El feminicidio de Fátima sigue impune

Desde la década de los 90 México ha sido reconocido como el país emblema de los feminicidios. Esta consideración la ganó por los numerosos, brutales y sexualizados asesinatos de niñas y mujeres en Ciudad Juárez, los cuales se han expandido por todo México, colocándolo como el país de América Latina con más crímenes de esta naturaleza. De acuerdo a las cifras oficiales publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el Informe “Información sobre violencia contra las mujeres (incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1”, entre enero del año 2015 y agosto del año 2019 se han registrado 11080 mujeres víctimas de homicidio doloso, de las cuales solo 3277 han sido contabilizadas como feminicidio. 

Este delito se incrementa año tras año, según estas estadísticas en el año 2015 se registraron 411 feminicidios, en 2016 ocurrieron 602, en 2017 se contabilizaron 742, en el año 2018 la cifra ascendió a 884, y en lo que va de 2019 se contabilizan 638 casos. Esto no es de extrañar, el Estado mexicano permanece indiferente ante los feminicidios, las políticas de prevención de este tipo de crímenes son casi inexistentes, y ante su fatal ocurrencia, la más de las veces los feminicidas son beneficiados por el sistema penal. Esto supone un proceso de revictimización para las víctimas, para sus familias, así como, la puesta en riesgo de niñas y mujeres quienes se convierten en nuevas y potenciales víctimas de feminicidio a mano de criminales puestos en libertad por un sistema penal patriarcal. 

El más claro ejemplo de ello es el caso de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, la niña de 12 años que fue violada, torturada y brutalmente asesinada por tres hombres cuando regresaba del colegio El 05 de febrero del año 2015. A Fátima la violaron, le cortaron la cara, le sacaron un ojo, le partieron todos sus dientes, presentaba lesiones en las muñecas y los tobillos, tenía cortaduras en las entrepiernas, le dislocaron un hombro, le abrieron el pecho aproximadamente 30 centímetros, fue brutalmente apuñalada más de 90 veces, degollada, y finalmente le arrojaron sobre su cabeza tres piedras, una de 35 kilos y dos de 32 kilos; sin embargo, su feminicidio continua impune. 

Pese a la brutalidad del crimen y los horrores impronunciables que vivió la niña Fátima a manos de 3 misóginos que se creyeron con derecho de acabar con su vida, estos han sido beneficiados por el sistema penal. Solo uno de sus agresores, Luis Ángel A.R. fue sentenciado a 73 años y 8 meses de cárcel, Misael A.R. fue sentenciado a 5 años de prisión por ser menor de edad cuando ocurrieron los hechos (de los cuales solo cumplirá 3 años porque fue capturado cuando ya tenía 20 años), y José Juan H.T. quien inicialmente fue absuelto por las autoridades cuando la defensa presentó unos videos que aparentemente lo mostraban en otro lugar el día y hora del grotesco crimen.

4 años más tarde (el pasado 7 de junio de 2019) qun Juez de Control del Municipio de Lerma ha decidido excluir los videos que habían servido de coartada a José Juan H.T. pues, el material audiovisual presentado como prueba es una copia, con deficiencias para observar claramente que se trata del inculpado. No obstante, recientemente en un nuevo intento por evadir la justicia, la defensa del acusado interpuso un amparo que está en revisión y que ha retrasado la posibilidad de dictar una nueva sentencia condenatoria por la responsabilidad del sujeto en el feminicidio.

Ante ello es necesario continuar visibilizando y denunciando el brutal feminicidio de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, las irregularidades que han existido en las diferentes etapas del caso, las amenazas, agresiones y persecuciones a las que ha sido sometida la familia de la víctima por la búsqueda de justicia; la complicidad y negligencia del sistema penal, así como, la responsabilidad del Estado en la ocurrencia del feminicidio de Fátima y su responsabilidad en la ocurrencia de otros posibles feminicidios al dejar en libertad a sus agresores.