Docentes rechazan nuevo “protocolo contra la yihad” para controlar estudiantes que podrían ser potenciales terroristas
La Generalitat de Cataluña, ha reconocido que en el nuevo protocolo que prepara para que las autoridades aumenten los controles de eventuales brotes terroristas de la yihad, ha incluido a los profesores para que denuncien conductas sospechosas de sus alumnos. Los docentes rechazan de plano asumir tales funciones.
La Generalitat catalana, y los Mossos d’Esquadra aspiran, incluir entre las funciones de los docentes, que vigilen el posible auge del yihadismo en las aulas, estando atentos a posibles cambios de actitud en sus alumnos, según un informe publicado por el diario El Mundo, de España. El reglamento exige que los profesores atiendan todo tipo de actitudes sospechosas en los estudiantes, como que van del injustificado ausentismo, a expresiones religiosas exacerbadas, e incluso inasistencia a clases como Gimnasia o a Música por motivos religiosos.
Los docentes están en desacuerdo unánime
Todos los cuerpos docentes catalanes se han mostrado hasta el momento en desacuerdo total con la iniciativa que no solamente «excede» sus funciones, sino que podría provocar «complicaciones», que los estudiantes dejen de ir a clase por miedo a ser vigilados o «tomen represalias» contra sus maestros y profesores.
Para Manuel Pulido, secretario de Enseñanza catalán, el asunto debería ser en principio tratado directamente entre docentes y Generalitat, “porque es un tema complejo y puede haber muchos problemas. Tendríamos que mirar el nivel de protección de los trabajadores educativos, por si se pueden tomar represalias con el profesorado: en un escenario en el que a los docentes cada vez se les recorta más, incrementar las misiones de la escuela es muy complicado».
Desde el colectivo docente el dirigente Nicolás Fernández, agrega que “no queremos una escuela policial ni que haya una caza de brujas. La escuela es el lugar del aprendizaje, de la convivencia, de la educación en valores y, desde luego, todo tiene que hacerse desde una educación inclusiva (…) En casos de delitos o supuestos delitos o si se transgreden las normas, naturalmente que la comunidad educativa puede actuar, pero ejercer actividades policiales desde dentro de las aulas no sólo es peligroso sino inconveniente, porque los alumnos pueden abandonar la escuela si ven que ésta no cumple su papel inclusivo”, afirma en declaraciones que publica El Mundo.
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