La pobreza rural necesita protección social, según la ONU

El éxito de la agenda de desarrollo posterior a 2015 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dependerá de que nadie quede excluido de la lucha para erradicar el hambre y la pobreza para el año 2030, y especialmente la población rural pobre.

Más de 70 por ciento de la población pobre vive en zonas rurales y en comunidades indígenas que están profundamente arraigadas a su medio, como los campesinos y los pastores de subsistencia, las comunidades pesqueras, los trabajadores migrantes y los artesanos.

Sin embargo, la ONU señala que el empoderamiento de la población rural – sobre todo en África subsahariana, América Latina y el Caribe y Asia – “es un primer paso esencial para la erradicación de la pobreza”.

En el mundo actual, según el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, demasiadas personas siguen padeciendo la exclusión, muy pocas economías alcanzaron un crecimiento inclusivo y sostenible, y la gente se frustra porque sigue “quedándose atrás” aunque “trabaje más duro”.

Las economías deben estar al servicio de la gente, mediante políticas sociales integradas eficaces, especialmente en un mundo donde la desigualdad sigue siendo excesiva y donde muy pocas economías lograron el crecimiento sostenible.

Tal vez una de las armas más exitosas en la lucha contra la pobreza rural y la desigualdad económica sea la protección social, como se muestra en varios países en desarrollo, como Botswana, India, Kenia y Namibia.

Entre las medidas de protección social se incluyen la atención médica financiada por el Estado, la educación primaria y secundaria gratuita, las transferencias de dinero, los subsidios económicos, la seguridad social, las pensiones de vejez y las medidas de acción afirmativa para eliminar la discriminación contra las mujeres, los indígenas y los discapacitados.

Para Sergei Zelenev, director ejecutivo del Consejo Internacional sobre Bienestar Social, de Uganda, estas medidas son una inversión y no un costo, y el acceso a las mismas, incluida la seguridad básica del ingreso, debe garantizarse a toda persona que lo necesite, dadas las prioridades y límites nacionales.

La agenda de desarrollo post 2015 de la ONU brinda una oportunidad sin precedentes para que la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial sumen fuerzas para hacer que la protección social sea una realidad para todos en todas partes, destacó en una reunión de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, celebrada a principios de este mes.

Los Estados podrían considerar la elaboración de un proyecto de resolución del Consejo Económico y Social sobre mínimos nacionales de protección social como un paso hacia la protección universal, sugirió.

Kunal Sen, profesor de Economía del Desarrollo de la británica Universidad de Manchester, argumentó en una reciente mesa de discusión en la ONU que las capacidades administrativas débiles y la falta de compromiso político son algunas de las razones que explican la escasa aplicación de las políticas sociales y económicas.

En materia de protección social, las políticas actuales son una parte integral de los programas de lucha contra la pobreza en África, América Latina y Asia, agregó.

Sen indicó que sus investigaciones en Etiopía, Kenia, Ruanda, Uganda y Zambia confirman que el compromiso político y el intercambio de mejores prácticas, así como la financiación, son las claves para el éxito.

Las personas que viven en la pobreza extrema superan los 1.200 millones del total mundial de más de 7.200 millones de habitantes.

Los expertos proyectan que India, con una población de 1.300 millones de personas y una tasa de crecimiento demográfico de 1,3 por ciento anual, será el país más poblado del mundo en 2035. En la actualidad hay más de 400 millones de personas que viven en la pobreza en ese país, sobre todo en comunidades rurales.

El desarrollo será sostenible solo cuando todos los sectores de la sociedad realicen su potencial y contribuyan al máximo, subrayó Mayank Joshi, de India.

Actualmente, el país asiático aplica el mayor programa de transferencia de dinero del mundo, con 5.000 millones de dólares para impulsar los esfuerzos nacionales por el crecimiento económico inclusivo.

Berzack Maphakwane, de Botswana expresó que los esfuerzos nacionales de su país en varias áreas, entre ellas el buen gobierno, la participación ciudadana y el combate a la pobreza, incluyen un sistema de protección social integral, centrado en las personas, con transferencias de dinero para proteger y potenciar a los grupos vulnerables, además de un programa de capacitación de la juventud.

El gobierno de Botswana aplicó subsidios que fomentan la producción de alimentos y la acumulación de activos entre las personas con pocos recursos para ayudar a lograr la seguridad alimentaria de los hogares y permitirles salir de la pobreza, dijo.

La embajadora de Kenia, Koki Muli Grignon, declaró que pese a los notables avances de los últimos años, resulta alarmante que 80 por ciento de la pobreza del planeta se concentre en África subsahariana y Asia meridional.

Como señaló el informe del secretario general, África sigue con problemas de altos niveles de pobreza, desigualdad y desempleo generalizado, especialmente entre los jóvenes, las mujeres y otros grupos desfavorecidos.

Con un enfoque centrado en la gente, el gobierno de Kenia emprendió diversas medidas para garantizar que todas las personas disfruten de igualdad de oportunidades.

Para garantizar la inclusión social, Kenia decidió que 30 por ciento de todas las licitaciones de obras, bienes y servicios se destinen a jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, con el fin de potenciar su capacidad empresarial para crear riqueza e impulsar el desarrollo.

Además, asignó 700 millones de dólares para atender las necesidades de los jóvenes y ofrecerles capital para abrir empresas.

El comisario de Equidad en el Empleo de Namibia, Vilbard Usiku, declaró que para complementar los esfuerzos nacionales es fundamental una arquitectura económica y financiera de apoyo que sea justa, así como una alianza mundial para el desarrollo sostenible.

En el contexto de su historia del apartheid, que dejó un legado de grave desigualdad en el ingreso, Namibia aprobó una ley de acción afirmativa destinada a garantizar que grupos designados, incluidas las mujeres, personas que anteriormente eran desfavorecidas por su origen étnico y con discapacidad, recibieran un trato preferencial en las decisiones de empleo.

La erradicación de la pobreza es una de las prioridades nacionales, dijo, y añadió que la educación de calidad, la formación y la inversión en “capital humano” ponen a las personas en el centro del desarrollo sostenible. (Traducido por Álvaro Queiruga).