Laura Iglesias y el femicidio de Estado

Argentina forma parte del grupo de países con los índices de femicidio más altos en América Latina. Según los informes del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, en el año 2014 se registraron 225 femicidios, en 2015 ocurrieron 235, en 2016 la cifra ascendió a 254 femicidios, en 2017 se contabilizaron 251 y durante 2018 la cifra alcanzó los 255 femicidios. Es decir, en los últimos 5 años han sido asesinadas por sexismo y misoginia un total de 1220 mujeres; cifra que no deja de incrementarse pues, según el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que si nos ven”, entre enero y agosto del año 2019  han ocurrido 223 femicidios. 

De acuerdo a las estadísticas oficiales disponibles, el 50% de las víctimas de femicidio en Argentina registrados en los últimos años tenían entre 18 y 44 años, el 58% de los crímenes fueron cometidos por la pareja o ex pareja y, el 69% fueron perpetrados en la vivienda de la víctima. Ahora, si bien es cierto que este es el perfil de la mayoría de los femicidios, también es importante visibilizar otras modalidades de femicidio que escapan de aquellos más comunes en Argentina y en la región; entre estos es posible considerar los femicidios de carácter sexual en los que la víctima no mantenía ningún tipo de relación con su agresor, perpetrados en espacios públicos, cometidos en el contexto de la precarización laboral y en los cuales existió responsabilidad del Estado.

En esta tipología es posible inscribir el femicidio de Laura Iglesias, una mujer de 53 años, trabajadora social que cumplía funciones dentro del Patronato de Liberados Bonaerenses (dependencia que pertenece al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y que se encarga de la asistencia, seguimiento y reinserción social de personas con conflictos con la ley), quien fue violada y asesinada en la ciudad de Miramar el 29 de mayo del año 2013. 

Laura fue asesinada en el contexto de la precarización laboral pues, trabajaba en un escenario de riesgo, sin protección y acompañamiento. Tras salir de un curso del patronato y visitar a un tutelado Laura fue golpeada, violada y asfixiada hasta la muerte con el cordón de su zapatilla izquierda. Según relata su hermano Manuel Iglesias, el crimen encuentra similitudes con el emblemático y mediático femicidio de Natalia Melmann (también asesinada en Miramar en el año 2001) y el de Mara Mateu (asesinada en Santa Teresita en 2008); casos en los que se reconoció implicación y vinculación policial respectivamente, sin embargo, la conexión de estos crímenes con el de Laura  fue descartada por las autoridades. 

Aunado a ello, la investigación del femicidio de Laura Iglesias estuvo plagada de irregularidades, se ha denunciado la premura con la que la Fiscalía quiso cerrar el caso, la desestimación de pruebas por “súper abundancia de pruebas”, el rechazo y no convocatoria de testigos, la manipulación de la escena del crimen, y la condena a cadena perpetua de Esteban Cuello (un tutelado del Patronato con antecedentes por violación), descartando la búsqueda de posibles coautores o encubridores. 

Tras 6 años del femicidio los compañeros, compañeras y familiares de Laura mantienen el reclamo de “Verdad y Justicia”, consideran que Esteban Cuello no actuó solo y que hay más implicados en el crimen, entre ellos, miembros de los cuerpos de seguridad. Además, se cree que su asesinato fue una represalia ante los reclamos gremiales a los que se unió Laura, así como, a las denuncias recibidas por las trabajadoras sociales de que algunos tutelados estaban siendo presionados por la policía para que volvieran a delinquir.

No obstante, no podemos perder de vista que a Laura la mataron particulares y la mato el Estado. Por un lado la mato el machismo, el desprecio a las mujeres, la idea de que son objetos cuyos cuerpos pueden ser usadas y descartados por los hombres; pero también la mato el Estado como consecuencia de la precarización laboral y la exposición a la que estuvo sometida, la mato el Estado ante la ausencia de políticas públicas efectivas y eficientes para la garantía de derechos de las mujeres y la prevención del femicidio, y la mato nuevamente el Estado cuando no investigó lo suficiente, cuando encarcelaron a un solo responsable y, cuando insisten en cerrar el caso pese a la existencia de inconsistencias e indicios que podrían llevar hasta los cómplices o coautores del crimen.