Derechos adquiridos: Más de 100.000 mujeres accedieron al aborto en 10 años en Uruguay
La Ley 18.987 busca garantizar el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo dentro de un marco legal seguro, promoviendo un enfoque de salud integral y respetando los derechos reproductivos.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay ha presentado un informe revelador sobre el aumento de abortos en el país en 2023. Según el “Informe IVE 2023,” el número total de interrupciones del embarazo ascendió a 10.898, la cifra más alta desde la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2012.
Las estadísticas del informe muestran que, aunque hubo un descenso en los años 2019 y 2020, los números han vuelto a aumentar desde entonces. La mayoría de los procedimientos se realizaron en mujeres de 20 a 24 años, reafirmando las tendencias observadas en años anteriores.
Datos detallados y procedimientos
El informe no solo aborda el número bruto de procedimientos, sino que también detalla las consultas relacionadas con la IVE. En 2023, hubo 12.348 consultas en total, de las cuales 630 resultaron en la continuación del embarazo. Este porcentaje se ha mantenido estable, cercano al 6%.
En el desglose por edades, el informe registró 71 consultas de menores de 15 años y 546 de jóvenes entre 15 y 17 años. A pesar de la amplia gama de edades, las mujeres de 20 a 24 años representaron el grupo más numeroso con 3.414 consultas, reflejando una tendencia continua en esta franja de edad.
La Ley 18.987 y sus puntos más importantes
La Ley 18.987, promulgada en Uruguay en octubre de 2012, regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y representa un cambio significativo en la política de salud reproductiva del país. A continuación, se presentan los puntos más importantes de esta legislación:
- Plazos para la Interrupción: La ley permite el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación. Excepcionalmente, el plazo se extiende hasta las 14 semanas en casos de violación, o sin límite de tiempo cuando hay riesgo para la salud de la mujer o malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina.
- Proceso Multidisciplinario: La ley establece que las mujeres que deseen interrumpir su embarazo deben tener una consulta inicial con un médico, que deriva el caso a un equipo compuesto por un ginecólogo, un psiquiatra o psicólogo, y un trabajador social. Este equipo tiene el rol de informar sobre los riesgos, las alternativas y las ayudas disponibles.
- Período de Reflexión: Tras la consulta con el equipo multidisciplinario, la mujer debe cumplir un período de reflexión de al menos cinco días, después del cual puede reiterar su decisión de interrumpir el embarazo.
- Consentimiento Informado: Una vez finalizado el período de reflexión, si la mujer ratifica su decisión, debe firmar un consentimiento informado antes de proceder con la IVE.
- Acceso para Residentes Extranjeros: La legislación permite el acceso al procedimiento a todas las mujeres que tengan al menos un año de residencia en el país, ampliando así el alcance de la ley a más personas.
- Confidencialidad y Seguridad: La ley garantiza que el procedimiento se realice en condiciones de seguridad y confidencialidad, asegurando que la práctica sea llevada a cabo en un ambiente hospitalario adecuado y seguro.
Distribución del aborto entre sectores públicos y privados
Los datos también destacan la distribución de los procedimientos entre el sistema de salud pública y el sector privado. En las instituciones privadas, se realizaron 5.720 abortos, mientras que en el sistema público se registraron 5.178 procedimientos. En el sistema público, el grupo de 20 a 24 años fue nuevamente el más representado, mientras que en el sector privado, predominó la franja de 25 a 29 años.
El informe añade que del total de procedimientos, la mayoría, 10.890, fueron realizados por “propia voluntad”, seguidos de cuatro casos por “violación”, dos por “riesgo de salud de la mujer” y otros dos por “anomalías fetales incompatibles con la vida”.
Perspectiva legal y proceso de IVE
Desde la promulgación de la Ley 18.987, que permite el aborto hasta las 12 semanas de gestación o 14 en casos específicos, más de 106.000 procedimientos se han llevado a cabo en una década. La ley sigue siendo objeto de discusiones, generando tanto críticas como apoyos en la sociedad uruguaya.
El proceso legal para la interrupción del embarazo comienza con una consulta médica inicial, seguida de visitas a un equipo multidisciplinario. En la segunda consulta, la mujer recibe asesoramiento integral y se le ofrecen alternativas y apoyo psicosocial. En todo momento, se respeta el derecho de la mujer a tomar una decisión informada.
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