraduría local”.

“A pesar de la versión de las autoridades –la cual ha sido retomada por muchos medios de comunicación, pero no ha sido verificada–, Salvador Adame continúa en calidad de persona desaparecida, al no contar con elementos que doten de certeza a sus familiares”, agrega el texto que señala que la familia del periodista se ha enfrentado a situaciones de revictimización durante la investigación, particularmente la renuencia de las autoridades ministeriales de priorizar el trabajo de Adame como principal línea de investigación, para aclarar el crimen.

El informe también destaca el aumento de las agresiones contra medios digitales y resalta la investigación #GobiernoEspía que informó sobre el espionaje contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México por parte de malware sofisticado y únicamente comercializado a Gobiernos.

Frente a todos esos casos la organización “exige a las autoridades federales y locales que pongan en marcha una estrategia que apunte a la construcción de una política pública integral para garantizar la libertad de expresión, mediante la cual se coordine las medidas de protección a periodistas con la investigación de los casos de violencia. Las acciones llevadas a cabo deben mostrar resultados, tomando como base que el pleno goce de los derechos a la verdad, a la justicia y la reparación integral. En este sentido, los casos de violencia contra la prensa deben abordarse tomando como línea prioritaria la de su labor informativa”.