Chile, a un paso de despenalizar el aborto en tres causales

En una votación histórica de dos días, el Senado de Chile aprobó hoy despenalización del aborto en tres causales.

Luego de dos años y medio de tramitación, el proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en caso de riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación pasó la prueba en el Senado y ahora deberá ser ratificado en la Cámara de Diputados, donde se cree que también será aprobado para pasar a convertirse en Ley.

Actualmente Chile es uno de los nueve países que persiguen las interrupciones del embarazo en todas las circunstancias junto con Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Haití, Malta, Surinam, Honduras y Ciudad del Vaticano.

El aborto en todas sus formas está penalizado en Chile desde seis meses antes de que terminara la dictadura de Augusto Pinochet, en septiembre de 1989, cuando el régimen dictaminó que “no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”. La ley lo prohíbe y también lo persigue.

Anualmente se calcula que se realizan cerca de 70.000 abortos en Chile pese a su ilegalidad, y se hacen de manera clandestina. Un Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP) de 2013 señala que “Las maniobras utilizadas son variadas y, en consecuencia, los precios y riesgos para la vida y la salud de quienes se someten a ellas también son diversos”.

El texto detalla que los procedimientos pueden costar unos 7.000 dólares o adquirirse por internet el medicamento misopostrol por 100 dólares las dosis de cuatro pastillas.

El mismo informe relata casos de abusos que las mujeres debieron soportar por tratarse de una práctica clandestina. El texto cuenta el caso de una mujer cuyo aborto fue sin anestesia y, debido al dolor, se desmayó tres veces. El médico le dijo que si se desvanecía nuevamente, no le iba a realizar la intervención. Algunos piden el pago en efectivo y un segundo cobro: sexo oral.

Ahora en caso de aprobarse la normativa se despenalizará solo un pequeño porcentaje del total de abortos que se realizan en el país trasandino, pero es un avance para las mujeres chilenas que son perseguidas por interrumpir un embarazo a pesar de que éste haya sido fruto de una violación, etc.

Apoyo y rechazo

El proceso de despenalización del aborto cuenta con la oposición de la Iglesia católica y a grupos conservadores tanto de la derecha como del centroizquierda. Mientras que el proyecto es apoyado por un 70% de la sociedad civil y las organizaciones feministas.

Tras la aprobación del proyecto en el Senado, el partido derechista Chile Vamos del ex mandatario Sebastián Piñera anunció que presentará dos requerimientos al Tribunal Constitucional para impugnar la normativa.

Según detalla la prensa local los conservadores señalan la inconstitucionalidad de las tres causales. «La base de este requerimiento radica en solicitar la declaración de inconstitucionalidad del artículo 1° N° 1 del proyecto de ley, en cuanto admite tres causales de aborto directo o provocado -denominado interrupción voluntaria del embarazo- que pugnan con el deber que la Constitución ha impuesto (…) en orden a proteger siempre la vida del que está por nacer», indica el texto.

El texto argumenta que «al suprimir el tipo penal y la prohibición sanitaria del aborto, tal como hace este proyecto en las referidas tres causales: en cada una de ellas se permiten y se mandan los actos que deliberada y directamente impiden al que está por nacer seguir vivo, porque permiten y mandan terminar con su vida. La contradicción es grosera y salta a la vista, pero es real».

Por su parte la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe consideró que «lo que está aprobando el Congreso es relativizar el derecho a la vida, es decir qué tipo de seres humanos tienen derecho a vivir».

De tods maneras la ministra de La Mujer, Claudia Pascual, anticipó que el Poder Ejecutivo va a defender el proyecto que lleva mucho tiempo tratando de aprobar, y que fue una de las principales promesas de Michelle Bachelt que no ha podido cumplir, y consideró que el proyecto remite convicciones distintas y personales y siempre ha habido libertad de opinión, pero adelantó «como Ejecutivo nos hemos preparado para ese escenario y lo vamos a defender en el Tribunal Constitucional».